La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, anuló una orden de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, de 1 de diciembre de 2020, por lo que obliga a la Junta a dar información sobre muertes y contagios provocados por el COVID-19 en las residencias de mayores de la Comunidad de titularidad privada.
El TSJ ha admitido un recurso por el que se reconoce a un particular el derecho de acceder a la información pública solicitada y ordena a la Consejería que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, facilite toda la información solicitada en fecha 4 de mayo de 2020.
Entonces, el recurrente presentó una solicitud de acceso a información pública en la que solicitaba información sobre el número de personas contagiadas en las residencias, entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2020, desglosado por residencias; el número de personas fallecidas en las residencias en el mismo periodo, desglosado por residencias e indicando positivos y con sintomatología compatible, y el número total de fallecidos de cada residencia con positivo confirmado o con sintomatología compatible, así como enumerar cuántos decesos se produjeron en la residencia y cuántos en el hospital.
Esta petición fue estimada parcialmente por Orden de la Consejería de Familia mediante una orden de fecha 3 de junio de 2020 por la que concedía el acceso a la información solicitada relativa a cada uno de los centros residenciales de titularidad de la Junta, pero en la que denegaba el acceso a la información solicitada relativa a cada uno de los centros residenciales privadas.
El TSJ también condena a la Junta al pago de las costas y señala que la sentencia no es firme, por lo que se puede interponer recurso de casación en el plazo de treinta días.
Críticas
Sobre la sentencia, la secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, vinculó esta respuesta del alto tribunal de la Comunidad con una “cadena de despropósitos” en el “deterioro” de la calidad democrática de Castilla y León, tras la llegada de Vox al Gobierno de la Junta, pero a su juicio también con el PP, por “muchos años de prácticas deleznables” para ocultar información y “tratar de manipular”.
También se dirigió a “miles” de familiares y amigos de los fallecidos durante la pandemia del COVID-19 en las residencias de mayores para mostrarles su apoyo. “Tienen nuestra palabra no pararemos hasta que se sepa toda la verdad”, dijo. Y añadió que el pronunciamiento del TSJ, tras el recurso contencioso-administrativo de un diario digital, es un “paso más” para que los allegados de las víctimas del COVID puedan recuperar la “dignidad”.
Por su parte, Ciudadanos Castilla y León celebró la sentencia que ordena al Ejecutivo autonómico a facilitar el acceso a los datos de fallecidos en residencias durante la Covid. “Estamos satisfechos con esta noticia”, manifestó el procurador naranja, Francisco Igea, quien expuso que “confirma expresamente” su criterio de entonces”.
A su juicio, esta sentencia “viene de la mano de la excelente e incansable labor del ex directo del Transparencia y Buen Gobierno de la Junta Joaquín Meseguer”.
