El 21 de febrero de 2021, salía a información pública, el proyecto de “Planta Solar Fotovoltaica Armadura Solar” de la localidad de Villarino de los Aires; con una potencia instalada de 250 MW y una ocupación de suelo de 280 hectáreas.
El Comité Antinuclear y Ecologista de Salamanca formuló alegaciones contra dicho proyecto para anular o mitigar el impacto ambiental que esta instalación, junto con muchas otras -eólicas y fotovoltaicas- ya en marcha en la misma localidad y pueblos cercanos, pudieran imponer sobre el medio natural y humano de la comarca.
Este colectivo ecologista lleva décadas exigiendo la transición hacia las energías renovables, pues desde hace 40 años venimos advirtiendo sobre la catástrofe ambiental que se nos viene encima. «Es decir, proponiendo una transición hacia fuentes de energía menos contaminantes que los combustibles fósiles y la nuclear. Pero ello no puede suponer un crecimiento desordenado y desproporcionado hasta convertir comarcas enteras en monocultivos de instalaciones energéticas con un impacto muy negativo provocado por la acumulación y concentración de proyectos en zonas rurales vaciadas de población», indican.
Aun así, consideran que es «ineludible y urgente» una transición energética «para librarnos del colapso ambiental del que nos advierte unánimemente la comunidad científica».
En este sentido exigían en nuestras alegaciones a la fotovoltaica “Armadura Solar” la realización de un estudio integrado de todas las instalaciones energéticas proyectadas en la comarca en su conjunto «para evitar que un troceado de las mismas burle las garantías ambientales. Igualmente exigíamos que se aplicara lo dispuesto en la ley de Montes que prohíbe expresamente recalificar terrenos afectados por incendios forestales ocurridos en los últimos 30 años, como pretendía en este caso el citado proyecto energético».
De acuerdo con sus alegaciones, la empresa promotora ha tenido que elaborar un “modificado” del proyecto para, entre otras cosas, reducir la superficie afectada por las instalaciones y adaptarla a las zonas quemadas por incendios forestales.
Esto abre un nuevo plazo para que las partes interesadas, entre ellas los colectivos ecologistas, formulen las alegaciones que estimen convenientes de acuerdo con las nuevas dimensiones del proyecto modificado. Es probable que, de no haber formulado nuestras alegaciones, la empresa hubiera podido instalar miles de placas solares en terrenos arrasados por incendios.
Desde este colectivo ecologista hacen un llamamiento a las administraciones implicadas para que el proceso de transición hacia las energías renovables «se lleve a cabo de una forma racional, evitando la proliferación de megaproyectos y su concentración, y denegando aquellos cuyo impacto ambiental y social sea incompatible con el desarrollo sostenible. En medio de la actual crisis de suministros alimentarios, sería irresponsable arrasar buena parte del suelo agrícola, ganadero o forestal, por mucho que, con los criterios del mercado hasta ahora, pudiéramos entender que no son competitivos”, concluyen.
