El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acordó este miércoles con CCOO, UGT y CEOECyL en la Comisión en Materia Forestal del Consejo del Diálogo Social, una remodelación total esta legislatura del operativo contra incendios de la Comunidad, que supondrá que los casi 900 fijos discontinuos de las plantillas públicas que lo integran pasarán a ser fijos todo el año, con un coste de “decenas de millones”, y se ampliará a los trabajadores de las cuadrillas privadas sus trabajos durante nueve meses, frente a los 7,6 meses actuales.
Asimismo, se comprometió a dignificar la profesión situando a los trabajadores de mayor edad en puestos de respiro, “hasta que el Gobierno apruebe un adelanto de su jubilación”, como exigió; así como una potenciación de la formación para adecuar a estas personas a las circunstancias marcadas por la “anomalías climáticas”.
“El operativo sufrirá una importantísima transformación con una importante inversión pública. Será un operativo absolutamente estabilizado con prevalencia de lo público, profesionalizado con formación y dignificado en sus funciones”, dijo.
Ya el año pasado, tras el gran incendio de Navalacruz, en Ávila, Mañueco dijo que dispositivo contra incendios iba a cambiar, y este 2022 ha sido peor. La viera táctica de prometer y prometer para salir del paso y luego no hacer nada.
Los dos señalados
Juan Carlos Suárez-Quiñones compareció junto al director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, los dos señalados por la catastrófica gestión forestal, y junto al secretario general de CEOE en la Comunidad, David Esteban, y el responsable de Diálogo Social de UGT, Raúl Santa Eufemia, en un paréntesis en el encuentro de la comisión. El representante de CCOO, Fernando Fraile, no quiso participar en la rueda de prensa, y el consejero explicó, que frente al modelo público-privado que comparten con UGT y CEOE, la otra central sindical apuesta por un operativo “totalmente público”.
Con todo, insistió en que “todos” los integrantes de la mesa están de acuerdo en los compromisos básicos que se deberán negociar en mesas técnicas, y en que hay dos causas “mayores” que originan la “nueva situación” de los incendios: “Las anomalías climáticas ostensibles y obvias y el cambio en el uso del territorio, con cada vez menos actividad agrícola y de ganadería extensiva y despoblación”.
Suárez-Quiñones, quien garantizó el cumplimiento “íntegro” del acuerdo 2015-2022 alcanzado en el Diálogo Social, explicó los nuevos compromisos, sobre un operativo integrado por 4.540 personas, dijo, con competencias primarias de la Junta y del Gobierno en los medios aéreos y de refuerzo, dentro de un modelo “mixto” de cooperación público-privada con preponderancia de lo público, porque “mantener al sector empresarial es esencial”, dijo, para sujetar población en los pueblos.
En este sentido, indicó que el personal público fijo discontinuo, con conductores de motobombas, peones mangueristas, vigilantes de las 140 torretas de vigilancia de la Comunidad y operadores de comunicaciones y transmisiones, a los que se suman agentes medio ambientales y técnicos, pasarán a ser fijos todo el año. Al respecto, una mesa técnica analizará hasta dónde pueden llegar, qué modificaciones de categorías son preciso acometer en convenio y los cálculos presupuestarios, con el compromiso de que están dispuestos, dijo, que “tenga el reflejo presupuestario que tenga que llevar, para avanzar en esa profesionalización, estabilidad y dignificación”.
Preguntado por la creación de la figura del bombero profesional, indicó que la Junta “no tiene líneas rojas para negociar”, pero aclaró que los trabajadores de la Comunidad, no solo apagan fuegos, sino que también acometen labores selvícolas. “Detrás de las palabras debe haber un contenido porque el modelo no es el de bombero forestal”, dijo.
Asimismo, mostró su cooperación con el Gobierno en relación a sus dos anteproyectos sobre funcionamiento de los agentes medioambientales, y la homogeneización del personal de incendios, contra los que Castilla y León “no ha sido la autonomías más beligerante”, dijo, para advertir de que otros territorios ya han expresado su rechazo por invasión de competencias.
En cuanto a los trabajadores del sector privado, recordó que si en 2017 trabajan 6,4 meses, este año lo harán 7,6 y el objetivo es que estén nueve, lo que supondría prácticamente todo el año, si se suma el mes de vacaciones. Al respecto, constató, no obstante, que la Junta no fija sus condiciones, que están reguladas por su convenio colectivo, pero asumirá determinados incrementos del coste.
El consejero afirmó que también actuarán en la profesionalización a través de la formación y en las condiciones laborales del operativo, para avanzar en su dignificación. En este punto, explicó que todos los integrantes deben pasar un informe médico riguroso, y sino lo pasan no pueden formar parte del mismo. En este sentido, explicó también su compromiso de buscar para las personas más mayores, puestos “de respiro” para su dignificación, aunque pasen el chequeo, hasta que el Gobierno, como exige la Junta, no introduzca un coeficiente reductor de su edad de jubilación.
Suárez-Quiñones afirmó sobre la situación actual que el operativo hoy por hoy está al 100 por ciento, aunque hay eventualidades que pueden afectar a su número en determinadas zonas, por lo que recurren a contrataciones de emergencia si es necesario, aunque también recordó los convenios de cooperación con otras administraciones, que trabajan en un operativo como si fueran uno. Asimismo, precisó que Castilla y León es la autonomías que más hectáreas trata, con licitaciones públicas y con encargos a Tragsa.
Por último, resaltó que los acuerdos deben materializarse en mesas técnicas que “se acelerarán lo máximo posible”. “Queremos que el año que viene y este otoño tengamos determinadas transformaciones para tener un operativo con más capacidades para afrontar los retos”, resumió.
Defensa de lo privado
Por su parte, el secretario general de CEOE Castilla y León, David Esteban, apoyó los mínimos alcanzados en la comisión de hoy y expresó que están de acuerdo con la senda para la legislatura. Eso si, dejó claro que “hay que proteger al sector privado forestal que está en todas las zonas de Castilla y León y llega todos los municipios”. “Ese tejido no se puede perder. Creemos en el modelo de cooperación público privado”, dijo, para ensalzar que si se cumple lo acordado supondrá un “mejora muy sustancial” del operativo.
Más duros que nunca
Por su parte, el secretario de Acción Sindical, Coordinación y Diálogo Social, Raúl Santa Eufemia, expuso que si la Junta quiera cambiar el sistema “lo tiene fácil porque está abierto el convenio de función pública ahora mismo”.
El dirigente sindical advirtió al consejero y al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que si continúan con su “errática política forestal” ahí enfrente encontrarán a UGT, y serán “más duros que nunca”, pero también garantizó que estarán en las mesas si se cumple con presupuestos, se acaba con la temporalidad y se impulsa la dignificación profesional ligada a la formación. Agregó que es imprescindible buscar puestos de respiro a la gente de edad.
Asimismo, exigió que haya preponderancia de lo público, y aunque compartió la necesidad de mantener la parte privada como generadora de riqueza en las zonas rurales, advirtió de que “no debe degradar ni un solo euro de inversión pública”. Por último, ante la ausencia de CCOO en la rueda de prensa, defendió que no existe “ni un solo roce” entre ambos sindicatos, que mantienen su política de “unidad sindical”.
