Un juez está investigando al Grupo Restalia, a su dueño José María Fernández Capitán y a varias de sus filiales por un presunto delito de estafa a decenas de franquiciados por toda España. Desde la citada compañía han asegurado que cumplen “rigurosamente” con la regulación vigente.
Varios franquiciados del Grupo Restalia han presentado una denuncia contra la citada compañía por delito continuado de estafa, organización criminal, coacciones y delitos informáticos. Tras ello, el juzgado de instrucción nº 52 de Madrid ha comenzado a investigar a Restalia, a su dueño José María Fernández Capitán, a varias filiales del grupo, así como a 24 responsables de la compañía (asesores, directores y administrativos), por estafar presuntamente a decenas de franquiciados en España. La denuncia representa a 31 franquiciados de las marcas ‘100 Montaditos, ‘The Good Burger’, ‘La Sureña’, ‘Sureña Blue’, ‘Pepe Taco’ ‘Panther Juice & Sandwich Market’. Los establecimientos afectados, localizados en diferentes localidades de nueve comunidades autónomas españolas, han cifrado en 19,7 millones de euros el “perjuicio inicial” que han sufrido.
En el auto judicial, dictado por el magistrado David Suárez, se acuerda la apertura de diligencias previas contra 29 sociedades pertenecientes o vinculadas con Restalia. La denuncia indica que “los denunciados ocultaron, deliberadamente, a los franquiciados la existencia de acuerdos con proveedores que suponía que la franquicia resultase inviable”. Además, antes de la firma de los contratos, se añadieron “unos estudios de viabilidad irreales con los que consiguieron hacerles creer que sus franquicias darían unos beneficios que, en realidad, nunca podrían alcanzar. Extremo que, ciertamente, los denunciados conocen”. Esto explica que “la media de cierres de franquicias en el grupo Restalia es de unos 100 anuales”.
Según ha trascendido, el ‘modus operandi’ de los denunciados comenzaba con “la captación indiscriminada de nuevos franquiciados”. Posteriormente “se les ofrecía una información precontractual engañosa y con ocultación de datos y elementos esenciales de la franquicia”. Así, “se les ofrecía toda una suerte de ventajas y garantías de éxito (alta rentabilidad, pronta recuperación de la inversión inicial, mejores precios de la mercancía) que resultaban falsos”. Con la firma del contrato se “imponía un modelo de negocio inviable con toda suerte de sobrecostes”, que fueron ocultados al tiempo de dicha firma.
De esta manera, los denunciantes exponen en el texto que, “la fijación unilateral de precios por la organización criminal” para la compra de mercancías y servicios del franquiciado, además de “los precios inamovibles de venta al público” a un coste bajo suponen un sobrecoste para el franquiciado. Esto se debe a que dichos precios implican una gran rotación de la mercancía y una de las principales entradas de dinero hacia el grupo. Por si fuera poco, estos franquiciados han lamentado verse “atrapados”. Ya que los precios los imponen desde el citado grupo que, además establece “la obligación de abastecimiento en exclusiva de mercancías de proveedores homologados”.
La versión de Restalia
Respecto a esta denuncia, la compañía demandada ha recalcado que “siempre se ha posicionado al lado de sus franquiciados”. También han explicado, en un comunicado difundido este miércoles, que el grupo “no tiene constancia ni ha recibido denuncia ni citación alguna”. Y manifiesta “la absoluta tranquilidad de haber actuado de manera transparente y acorde a los contratos y acuerdos con sus franquiciados en todos sus términos y condiciones”. “Por supuesto, respetamos el procedimiento judicial y colaboraremos con todo lo necesario y cualquier requerimiento, como siempre hemos hecho”, concluye el escrito.
