La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) es el sindicato con mayor presencia entre los trabajadores públicos de Castilla y León. El presidente provincial de CSIF Salamanca, Federico Martín, ha valorado ante La Crónica de Salamanca diferentes cuestiones de actualidad referentes tanto al funcionariado como a los trabajadores del sector privado, en el que el sindicato pretende seguir introduciéndose.
¿Cuáles son actualmente las principales reivindicaciones del CSIF?
Muchas y muy variadas. Si hablamos del funcionariado, una reforma de la Función Pública que permita reconocer el trabajo de los funcionarios al nivel que se merece. Esto pasa, por un reconocimiento a nivel social y que las Administraciones entiendan que deben estar bien retribuidos y trabajar en unas buenas condiciones laborales. Desde 2010 venimos sufriendo una enorme pérdida de empleados públicos, que está saturando los servicios, así como una enorme pérdida en el poder adquisitivo y las condiciones laborales.
¿Y en el sector privado?
Dependiendo de cada empresa o sector, lo principal es que los convenios no se están negociando, no se está reflejando la pérdida de poder adquisitivo y estamos precarizando empleo. Hay mucha temporalidad y el empleo es cada vez más precario.
¿Cómo valora la situación actual?
Vivimos unos momentos difíciles. Estamos tendiendo a una situación socialmente compleja porque vivimos un momento de desafección del ciudadano hacia la política, estamos exacerbando el individualismo y, sobre todo a nivel político, lo que estamos trasladando al ciudadano es que la preocupación de los políticos es fundamentalmente su silla y no el bienestar de la gente.
¿Y la relación entre el sindicato y la Junta?
En lo que es negociación, excesivamente parada. La Junta no viene estando a la altura de las circunstancias en cuanto a negociación del empleo público. En el proceso de reducción de la temporalidad tenemos muchas dificultades para que nos facilite toda la información y nos permita realmente intervenir en la negociación. Para nosotros dicho proceso, aunque complejo, es muy importante, necesario y nos gustaría que la Junta estuviese más abierta a la negociación.
Es cierto que en algunos campos se están produciendo pequeñas negociaciones. Pero las pérdidas en cuanto a condiciones laborales han sido tantas en los últimos años que no se está respondiendo a la necesidad real de los trabajadores. La Junta nos pidió el esfuerzo de comprender que vivíamos una situación compleja a raíz de la crisis del 2010. Nosotros siempre hemos estado en una posición solidaria, pensábamos que esto sería provisional, pero el problema es que se ha convertido en permanente y la Junta no está dando respuesta a esa situación.
¿Ha variado tras el cambio de Gobierno?
Es demasiado pronto para valorar esto. En la mayoría de las consejerías este Gobierno es continuista y, aunque las expectativas son muchas, aún no tenemos capacidad de valorarlo.
¿Cuántos empleados públicos más necesita Salamanca?
Esto no tiene una respuesta clara, la tiene en función de la sociedad de futuro que queramos. Si queremos que los ciudadanos se desarrollen al máximo, tenemos que incrementar exponencialmente el empleo público. El servicio público hay que dimensionarlo en función de cómo se quiere que vivan los ciudadanos. A más servidores públicos, mejores condiciones de vida de los ciudadanos.
Ponga un ejemplo.
Si yo quiero que la atención sanitaria mejore y las listas de espera desaparezcan, necesitaría aumentar ese empleo público. ¿Es ese mi objetivo? El mío, como miembro de este sindicato sí, el de nuestros políticos parece que no.
¿En qué sectores hace falta más empleo público?
En todos. Desde CSIF llevamos analizando la situación muchos años y actualmente en el sector público las edades medias son altísimas. Estamos hablando, generalmente, de medias superiores a los 50 años, lo que significa que no se está produciendo renovación en el empleo público.
¿Cuántos se han perdido en los últimos años?
No sabría dar el dato con exactitud. Pero la cuestión no es de cuánto ha sido la pérdida, que es evidente, sino cuánto se ha dejado de avanzar. El servicio público ha de irse mejorando, y en los últimos años no ha habido políticas de mejora. Entonces, no es cuánto hemos perdido, sino cuánto dejó de incrementarse el empleo público. Cuándo dejamos de tener más médicos para pasar a tener menos médicos por paciente, por ejemplo. Cuándo hemos dejado de intentar desde la Administración Pública mejorar la vida del ciudadano, esa es la cuestión.
¿Por qué?
Fundamentalmente por falta de iniciativa política y de prioridades económicas. Nuestros políticos no han priorizado en el servicio al ciudadano y eso ha generado una situación en la que los servicios públicos se han visto perjudicados. También porque hay un estancamiento poblacional que no hemos sabido trasladar a los cambios que necesitaba la ciudad. Estamos permitiendo que Salamanca pierda efectivos porque no estamos dando oportunidades a nuestra gente, y esa pérdida de posibilidades nos ha llevado a que el empleo público disminuya. Esto es como la pescadilla que se muerde la cola, Salamanca cada vez tiene menos servicio público, por tanto, contribuye a que la gente se marche.
¿Qué tal va la incursión del CSIF en el sector privado?
Aumentando día a día. Nuestra intención siempre ha sido extendernos hacia la empresa privada. En este sentido, nuestro grado de afiliación en el sector privado se ha triplicado desde 2016. Para nosotros es una satisfacción poder decir que los trabajadores del sector privado también ven en CSIF una referencia un poco diferente a los sindicatos de clase, por ese marchamo de independencia que nosotros tenemos a gala y que quizá otros no puedan exhibir. Pese a este notable incremento, nuestra intención es seguir trabajando por todos los trabajadores, sean públicos o privados.
Ante unas condiciones de precariedad en el sector privado, ¿aumenta el número de opositores?
Sí. El empleo público se ha convertido en cierta medida en un refugio. En los últimos años hemos visto un movimiento mayor del habitual hacia las oposiciones. Pero realmente, esa situación no se ha terminado concretando, estamos viendo que la gente retorna a lo privado. El acceso a la función pública no es fácil y las condiciones en las que se presta tampoco. De hecho, en este momento la temporalidad es más alta en la Administración Pública que en la privada.
¿Dónde se nota más el aumento de la demanda para entrar en función pública?
Donde está habiendo oferta. En este momento el sector que más plazas ha convocado ha sido la sanidad. También es el sector que, por causa del COVID, ha requerido más apoyo.
¿Se puede concebir tanto a España como a Castilla y León y Salamanca sin funcionarios?
Evidentemente no. El funcionariado es la garantía de que el sistema funciona. Si hay un problema en el sector público en España es el exceso de personal eventual puesto a dedo (asesores, etc.). Realmente, lo que es necesario es eliminar todos esos cargos. Buena parte de la mala gestión de nuestros políticos viene de ahí, se duplican funciones para controlar de una forma menos estricta los dineros y los empleos. En muchos casos se han creado estructuras, los denominados chiringuitos, para que el político tenga acceso a determinados fondos y a la gestión de ellos sin el control que la Función Pública exige. Hay una frase que dice ‘de subsecretario para abajo todos debían ser funcionarios’. En la Función Pública hay gente lo suficientemente preparada y capaz como para poder ocupar cualquiera de esos puestos.
¿Considera que la Administración Pública debería modernizarse?
Por supuesto. CSIF lleva pidiendo esa modernización muchos años. La Administración en España necesita mucha más flexibilidad, que la administración electrónica funcione realmente. Hace falta un estudio serio de cuáles son las necesidades del ciudadano y cómo adaptar esos servicios al ciudadano. Además, el funcionario debe formarse y reciclarse, pero con el apoyo de la Administración y en su horario de trabajo. Otra de las tareas es reducir la burocracia.
¿Cómo van las negociaciones para la subida salarial de los empleados públicos con una inflación del 8,4%?
Mal, por falta de voluntad. El problema del 8,4% es muy grave, pero es peor que el empleado público ya venía arrastrando una pérdida de poder adquisitivo de en torno al 15% hasta el año pasado. Con la crisis del 2010, se perdió como un 20% de poder adquisitivo. Fruto de las negociaciones entre sindicatos y gobiernos, conseguimos en 2018 reducir esa pérdida hasta aproximadamente un 15%. En este momento al 15% se le ha sumado el 8,4%, con lo que estamos volviendo hacia atrás, y las Administraciones no están siendo sensibles ni están entendiendo que, si no hay una vinculación de la subida del sueldo de los funcionarios conforme al IPC, estamos empobreciendo al colectivo. Estamos viendo que esos sueldos están por debajo de lo que estos empleados podrían ganar en la privada, lo que nos lleva a la fuga de talento. Cuanto mejor tratemos a nuestros empleados públicos, mejor servicio estaremos dando al ciudadano.
¿Van a pedir menos del 8%?
Aceptaríamos menos de un 8% en un marco de negociación a varios años. CSIF es un sindicato responsable, entendemos que la situación no es fácil. Pero es evidente la necesidad de establecer un marco de diálogo en el cual, en los plazos que sean necesarios, debemos recuperar poder adquisitivo. Por tanto, aceptaríamos menos de un 8% a un año. Lo que buscamos es un plan a medio plazo que permita que la Administración no haga un sobreesfuerzo, pero que el empleado público no pierda más poder adquisitivo.
¿Qué cree que pasará en educación con los interinos?
La falta de negociación y la torpeza política nos van a meter en una situación compleja. Nosotros lo que pedimos es seguridad jurídica. Los procesos que se han puesto en marcha para reducir la temporalidad tienen un grave problema en cuanto a su diseño jurídico. CSIF había alcanzado un acuerdo para que, utilizando las leyes actuales, se pudiese reducir la temporalidad. Ese acuerdo, jurídicamente seguro, al pasar al Parlamento por imperativo de los que apoyan al Gobierno, se ha empeorado porque se ha introducido una inseguridad jurídica preocupante y que va a generar muchos problemas. Con los planes actuales, esa reducción al 8% de temporalidad va a ser muy difícil. Además, lo que se ha arbitrado para garantizar que los interinos tengan mejor acceso a la Función Pública y se tenga en cuenta su experiencia no está resultando como debería.
¿Está CSIF a favor o en contra de la jornada continua en educación? ¿Por qué?
Absolutamente a favor. Desde CSIF pretendemos que el servicio educativo se dé con criterios educativos. Las horas de máximo rendimiento para un alumno son las primeras de la mañana, mientras que las horas de la tarde, después de toda la jornada, son de un rendimiento muy bajo. Por tanto, pedagógicamente, la jornada continuada está firmemente asentada, por ello, para nosotros, es más razonable.
¿Cómo se puede acabar con la lista de espera en sanidad?
En teoría no es muy difícil, lo que se necesita es un mayor número de profesionales y una mejor organización. La lista de espera sólo es un indicador de que falta personal. Por ejemplo, actualmente el personal de limpieza del Hospital se queja de que no son los suficientes y, evidentemente no lo son, se les ha incrementado el trabajo sin incrementar el número de personas. Esto es extrapolable a todo el personal de sanidad. Necesitamos redimensionar las plantillas y racionalizar el trabajo que se lleva a cabo.
¿Cree que hay voluntad real para acabar con esas demoras?
Lo que falta es una capacidad para priorizar. Las prioridades deben estar fundamentalmente en aquellos servicios que atienden al ciudadano, le dan mejor calidad de vida y más posibilidades de futuro. Esto es sanidad, educación y recursos para fijar la población en el medio rural, principalmente.
¿Teme que en Castilla y León estemos ante una lenta pero progresiva privatización de la educación y la sanidad?
Las políticas liberales que hemos tenido en Castilla y León en los últimos años no han favorecido los servicios públicos, de eso no hay duda. Lo que debería ser la prioridad de la Junta es mejorar el servicio público y, en muchos casos no se ha producido y se ha derivado hacia empresas privadas.
Explíquese
Un ejemplo muy claro es la escolarización 2-3 años que, en nuestra opinión, se ha hecho pésimamente. Porque lo que se está planteando es casi el inicio de la privatización de la educación. El servicio educativo ha de ser público y lo que no pueda hacer este podrá concertarse, pero debemos tender hacia lo público. Y esto en Castilla y León en los últimos años no se ha hecho. En sanidad, el modo de abordar las listas de espera no es precisamente el adecuado. No es derivando las operaciones hacia clínicas privadas, es utilizar nuestros recursos fomentando plantilla. La privatización no es más barata. Que un servicio se preste desde el ámbito privado no lo abarata, lo único que hace es derivar dinero hacia el beneficio empresarial. Por tanto, las políticas que últimamente hemos visto en Castilla y León no son precisamente de reforzamiento del servicio público, lo que ha supuesto un mantenimiento de redes públicas y privadas que perjudica al ciudadano, porque a lo privado no todo el mundo tiene acceso.
