- La bonificación mensual en la provincia es de algo más de 7,5 millones de euros
- La renovación automática del bono social eléctrico hasta el 30 de junio llegará a 16.711 salmantinos
El Real Decreto-ley de medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania aprobado por el Gobierno de España el pasado martes 29 de marzo tiene un efecto tangible también en las familias, empresas, trabajadores y ciudadanos de la provincia de Salamanca.
“Son un conjunto de medidas que buscan responder con rapidez, determinación y justicia social, para que ningún sector, sobre todo los más desfavorecidos y las personas más vulnerables, se sienta desprotegido o desatendido. Protegerá a los sectores y ciudadanos más afectados, repartirá de forma justa los efectos de la guerra y preservará al máximo la senda de crecimiento y creación de empleo ya iniciada”, en palabras de la delegada del Gobierno en Castilla y León Virginia Barcones.
La subdelegada del Gobierno, Encarnación Pérez, ha valorado también muy positivamente este plan de choque afirmando que “el Gobierno de España una vez más actúa con la máxima de que nadie quede atrás ante las dificultades surgidas como consecuencia de una crisis o emergencia”
El plan movilizará en toda España 16.000 millones de euros, con 6.000 millones de euros en ayudas y rebajas fiscales y 10.000 millones en créditos ICO. Se organiza en cinco ejes: medidas para ayudar a las familias, trabajadores y personas desplazadas; para apoyar el tejido económico y empresarial; en materia de transportes; en materia de ciberseguridad, y en materia de energía.
AYUDAS A FAMILIAS Y TRABAJADORES
El Real Decreto-ley aprobado en Consejo de Ministros promueve una rebaja de 20 céntimos por litro de combustible repostado, tanto por personas usuarias particulares como por parte de empresas y autónomos. La norma también marca los usos que dan derecho a estas bonificaciones: uso como carburante en motores de vehículos terrestres, uso como carburante en embarcaciones y uso como carburante en motores estacionarios y todo tipo de maquinaria.
El impacto presupuestario de esta medida asciende en España a 1.423 millones de euros y en Salamanca podrán beneficiarse de ella desde el 1 de abril, y hasta el próximo 30 de junio, entre otros, los cerca de 200.000 conductores censados en esta provincia. Teniendo en cuenta que en Salamanca se consume mensualmente del orden de 38 millones de litros de diésel y gasolina, la rebaja supone un ahorro mensual de algo más de 7,5 millones de euros. Es decir, casi 23 millones en los tres meses de vigencia de esta medida.
GASOLINEROS
La subdelegada del Gobierno ha mantenido un encuentro el vicepresidente de Asociación de Estaciones de Servicio de la provincia de Salamanca en la que le ha explicado que los suministradores de carburantes y combustibles, las gasolineras, pueden solicitar desde el 1 de abril el anticipo de 20 céntimos en el carburante. El formulario de la solicitud se publica en la página web de la Agencia Tributaria. Todas las estaciones de servicio podrán presentar la solicitud, que requerirá únicamente la incorporación de los datos de identificación y un número de cuenta bancaria para hacer efectivo el pago. Una vez recibidas las solicitudes, los primeros abonos se efectuarán por parte de la Agencia Tributaria la próxima semana.
Para proteger el empleo del impacto de la guerra, en aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el Real Decreto-ley, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 30 de junio de 2022. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida.
Asimismo, no podrán utilizar estas causas para realizar despidos las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público.
SECTOR DEL TRANSPORTE
1.995 empresas de transportistas, incluidos autónomos, se verán beneficiadas en la provincia de Salamanca por estas ayudas. El plan refleja el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), con un paquete de medidas inmediatas para paliar las consecuencias del conflicto en Ucrania que supondrá una inyección de más de 1.000 millones de euros, incluyendo la bonificación al precio del combustible que supera los 600 millones para el sector.
El plan también despliega una línea de ayudas directas de 450 millones, que supondrán ayudas de 1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por furgonetas y ambulancias, y 300 por vehículo ligero (taxis y VTC); y un crédito extraordinario para duplicar las cuantías destinadas a las ayudas al abandono de la profesión de transportista, que permitirá que un mayor número de autónomos de elevada edad pueda afrontar el abandono de la actividad con mayores recursos. Asimismo, se materializa la devolución mensual del gasóleo profesional, uno de los compromisos también adoptados la semana pasada. Esta medida beneficiará a los más de 18 mil camiones, 17 mil furgonetas,1.500 tractores industriales y casi 500 autobuses que forman parte del Parque de Vehículo de la provincia de Salamanca.
INCREMENTO DEL 15% DEL IMV
Los 6.000 beneficiarios en Salamanca del ingreso mínimo vital (IMV) tendrán un incremento del 15% en las mensualidades de abril, mayo y junio de 2022. Este incremento también será de aplicación, en los mismos términos, a las solicitudes de esta prestación que hayan sido presentadas a la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto-ley, pero no hayan sido resueltas, así como a aquellas que se presenten con posterioridad, siempre que los efectos de su reconocimiento no sean posteriores a 1 de junio de 2022.
BONO SOCIAL ELÉCTRICO
Además, con el objetivo de proteger a los más vulnerables, los hogares que reciben el bono social eléctrico crecerán en 600.000 familias y beneficiará a 1,9 millones de hogares españoles, al incluir a los perceptores del ingreso mínimo vital. La aplicación de esta medida en la provincia de Salamanca va a suponer la renovación automática del bono social para los 16.711 beneficiarios actuales, a fecha 31 de enero de 2022. Los descuentos del 60% y el 70% para los consumidores vulnerables y los vulnerables severos se mantendrán hasta el 30 de junio.
Con el fin de rebajar los precios energéticos y reforzar la protección de los consumidores, se mantienen las rebajas fiscales en el recibo de la luz hasta el 30 de junio: reducción del IVA al 10%, del Impuesto de la Electricidad al 0,5% y suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica. Se prorroga también el límite al crecimiento de la tarifa de gas (TUR) para hogares y pymes en las próximas revisiones.
10.000 MILLONES EN AVALES ICO
Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros, que podrán solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2022, para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por acuerdo de Consejo de Ministros.
Además, se extiende el plazo de vencimiento de los préstamos avalados por el ICO, que en Salamanca, con los datos actualizados a 28 de febrero de 2022, superan los 665 millones de euros en avales solicitados en 8.554 operaciones de préstamo para financiar un total de 859,7 millones de euros.
También se extiende el plazo de carencia para los sectores más afectados, así, los autónomos y pymes pertenecientes a los sectores agrícola, ganadero, pesquero y de transporte por carretera, especialmente afectados por el incremento de los costes energéticos, podrán solicitar una ampliación de seis meses del plazo de carencia o mediante una carencia adicional.
LIMITACIÓN DE ALQUILERES
La nueva norma contiene también una limitación extraordinaria de la actualización anual del alquiler de la vivienda habitual, impidiendo subidas superiores al 2%. Más de 130.000 inquilinos de Castilla y León, según la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística, podrán acogerse a esta medida.
Esta limitación en la revisión de los alquileres, vigente hasta el próximo 30 de junio, atiende a la necesidad de que la evolución del IPC por la guerra no se traslade al precio del alquiler. El inquilino tendrá la posibilidad de negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización anual de la renta. En ausencia de pacto, la renta no podrá actualizarse por encima de la variación experimentada por el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), situado actualmente en el 2%.
En el caso de que el arrendador sea un gran tenedor –titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de
1.500 m2 de uso residencial–, el pacto a alcanzar entre propietario e inquilino no podrá suponer un incremento superior a la variación anual del IGC. Así, para un contrato de alquiler de vivienda de 600 euros, la aplicación de la nueva medida podría suponer un ahorro de más de 33 euros mensuales
