FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la Fundación Hospital General de la Santísima Trinidad por incumplir la ley que les obliga a disponer de teléfonos gratuitos en un sentido amplio. Es uno de los 146 hospitales, clínicas y centros sanitarios denunciados por la asociación tras un análisis sobre el sector en toda España. La denuncia ha sido interpuesta ante la Dirección General de Comercio y Consumo de Castilla y León y ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Alberto Garzón.
Facua ha realizado un estudio rastreando las páginas web de 150 prestadoras de servicios sanitarios de las capitales de provincias, las dos ciudades autónomas, las dos capitales de comunidad autónoma que no son capital de provincia (Mérida y Santiago de Compostela) y las cuatro ciudades que tienen más población que las capitales de sus provincias (Algeciras, Gijón, Vigo y Jerez de la Frontera).
Dicho estudio se basa en si cumplen la obligación de facilitar teléfonos gratuitos y si lo hacen en todas las secciones donde publicitan sus numeraciones para la atención, tanto de clientes como de no clientes. Con base en la información que las entidades facilitan en sus webs, 146 incumplen la ley al no ofrecer línea gratuita alguna para la atención a los consumidores, haciendo uso de otras líneas que suponen un desembolso para el usuario.
De las 146 denunciadas, dos combinan líneas 902 con teléfonos geográficos para la atención a los consumidores (el Hospital CHIP y el Hospital HM Madrid). Por otro lado, dos (Policlínica Gipuzkoa y Hospital HM Madrid) disponen de numeraciones gratuitas sólo para comunicarse con áreas determinadas de los centros. Otros dos grupos hospitalarios (el HLA y Sanitas) presentan líneas gratuitas sólo para información general, obligando a llamar a teléfonos con coste para realizar gestiones específicas. El resto facilitan teléfonos geográficos y líneas móviles.
En Castilla y León, FACUA ha denunciado al Sanatorio Sagrado Corazón, al Centro Hospitalario Padre Benito Menni, al Hospital Recoletas Felipe II, al Centro Médico Recoletas Paracelso, al Centro Médico Recoletas la Marquesina, al Centro Médico Recoletas Angustias, al Centro Médico Recoletas Cervantes, Unidad de la Mujer Recoletas y al Hospital Recoletas Campo Grande, todos de Valladolid.
También al Centro Médico Los Tilos, al Centro Médico Recoletas Ezequiel González y al Hospital Recoletas, en Segovia; al Centro Médico Recoletas Benavente, al Centro Médico Recoletas Vea, al Centro Médico Recoletas Tres Cruces y al Hospital Recoletas Zamora, todos en Zamora.
De la misma forma, la asociación ha denunciado a la Fundación Hospital General de la Santísima Trinidad, de Salamanca. Asimismo, al Centro Médico Recoletas Calzadas y al Centro Médico Recoletas Burgos, ambos en Burgos.
Análogamente, se saltan la ley el Centro Médico Recoletas San Antonio, al Hospital Recoletas de Palencia, al Centro Médico Recoletas Avenida Castilla, Centro Médico Recoletas Guardo y al Centro Médico Recoletas Aguilar, todos ellos de Palencia.
Del mismo modo, el Hospital Santa Teresa, que ofrece sus servicios en Ávila, y el Hospital Latorre, en Soria han sido denunciadas. Por último, al Hospital HM San Francisco, de León.
Qué dice la ley
Desde diciembre de 2020, el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, recoge que «en los supuestos de servicios de carácter básico de interés general, las empresas prestadoras de los mismos deberán disponer, en cualquier caso, de un teléfono de atención al consumidor gratuito. A estos efectos, tendrán la consideración de servicios de carácter básico de interés general los de suministro de agua, gas, electricidad, financieros y de seguros, postales, transporte aéreo, ferroviario y por carretera, protección de la salud, saneamiento y residuos, así como aquellos que legalmente se determinen».
Fcua indica a los consumidores que se vean obligados a llamar al hospital o clínica de su zona a través de numeraciones con coste que podrán reclamarles el abono de esas cantidades. En el caso de otras empresas que no son de servicios básicos de interés general, la ley establece que deben facilitar un número que no suponga un coste superior al de una llamada geográfica o móvil, con lo que si se ven obligados a llamar a una tarificación especial (902 y 901), también tienen derecho al reembolso de ese coste.
