La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exigió este martes al nuevo consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, un refuerzo «drástico» del personal de la Inspección de Consumo. «La defensa de la salud, la seguridad y la protección de los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios castellanos y leoneses necesitan de una atención urgente. Se encuentran en un delicado estado, arrastran serios problemas y una grave carencia de profesionales, para atender las competencias que tienen”, indicó el sindicato.
Ical.- En un comunicado, explicó que la Junta solo ha puesto «pequeños parches», que no han solucionado los problemas a los que se enfrentan los profesionales de consumo, que demandan una revisión «integral» del servicio que prestan, en exclusiva. Además, indicó que desde la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local en el año 2013, la Junta de Castilla y León ejerce en exclusiva, salvo las prerrogativas existentes a nivel nacional, la competencia en materia de defensa del consumidor.
Esto significa, según CSIF, que la capacidad sancionadora solo puede ser ejercida por los servicios autonómicos de consumo. La primera consecuencia de ese cambio de normativa, añadió, es el «incesante goteo» de cierres de Oficinas de Información al Consumidor (OMIC), dependientes de los ayuntamientos. Además, apuntó que la Junta ha convertido a la Inspección de Consumo en un ‘cajón de sastre’, que se llena de tareas que no son de su competencia, con escasez de medios materiales y personales para atenderlas, y con una falta total de reconocimiento profesional, insiste.
«La sanción por obstruir o impedir la labor de la Inspección de Consumo es una infracción leve. Muchas veces resulta preferible pagar, y evitar así que la inspección constate otras infracciones”, manifestó CSIF. “El número de tomas de muestras de productos, para asegurar que se cumple la normativa de calidad y seguridad, y que el consumidor con menor poder adquisitivo esté protegido -producto que no cumple se retira del mercado-, se ha reducido alarmantemente. Si en los años 2012 al 2017 se realizaron una media de mil muestras al año, en 2022 la previsión es de solo 156”, apuntó.
La falta de inspectores y de medios se repite en toda la Comunidad, según el sindicato, que puso de ejemplo a Valladolid, donde en su opinión es «llamativa» las deficiencias del servicio en esta provincia, como lo ha sido -otras veces- en otras provincias. “Si no hay técnico de procedimiento caducan las actuaciones, y el consumidor queda desprotegido. Que no hay personal administrativo, los inspectores se ponen a hacerlo, pero lógicamente dejan de hacer inspecciones”, concluyó.
