La Policía Nacional detuvo a tres personas e imputó a otras dos que operaban desde Badajoz, Córdoba y León como presuntos autores de delitos de estafa, extorsión, revelación de secretos, blanqueo de capitales y organización criminal por ofertar servicios de ‘hackeo’. Luego, estafaban a sus clientes.
Ical.- Entre otras cosas, ofrecían espiar redes sociales o correos electrónicos, eliminar multas o deudas con la Agencia Tributaria, cambiar notas universitarias o grabar titulaciones no cursadas. Sin embargo, quienes contrataban estos servicios acababan siendo víctimas de estafa y extorsión hasta lograr alcanzar un lucro cercano a los 300.000 euros.
Los agentes detectaron y analizaron más de 12.000 anuncios de publicidad engañosa asociados a más de 40 números de teléfono, más de 200 cuentas de correo electrónico y casi 1.300 direcciones IP.
La investigación se inició durante un dispositivo establecido por agentes de la Unidad Central de Ciberdelincencia con el objeto de detectar y actuar contra nuevas formas delictivas cometidas a través de la red.
Los arrestados operaban desde sus residencias en Badajoz, León y Córdoba e insertaban anuncios en portales web o foros en los que ofertaban sus supuestos servicios haciéndose pasar por sofisticados ‘hackers’ y ofrecían diferentes herramientas y servicios informáticos como espiar WhatsApp, cuentas de correo electrónico y perfiles de redes sociales. También anunciaban gestiones con la administración como eliminación de deudas pendientes con la Agencia Tributaria, datos de morosos o eliminación de multas de la Dirección General de Tráfico. De igual manera, aseguraban cambio de notas en los servidores de centros universitarios, la grabación de titulaciones oficiales que nunca fueron cursadas y otros servicios similares.
Una vez que los interesados contactaban con ellos para la contratación de servicios informáticos, estos pasaban a convertirse en víctimas. ya que los detenidos procedían a estafarlos, extorsionarlos o revelar contenidos de su ámbito privado o íntimo, lo que dio lugar a una nueva modalidad delictiva a la que se ha dado el nombre de ‘hackstorsión’.
Tras conseguir la clientela ofertaban compromiso y capacidad técnica para cumplir con los encargos y exigían el pago por adelantado del importe pactado, bien al completo o al menos de una parte. Posteriormente, bajo el pretexto de cumplir con el cometido encomendado, se solicitaban datos sensibles del interesado o del sujeto al que se pretendía espiar. Tras el envío de la cuantía pactad, los presuntos autores interrumpían el contacto con el cliente e incumplían lo acordado sin facilitar motivo alguno.
En algunos encargos, especialmente aquellos en los que se solicitaba espiar la cuenta de mensajería o red social de la pareja, el contacto no se interrumpía y el falso ‘hacker’ solicitaba al cliente nuevas cantidades de dinero bajo la amenaza de revelar el trabajo para el que fue contratado.
Cuando la víctima se negaba a hacer más pagos, los presuntos autores cumplían su amenaza y contactaban con la parte a la que se pretendía espiar para contarles que poseían información de su interés y les mostraban algún contenido para que pudieran comprobar que era cierto, exigiendo el pago de una cantidad económica a cambio de conocer la información completa.
Con la información aportada por los anunciantes, las manifestaciones de los perjudicados, el estudio pormenorizado y el seguimiento de la trayectoria del dinero, se ha conocido la existencia de más de un centenar cuentas bancarias españolas y otras tantas en el extranjero de la organización criminal que, según estiman los investigadores, se han podido lucrar con cuantías superiores a los 300.000 euros procedentes de centenares de víctimas.
Tras un año de análisis de la información recopilada, se procedió a la entrada y registro en tres domicilios de los investigados en las provincias de León, Córdoba y Badajoz, en los que se intervinieron cinco terminales de telefonía móvil, 12 terminales de telefonía, un disco duro, cinco ‘pendrives’, 28 tarjetas SIM y diverso material bancario que contenía información relacionada con la práctica de los hechos investigados.
Asimismo, se llevó a cabo la detención de dos de los investigados en sus domicilios de León y Badajoz, y una tercera detención, la del principal investigad, días después en el aeropuerto de Madrid , tras aterrizar en territorio nacional procedente de Filipinas. Uno de los investigados se encontraba ya en prisión por otros hechos y una última investigada en Sevilla fue oída en declaración como investigada, tras lo que quedó en libertad.
La investigación continúa abierta a la espera del análisis del material intervenido durante los registros y no se descarta la aparición de nuevas víctimas.
