El consejero de la Presidencia en funciones, Ángel Ibáñez, valoró este miércoles la «importantísima» ola de solidaridad que se mueve en Castilla y León con la crisis humanitaria de Ucrania, a raíz de la invasión de Rusia, aunque abogó por «toda» esa ayuda se pueda «canalizar» a través de las ONGs que, de momento institucional, trabajan en el territorio y tienen experiencia en el reparto de alimentos, enseres, ropa, artículos de higiene y medicinas. «Queremos que todos esos recursos acaben llegando a la población ucraniana. Si no se institucionalizan las actuaciones, se corre el riesgo de que no llegue de modo efectivo a su destino», aseveró.
Ical.- En un receso de la Comisión Interconsejerías para coordinar las acciones de la Junta ante la situación de Ucrania, Ibáñez señaló que la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (Aecid) instó a la Junta a hacer un llamamiento a la ciudadanía para organizar y coordinar los esfuerzos que se hacen en la Comunidad para que todo el «cauce» de solidaridad de los castellanos y leoneses llegue al país de Europa del Este.
El consejero en funciones reconoció, según recogió la Agencia Ical, que, en la actualidad, hay dificultades «serias» en Ucrania para la logística y la distribución de todo tipo de material. «Lo importante es que toda esa gran ayuda tenga capacidad de llegar por que, si no, al final, será un esfuerzo infructuoso», reiteró.
Un mensaje que va dirigido, sobre todo, a los miembros de la comunidad ucraniana en Castilla y León, que suma 1.400 personas, que están recogiendo todo tipo de material con destino a su país de origen. «Algunos han anunciado que tienen contacto con mecanismos de transporte para distribuirlo allí. Lo que se nos traslada es que, una vez al llegar a la frontera, tendrá muy difícil disponer de lugares de almacenaje y posibilidad de distribución», añadió.
De ahí que lanzara el mensaje de que, de cara a futuras iniciativas de recogida de ayuda humanitaria, traten de encauzarse a través de las organizaciones más institucionalizadas. «Hemos pedido al Gobierno de España que determinen cómo canalizar y coordinar la recogida de los enseres para que haya un reparto adecuado en Ucrania», concluyó. Además, recordó que la propia Aecid trabaja en realizar un envío «muy importante» de material, valorado en más de un millón de euros.
Refugiados
Por otra parte, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en funciones, Isabel Blanco, pidió que los ucranianos refugiados que lleguen a Castilla y León lo hagan por los «cauces oficiales» para así tenerlos localizados y, sobre todo, poder prestarles la «mejor ayuda posible». Pese a reconocer que todo lo relacionado con los refugiados es una competencia estatal, abogó por que las personas que huyen del conflicto que padece Ucrania, tras la entrada de las tropas rusas, sean, primero, identificados para gestionar los papeles necesarios como el estatus de refugiado y el permiso de residencia para poder acceder, en condiciones normales, a los servicios de sanidad y educación para la escolarización de sus hijos.
En un receso de la Comisión Interconsejerías para coordinar las acciones de la Junta ante la situación de Ucrania, Blanco mostró hoy su preocupación con los menores ucranianos no acompañados de 16 y 17 años que lleguen a Castilla y León ya que son considerados, en algunos ámbitos, como mayores de edad, aunque en España no lo sean. «Si viene un número elevado de menores no acompañados pueden ser, sobre todo, chicos más mayores por ese condicionante ya que al no ser allí menores de edad se les pida que se incorporen a luchar contra las tropas rusas», añadió.
Además, se refirió a las dos situaciones diferentes que provoca la crisis humanitaria de Ucrania en materia de refugiados. Por un lado, los adultos y familias que vengan a España y Castilla y León, ya sea a través de cauces oficiales o bien gracias a la comunidad ucraniana asentada en el país, que deberán gestionar el estatus de refugiado y los papeles de permiso de residencia, además de los recursos necesarios de sanidad (tarjeta sanitaria y vacunas) y educación. Por otro, está un grupo «más delicado» como son los menores extranjeros no acompañados que lleguen solos, lo que obliga a iniciar expedientes para localizar sus datos y su familia, además de entrar en el sistema de protección de los Servicios Sociales.
Preguntada por una estimación del número de ucranianos no acompañados, la consejera respondió que la Junta desconoce ese extremo. «No tenemos ese dato ahora mismo pero estamos a disposición del Gobierno respecto a este tema», precisó.
En cuanto a la capacidad de las plazas de acogida, Isabel Blanco aseguró, según recogió la Agencia Ical, que será la que demande el Gobierno de la Nación. En este sentido, se activarán tanto los recursos de las propias entidades que habitualmente trabajan con los menores refugiados como Cruz Roja, Accem y Cepaim o bien a través de los propios centros de la administración autonómica. «Fuimos de las primeras comunidades en ofertar plazas para los menores extranjeros no acompañados que vinieron de Ceuta y Canarias, que ya están totalmente integrados y dentro del sistema de protección de la Junta, lo que implica que alguien les toca tutelar legalmente», recordó.
11 menores del Tiemblo
En el caso de los once menores ucranianos que están acompañados por tres adultos en un albergue del Tiemblo (Ávila), Isabel Blanco señaló que la Junta ha iniciado con los trámites administrativos como los expedientes de información y el traslado de la situación de los jóvenes a la Fiscalía. «Lo primero que hay que determinar es si estos adultos se hacen cargo de los menores o si tienen que entrar los Servicios Sociales a tutelarles», subrayó.
La consejera explicó que estos menores llegaron a España en dos grupos, una monitora con seis jóvenes a su cargo y un matrimonio que está con otros cinco, aunque la administración autonómica está en contacto con las familias de estos menores con edades comprendidas entre 7 y 17 años. «Antes de que acabe la semana, se les dará una solución en función del tratamiento que se les de», concluyó.
