- En vísperas del incendio y en plena ola de calor la Consejería declaró que el riesgo de incendio era medio o bajo
- El Plan de Protección Civil ante Emergencias por incendios forestales en Castilla y León, aprobado hace 23 años, no está adaptado a los nuevos escenarios del cambio climático
Greenpeace España ha puesto una denuncia ante la Fiscalía de Castilla y León solicitando que se investiguen las actuaciones de la administración pública antes y durante el gran incendio forestal ocurrido entre los días 15 y 19 de junio en la Sierra de la Culebra (Zamora), que afectó a una superficie aún por determinar (entre 28.000 y 33.000 hectáreas) dentro de un territorio catalogado como Reserva de la Biosfera. La ONG ha interpuesto esta denuncia para pedir que se investiguen los hechos y se depuren las posibles responsabilidades.
El origen del incendio fue una tormenta eléctrica ocurrida el miércoles 15 de junio, pero las altas temperaturas, sumadas al viento intenso y la situación de sequía que vive la zona, agravaron la situación. Pese a que en el momento en que se produjo el incendio forestal las alertas de riesgo de incendio lanzadas desde la AEMET llevaban días avisando del alto riesgo de incendio, la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León, liderada por Juan Carlos Suárez-Quiñones, declaró que el riesgo era medio o bajo, conforme a lo establecido en el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León. Este plan marca el inicio de la temporada de riesgo alto, con la consiguiente dotación de medios, a partir del 15 de julio.
Los responsables de la Consejería de Medio Ambiente han admitido que los turnos no estaban a pleno rendimiento, pero que enviaron recursos extraordinarios. Sin embargo, colectivos del operativo de extinción han denunciado que la falta de medios no fue algo puntual, sino que se produjo durante varios días y cuando el fuego avanzaba a 50 hectáreas por hora, «una velocidad que era asumible por los equipos de extinción y que podría haber contenido el avance de las llamas», indica Greenpeace.
En palabras de los involucrados en la extinción, como resultado de la inacción de la Junta de Castilla y León a partir del jueves 16 “ya no había nada que hacer”, ya que por la noche la velocidad del fuego ascendió a 515 hectáreas por hora, por lo que entre el jueves por la noche y el viernes fueron evacuadas 2.690 personas de 26 municipios diferentes.
Dispositivos de Portugal, de diversas comunidades autónomas y hasta 383 agentes de la UME, junto al apoyo vecinal, batallaron sin descanso contra el fuego durante cuatro días, hasta que la propia meteorología detuvo el incendio el domingo 19, gracias a que empezó a llover, la tierra se enfrió y el incendio empezó a detenerse.
Greenpeace denuncia que el Plan de Protección Civil ante Incendios Forestales en Castilla y León es de 1999, «por lo que no tiene en cuenta las actuales circunstancias de cambio climático, que aconsejan aumentar drásticamente el periodo de riesgo alto de incendios, con la consiguiente dotación de medios, así como una actividad de prevención de incendios en los montes que se lleve a cabo durante todo el año. Máxime si se tiene en cuenta el precedente del año pasado, cuando se quemaron 22.000 hectáreas en Navalacruz, en la provincia de Ávila, en lo que, hasta hace poco, era el peor incendio de la historia de la comunidad autónoma», indica.
Pese a que la región Noroeste, en la que se encuentran Zamora y León, es la que sufre más de la mitad de los incendios del territorio nacional, según un informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 2021, el Gobierno de Castilla y León «continúa siendo deficitario en planes preventivos y de Emergencia Local».
“Hemos pedido a la Fiscalía que investigue a los responsables de no haber adoptado las medidas y los planes necesarios para evitar un riesgo que llevaba semanas alertándose y del que existen precedentes como para haber actuado de modo responsable. El incendio ha calcinado una vastísima extensión de formaciones de bosque, matorral, pastos y cultivos, ha dañado propiedades, explotaciones agropecuarias, ha causado estragos en la flora y en la fauna de la zona y ha puesto en peligro la vida de miles de habitantes de los municipios aledaños. Si los responsables hubieran aprobado un plan de prevención de incendios adecuado, así como con un dispositivo de extinción a pleno rendimiento en un momento en que las alertas de riesgo de incendio ya estaban disparadas, el fuego se habría podido extinguir a tiempo o se hubieran producido menos daños”, ha declarado Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace España.
