La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) reclamó este viernes al Gobierno central que repercuta el exceso recaudatorio del Estado como consecuencia del aumento de precios en una bajada temporal de IVA de productos alimentarios, una cuestión para la que “hay margen”, tal y como explicó su director general, Ignacio García, quien presidió en Valladolid la Junta Directiva de esta organización, y que en Castilla y León está representada por Asucyl y su presidente, José Daniel Posadas.
Ical.- “Es un impuesto inflacionista, a tipo fijo, por lo que el Estado recauda más porque los precios son más altos, con un exceso de recaudación importante”, expuso García, quien reclamó un análisis de esta medida, “sin comprometer los ingresos del Estado”, para que parte de ese exceso “se devuelva con una reclasificación de los tipos o reduciendo el IVA”.
En este sentido, propuso que algunos productos que cuentan con un 21 por ciento de IVA bajen al 10; del 10 al cuatro; y del cuatro al cero. “Se puede hacer. Se puso en marcha temporalmente en Alemania y tuvo buenos resultados”, indicó el presidente de Asedas, quien como representante de la patronal consideró que no son ellos los que deben decidir qué productos se podrían beneficiar de esta bajada, sino que “corresponde a toda la cadena y en el marco de la regulación europea”.
Recordó que desde el mes de el sector necesita un coste sostenible de la energía, que “actualmente no lo es”. En este punto, otra de las peticiones se refirió al traslado a una normativa de su “esencialidad” en la sociedad. En este sentido, explicó que durante la pandemia se les consideró sector esencial, “pero se olvidó rápido”.
Ahora, continuó, pidió un reconocimiento a efectos del precio de la energía, para “poder disponer de un coste sostenible”, principalmente para aquellos subsectores con un peso de sus gastos del 30 por ciento vinculado a la energía. “Tenemos supermercados muy eficientes que han triplicado su gasto energético y esto se comerá los beneficios. Habrá cadenas que den resultados negativos”, advirtió García.
Otras dos peticiones marcaron la Junta Directiva. Por un lado, el transporte, para el que demandó un coste “razonable” de los combustibles y que ha empujado a aumentos de hasta un 10 por ciento de frutas y hortalizas; así como el acceso a las materias primas, porque España, apuntó, es deficitaria en cereales y alimentación ganadera, sectores con gran dependencia de Rusia y Ucrania.
“El Gobierno ha tomado medidas para el acceso a nuevos mercados y en el etiquetado, pero necesitamos más, porque esta situación se puede consolidar. Si somos esenciales, también lo somos esenciales para eso”, dijo.
Por todo ello, García pidió comprensión a la sociedad y apeló a la responsabilidad de todos y defendió que aunque “haya sorpresa por los precios de algunos productos en los lineales, si se analiza margen por margen de cada eslabón se ven precios objetivos y que el distribuidor es el que tiene el más bajo”.
“A medida que el producto se acerca al consumidor, el margen desciende”, destacó el presidente de Asedas, quien pidió a la sociedad conocer bien la realidad de la cadena de valor, ya que ellos, dijo, “no son los causantes de la subida de precios”.
Lo achacó a un incremento de precios de materias primas, que empezó a principios de 2021, un aumento del coste en carburantes y a la energía (principalmente desde hace un año. “Las mismas cadenas que han mantenido esos precios y un esfuerzo durante la pandemia, ahora se enfrenta a circunstancias excepcionales”, defendió. Se trata, argumentó, se causas “objetivas y desgraciadamente fuera de nuestro control y fronteras”.
Actualmente, el IPC de la alimentación está en el 13,8 por ciento (agosto), récord de los últimos 20 años, frente al 10,4 por ciento del IPC general. Si bien es cierto, dijo, que la principal característica de la alimentación en estas dos décadas ha sido “la estabilidad”.
Negocio atomizado
Por su parte, José Daniel Posadas consideró que el sector “no se valora como colectivo general”, ya que Castilla y León posee un sector agroalimentario e industrial “muy potente”, que “hace el trabajo como hormiguitas”.
Actualmente cuenta con 1.052 tiendas, tres de cada cuatro metros cuadrados de superficie comercial en la Comunidad; general 14.000 empleos directos y un nivel de negocio de 2.750 millones de euros, con una balanza comercial favorable para la Comunidad, porque “compra productos a proveedores locales por encima de los 3.000 millones”, un 11 por ciento positivo, según datos recogidos por la consultora Retail Data en el informe ‘La distribución alimentaria de proximidad en Castilla y León’.
