La Junta encargará un informe sobre la viabilidad de abrir Garoña

La Junta de Castilla y León defendió hoy la “coincidencia” y la visión “muy similar” que mantienen los dos socios, PP y Vox, sobre la central nuclear de Santa María de Garoña (Valle de Tobalina, Burgos) e insistió en que no quieren sustituir «a nadie», en referencia a Nuclenor, el operador de la planta atómica, a quien le correspondería la iniciativa de solicitar su reapertura.

Ical.- En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, garantizó la “máxima transparencia” y el cumplimiento de la ley en referencia al estudio de viabilidad de la central que encargará la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, tal y como anunció este miércoles el vicepresidente Juan García-Gallardo.

Fernández Carriedo indicó que la elaboración del estudio anunciado responde a un problema «serio» como es el coste de la energía, ya que persigue ofrecer a los ciudadanos las mejores respuesta en una situación de crisis. Además, indicó que están «abiertos» a anteponer las soluciones a las ideologías y que cualquier empresa que tenga un proyecto podrá contar con la Junta para desarrollarlo al ser una «administración amiga», que pone «alfombra roja» para facilitar el empleo y la actividad.

No obstante, el consejero reiteró que es a los promotores de la central, las energéticas Iberdrola y Endesa, a quienes corresponde presentar el proyecto a la administración, pero recalcó que por el momento no han recibido nada. Además, rehusó aclarar si el Ejecutivo había contactado con las dos compañías antes de anunciar la elaboración de un estudio de viabilidad.

Además, Fernández Carriedo volvió a sostener que es al promotor de la planta a quien le corresponde tomar la decisión de reabrir Garoña, ya que subraýó son los empresarios los que «arriesgan» su dinero, «conocen el mercado» y el sector energético. Además, señaló que también serían ellos quienes deberían elevar una consulta al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Por el contrario, apuntó que a las administraciones les corresponde, si hubiera solicitudes, tramitarlas.

El titular de Economía aseguró que en la Junta tienen una postura “muy diferente” a la del Ejecutivo central en materia energética, porque denunció solo busca el ahorro, a través de prohibiciones y sanciones, y no apuesta, por ejemplo, por ampliar la vida útil de las centrales nucleares.

En ese sentido, el portavoz sostuvo que la Junta “no ha hablado con nadie fuera” de la Junta para fijar su posición sobre la reapertura de Garoña, sino que lo ha hecho “dentro”, en referencia al senador por la Comunidad Javier Maroto, que en el pasado se mostró a favor del cierre de la planta atómica burgalesa, próxima a la provincia de Álava.

Igualmente, Fernández Carriedo recordó que la Junta siempre se opuso al cierre de la central nuclear de Garoña, ya que considero “precipitado” su clausura, como reiteró lo fue en el caso de las minas y las térmicas. Esto, continuó, ha hecho que ahora se esté pagando las consecuencias de aquellas decisiones, por lo que consideró que se deben buscar las fuentes que ayuden a reducir el coste de la energía.

De esta forma, el portavoz de la Junta indicó que los dos socios defienden que se puedan utilizar todos los medios disponibles dentro del mercado energético, porque España es un país deficitario, más allá de que la Comunidad produzca más energía de la que consume y la exporte al resto de territorios.

Finalmente, el consejero de Economía y Hacienda descartó eliminar el impuesto sobre la afección medioambiental de aprovechamientos sobre agua embalsada, parques eólicos e instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, que reporta a la Comunidad 60 millones. Fernández Carriedo desvinculó este tributo propio con la rentabilidad de Garoña al ser hechos impositivos diferentes, que añadió no afectan a pymes y empresas en exclusiva de Castilla y León.