La Unión General de Trabajadores (UGT) se ha mostrado favorable con el acuerdo para la revisión salarial de los empleados públicos. Tal y como indica la organización, su obligación es “asegurar que tres millones de empleados públicos puedan paliar el efecto de la inflación en su economía”.
UGT Servicios Públicos ha dado el visto bueno al acuerdo con el Gobierno que fija, en materia salarial, una subida del 9,5% entre 2022 y 2024. El sindicato señala que, “la subida que proporciona el acuerdo amortigua, de manera razonablemente realista, los efectos de la subida de la inflación en el poder de compra de los casi tres millones de empleados públicos de nuestro país”. Además, señala que se trata de un “acuerdo que recupera los derechos perdidos y construye la Administración para el siglo XXI”.
Al término de la reunión de la Mesa del Diálogo Social, Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, ha declarado que “UGT apoya este acuerdo desde la coherencia, el realismo y la responsabilidad que nos caracteriza. Un texto que pone en alza la importancia de la negociación colectiva para lograr acuerdos que mejoren la vida de los trabajadores y la ciudadanía en general. Por primera vez en un periodo de crisis, los empleados públicos tendremos un incremento salarial, en vez de sufrir recortes en derechos y nuestros sueldos”.
Según recoge el acuerdo, el Gobierno plantea una subida salarial máxima del 9,5% entre 2022 y 2024, cuyas cifras se distribuirían en tres años de la manera siguiente:
2022: un incremento del 1,5% consolidable, sobre el 2% inicial fijado en los Presupuestos Generales del Estado para este año. La subida tendría carácter retroactivo desde enero y se abonaría en una paga adicional antes de que acabe el año.
2023: subida fija del 2,5%, más dos subidas variables de 0,5% cada una. La primera operaría si el IPC armonizo de 2022 y 2023 supera el 6% – correspondiente a la suma del incremento salarial previsto inicialmente para estos dos años-, tendría carácter retroactivo, consolidable y se haría efectiva en octubre de 2023. La segunda se cobraría si el PIB nominal en 2023 llega al 5,9%.
2024: aumento fijo del 2% más un 0,5% variable que se cobraría si el IPC armonizado de 2022, 2023 y 2024 supera el 8%. Se cobraría con carácter retroactivo y es consolidable.
