Profesionales agroganaderos de Castilla y León ‘tomaron’ hoy las calles de la ribera del Pisuerga en la ciudad de Valladolid para reclamar a Junta y Gobierno de España que “dejen sus guerras políticas” y afronten de manera conjunta un plan de choque que incluya 1.000 millones de euros en ayudas para “salvar al sector”. Curiosamente, la PAC deja 900 millones anuales en subvenciones entre los profesionales el campo de CyL.
Ical.- Un millar de personas, según informó la Policía Nacional a Ical, se sumaron así a la convocatoria realizada por las organizaciones profesionales agrarias Asaja, UPA y COAG para manifestarse ante la Delegación del Gobierno en Castilla y León, y recorrer posteriormente diversas calles de Valladolid hasta acabar frente a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, para reclamar también el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y un topaje al precio de sus insumos bajo el lema “si el campo no puede producir, la ciudad no podrá comer”.
Y es que el sector afronta una situación de incertidumbre que “nunca había tenido como en estos momentos”, según informó el presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, instantes antes del comienzo de la manifestación, debido al aumento de los costes que hace que “sean mayores que la rentabilidad de la propia producción”. Esto puede llevar, según el principal representante de Asaja en la Comunidad, a “retroceder 40 años en cuanto a siembras, producción, abonados y utilización agronómica”.
“La agricultura y la ganadería profesional de Castilla y León, que es el granero de España, se arruina porque los costes de producción no nos permiten desarrollar nuestra actividad”, continuó esgrimiendo Dujo, que aseguró que el precio de los insumos para una explotación de 150 hectáreas se han multplicado en un año de los 75.000 euros que costaron en 2021 a los 180.000 euros que requieren en 2022 “sin saber qué se va a coger ni a qué precio se van a poder vender los productos”.
Esta opinión fue corroborada por el secretario general de UPA en Castilla y León, Aurelio González, que calificó la situación para el sector como “muy delicada” debido a que las ayudas que el Ministerio concedió en marzo “se han quedado escasas” ante el incremento de los costes de producción, y la incertidumbre puede llevar a muchos agricultores a “arriesgar un capital para producir alimentos para la sociedad que, si viene un año como este, arruinará a algunos y se tendrán que marchar”.
No obstante, González recordó que solo con las tarifas del regadío, que se han duplicado, además de aplicar la tasa del gas en las facturas, se ha multiplicado el coste en un 200 por cien, una situación que “no hay explotación que lo aguante”.
Más allá fue su compañero en la Alianza, el coordinador regional de COAG, Lorenzo Rivera, que aseguró que el precio del abono se ha duplicado desde los 421 millones que se invirtieron para utilizar 1,1 millones de toneladas en la pasada campaña a los 900 millones que costaría el uso de la misma cantidad en el día de hoy. “Estamos en una situación compleja que nunca habíamos conocido ante una sementera que vamos a comenzar”, reflexionó.
Peticiones
Por ello, las tres organizaciones agrarias salieron hoy a la calle en Valladolid para reclamar un plan de choque a Junta y Gobierno, más aún ante una PAC que entrará en vigor el 1 de enero y que Dujo calificó como “retrógrada, demagógica, medioambientalista, no productiva y restrictiva”, mientras que Rivera aseguró que queda “desfasada” y es “inútil” dado que “ataca a los profesionales y nos va a llevar a menos producción cuando más se necesita”.
Mayor motivo, según los convocantes, para pedir, por un lado al Gobierno, que “deje de criminalizar al sector” por no ser el culpable del incremento de la cesta de la compra, y ponga “topes al fertilizante, a la electricidad, al gasóleo y a la maquinaria” para evitar el posible “desabastecimiento de los productos principales y primarios para la alimentación de las personas”.
También exigieron desde la Alianza UPA-COAG “que se regulen las tarifas de riego” para solo pagar la luz “cuando la consumimos”, una fiscalidad “acorde” con un IVA reducido al diez por ciento para los regantes y la igualación del IVA ganadero al de la agricultura, y un “control a la especulación”, especialmente en relación a las tarifas eléctricas, puesto que “se están comiendo toda la producción que tenemos”.
Asimismo, a la Junta se le exige “que cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria”, por ser “la mejor herramienta que tenemos para subsistir”, a través de la creación de un Observatorio de Precios que publique los costes de producción oficiales para que sirvan de base para hacer los contratos, porque de lo contrario, “las empresas se van a seguir riendo de agricultores y ganaderos”.
Por último, las opas también pidieron a la Junta que, ante el cambio climático, “se potencien los seguros” poniendo entre 18 y 20 millones de euros encima de la mesa para “subvencionarlos”, especialmente en un momento en el que “con las perspectivas de subida de rendimiento y precio, van a costar carísimos y no se pueden contratar si no se subvencionan”.
“Hoy nos jugamos mucho, la supervivencia de la agricultura tal y como la conocemos en Castilla y León”, concluyeron desde las tres organizaciones convocantes, por lo que consideraron “importante conseguir precios justos y respeto por parte de los grupos animalistas, ecologistas, veganistas y por los políticos que les dan cobertura” ya que “la despoblación rural solo se combate con explotaciones agrarias y ganaderas que sean rentables, porque sino, no se va a quedar nadie en los pueblos”.
