Las causas de los incendios forestales (Parte II)

[dropcap]E[/dropcap]s evidente el desinterés en la gestión de las masas forestales que muestran los políticos responsables de su conservación. Aunque el problema no es solo de Castilla y León, sino que afecta también a otras autonomías, a Europa y a otros países, han cobrado actualidad las declaraciones del consejero de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suarez Quiñones, al Diario de Valladolid en 2018, en las que afirmaba que “mantener el operativo de incendios todo el año es un absurdo y un despilfarro”, y las más recientes a la cadena SER en las que después de afirmar que “los medios de extinción son finitos”, acusa al ecologismo extremo de “ser culpables de la falta de manteamiento en los bosques”, que traducen una idea del ejercicio político en el cual disminuir el gasto público, favorecer la inversión y gestión privada y justificar la actuación política propia es más importante que ofrecer soluciones a los problemas.

La política adoptada por la Junta de Castilla y León ha contribuido notablemente a la extensión de los incendios que asolan nuestra comunidad, independientemente de que la causa inmediata de los mismos sea accidental o intencionada. Más de la mitad de la superficie quemada hasta la fecha en España durante 2022 lo ha sido en Castilla y León. Hay dos razones básicas que lo explican.

La primera hace referencia a las medidas preventivas para evitar o disminuir la fuerza de un incendio. Los habitantes de los pueblos castellanos afirman que “los incendios de verano se apagan en invierno”, resaltando así que es cuando hay que desarrollar las labores de limpieza de los montes y bosques para disminuir la masa forestal inflamable, que actúa como combustible acumulado, subsidiario de multiplicar la voracidad de un fuego cuando este se inicia. La ausencia de brigadas forestales de limpieza, que por otra parte son puestos de trabajo que podrían ayudar a fijar la población en estos pueblos, puede considerarse una de las razones que explican la voracidad de los incendios que estamos sufriendo. Los bosques de dominio público acumulan mucho mayor potencial inflamable que los montes privados, precisamente porque estos se limpian y aquellos no.

La segunda hace referencia a los medios disponibles para apagar los fuegos, esos medios obviamente finitos que señala el consejero. La subcontratación de las brigadas de bomberos forestales y las malas condiciones laborales de estos, con contratos temporales y precarios, la falta de medios técnicos modernos para atacar el fuego, han obligado a estos profesionales a largas jornadas de trabajo en condiciones, más que precarias, infrahumanas, disminuyendo su eficacia a la hora de abordar un fuego y poniendo en peligro su vida. Que los habitantes de los pueblos hayan tenido que facilitarles agua y alimentos y que algunas brigadas forestales hayan pedido ayuda al famoso chef José Andrés para disponer de una alimentación básica mientras apagan los fuegos es esperpéntico, increíble e imposible de justificar.

La desaparición de los responsables de la Junta de Castilla y León de los escenarios del fuego, más allá de visitas puntuales para hacerse la fotografía publicitaria, resulta suficientemente ilustrativa, incluso ante la indignación y el rechazo a su presencia que pudieron palpar en primera persona en el incendio de la sierra de La Culebra en Zamora.  Que la mayoría parlamentaria del PP y VOX rechazara el pasado 22 de junio en las Cortes de Castilla y León la moción de modificación de la política general en materia de incendios forestales, no se tapa haciendo ondear las banderas a media asta por el fallecimiento de un bombero forestal. Es tal la situación que el postureo político no debería engañar a nadie a pesar de los intentos por echar balones fuera y culpabilizar al gobierno de España. La denuncia social y las demandas de sindicatos y del colectivo de brigadas y bomberos forestales contra la Junta de Castilla y León y las empresas subcontratadas solo han hecho que comenzar.

La Junta de Castilla y León no ha solicitado al gobierno la declaración del nivel 3 para no perder el control del operativo antiincendios, es decir, por un prurito mal entendido de no perder sus competencias, pero su gestión del nivel operativo 2 ha sido negligente, incluso a pesar de contar en el nivel 2 con operativos de otras comunidades autónomas y estatales como la Unidad Militar de Emergencia ante la carencia de medios propios.

Dado que los intereses económicos que están detrás de los incendios van a continuar y no van a ser reconocidos públicamente me parece pertinente, aun a riesgo de parecer impertinente, o políticamente incorrecto, realizar dos preguntas al respecto: ¿Cuánto hubiera costado mantener un dispositivo eficaz contra el fuego durante todo el año, para prevenirlo y para atajarlo de raíz cuando sucede?, y por contraposición ¿cuánto va a costar a los ciudadanos de Castilla y León el operativo desplegado para controlar los fuegos una vez declarados? El coste pudiera ser, al menos, diez veces superior, un coste que vamos a pagar todos los ciudadanos, usted y yo incluidos.

Otras preguntas que deberían responder los responsables son las siguientes: ¿Cuánto valen las vidas humanas que se han perdido en los incendios de Castilla y León? ¿Cuánto valen económicamente los bosques que han desaparecido en Castilla y León? ¿Cuáles son las pérdidas económicas de los pueblos de las zonas abrasadas? ¿Cuántos habitantes de estos pueblos van a verse obligados a emigrar, en contra de su voluntad, para poder subsistir en los próximos meses o años, contribuyendo al vaciamiento de la España ya de por si vaciada?

Parece evidente que la prioridad actual debe ser reforzar los dispositivos antiincendios durante el resto del verano, que además de finitos han mostrado ser claramente insuficientes, aunque a pesar de la incapacidad para gestionar lo sucedido hasta la fecha no parece que se estén contratando nuevos medios, pero no está de más ir pensando en delimitar responsabilidades políticas y penales si las hubiera, tanto dentro de la administración política como de las empresas beneficiarias de las contratas y subcontratas realizadas por la Junta de Castilla y León.

Como ya he señalado anteriormente un incendio forestal puede tener muchas causas y en sí mismo no debe ser un problema político, lo que sí es político, y por tanto susceptible de aplauso o crítica, es la gestión que se haga de la prevención y control de los incendios. Lamentablemente en Castilla y León no podemos aplaudir y si estamos en nuestro derecho de criticar. Dejar pasar el tiempo hasta que se apague la indignación popular no es, no puede ser una respuesta. Cuando un monte se quema algo nuestro se quema.