El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha remitido una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que solicita al Gobierno de España que se posibilite la participación de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales en las medidas de ahorro energético previstas en el Real Decreto Ley. Asimismo insiste en que se establezcan cauces de diálogo con los sectores productivos afectados.
Ical.- Esa es, de momento, la principal valoración de la Junta sobre el plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno (que será de obligado cumplimiento al ser un decreto), tras el furor negacionista mostrado la víspera por el vicepresidente, Juan García-Gallardo, de Vox, quien vía Twitter hizo ruido anunciando un recurso ante el Tribunal Constitucional para frenar estas medidas.
Este viernes, García-Gallardo, también vía Twitter, explicó que mantuvo una reunión con el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y al concluir moduló su mensaje y anunció que pedirá «los informes jurídicos pertinentes» para valorar la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional lo que ha denominado como «chapuza legal de Sánchez», en relación a las medidas aprobadas por el Gobierno de España para impulsar el ahorro energético ante la crisis provocada por la guerra en Ucrania.
En un mensaje difundido a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, el vicepresidente de la Junta aseguró haber mantenido una conversación esta mañana con el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, en la que acordó con él pedir los dichos informes jurídicos con la voluntad de valorar la posibilidad de establecer un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Según García-Gallardo, todo se debe a lo que denomina la «chapuza legal de Sánchez», al afirmar que el presidente del Gobierno de España «impone medidas ineficaces frente a la crisis energética».
La carta
Fernández Carriedo argumentó en la misiva enviada a la ministra que en la Conferencia Sectorial de Energía -celebrada el pasado jueves 28 de julio-, no se hizo referencia al contenido de la inminente aprobación por parte del Gobierno de la Nación del mencionado Real Decreto Ley y su impacto sobre multitud de actividades, más cuando estas medidas se aplican a la Administración y a diferentes sectores económicos.
Asimismo, el consejero de Economía y Hacienda ha manifestado a la ministra que sería necesaria la celebración de una reunión urgente de la Conferencia Sectorial de Energía, para así aclarar las dudas interpretativas que plantea el Real Decreto Ley 14/2022.
En ese sentido, ha hecho referencia a cuestiones como la necesidad de clarificar a quién corresponde la potestad y mecanismos para controlar el cumplimiento de las temperaturas máximas, de los horarios establecidos, así como resolver las cuestiones relativas a la efectiva instalación de mecanismos automáticos de cierre de puertas, las limitaciones a partir de las 22 horas que se aplican en relación a la iluminación de carácter artístico y/o monumental de nuestras ciudades y municipios, y hasta qué hora se limita la iluminación de los escaparates y edificios públicos.
El consejero, según se informa desde la Junta, también ha añadido que la normativa debiera ofrecer la seguridad jurídica para excepcionar del cumplimiento de los umbrales de temperaturas a determinados lugares y establecimientos sanitarios, asistenciales, dotacionales y educativos.
Además, Fernández Carriedo ha hecho referencia a la solidaridad de Castilla y León con el conjunto de España en materia energética, que se pone de manifiesto tanto en su contribución a la producción energética, como en el compromiso de ahorro en el ámbito de sus competencias.
