Este lunes ha dado comienzo el juicio por presunta coacción contra la exalcaldesa de Béjar, María Elena Martín Vázquez, por el incidente que protagonizó con varios agentes de la Policía Local durante una fiesta ilegal en la calle Mansilla de la citada localidad, en la que participaba el hijo de un concejal del equipo de gobierno. Los hechos se produjeron en la madrugada del 13 al 14 de noviembre de 2021 y acabaron provocando la dimisión de la regidora. Durante su declaración, la acusada ha insistido en que nunca ha “injerido en la labor de la Policía Local”. No obstante, ha reconocido no tener “la claridad de cada frase”.
La Audiencia Provincial de Salamanca ha acogido en la mañana de este lunes el juicio en el que se acusaba a Elena Martín Vázquez de un delito de coacción y otro de prevaricación por los hechos sucedidos el 14 de noviembre del 2021. Aquella noche, aún con restricciones para las reuniones debido a la pandemia, en un local del número 16 de la calle Mansilla se produjo una fiesta con “más de una treintena” de jóvenes. Ante la llamada de los vecinos por los ruidos, una dotación de la Policía Local acudió al lugar para comprobar lo que sucedía y tomar las medidas correspondientes.
Posteriormente, el entonces concejal de Deportes, José María Muñoz Acha, se personó allí debido a que sus dos hijos se encontraban en el interior de dicho local. Tal y como ha explicado en la Audiencia Provincial la exalcaldesa bejarana, conoció lo que estaba sucediendo por una llamada de Acha, que “estaba muy nervioso”. El concejal le dijo, según Martín Vázquez, “por favor, ven. Esto no puede seguir así”. “Y cometí el error de acudir”, ha admitido la acusada.
Una vez llegó al lugar de los hechos, ha asegurado que “estaba muy nerviosa”, algo que ha reiterado en repetidas ocasiones durante su declaración. También ha insistido en que “lo primero” que hizo al llegar fue preguntar a los policías municipales lo que estaba sucediendo. No obstante, dichos agentes han afirmado que la entonces regidora llegó diciendo “en un tono muy exaltado” que no denunciasen, que parasen o que no se iban a tramitar las denuncias, sin preguntar previamente. Por su parte, ella ha asegurado que “en sus años de alcaldesa”, jamás ha “injerido en la labor de la Policía Local”, pese a que “en esa ocasión me pareció desproporcionada”.
“Cuando los agentes me pidieron una orden por escrito, me dirigí al coche para ir al Ayuntamiento, pero entonces me he serenado un poco y me he dado cuenta de mi error. Fui consciente de mi error a los 10 minutos de llegar allí”, ha explicado Martín Vázquez. Tras eso, relata que regresó donde se encontraban los agentes y “les he dicho: ‘vamos terminando con las denuncias’ y, a los jóvenes: ‘vamos, salid ya y terminemos con esto’”.
Asimismo, la exregidora ha reconocido que alguna de las frases que les dijo a los agentes “se lo dije en el transcurso de un calentón verbal”. Además, ha añadido: “No soy consciente de todo lo que dije. No tengo la claridad de cada frase”. Pese a ello, ha recalcado no tener “conciencia de haber amenazado a los agentes” y que algunas de las cosas que dijo se debieron “a mi situación de ansiedad o calentón”. Según han indicado los propios agentes, llegaron a sentirse «intimidados» y creen que se produjo un «avasallamiento» contra ellos.
Por otro lado, ha recalcado que “se han tramitado todas las denuncias”, incluidas las de los hijos del exconcejal Muñoz Acha. También ha insistido en que había hijos de gente del Partido Popular”, ha añadido.
Ante una de las preguntas de la acusación particular, Martín Vázquez ha asegurado que, “en los relatos que hace la Policía hay errores, fallos y mentiras”, no obstante, ha matizado no quitarles “credibilidad”. Igualmente ha señalado que “estaba muy pesarosa por cómo me había comportado”, por lo que ha pedido a los agentes “disculpas de todas las maneras, y ellos las han aceptado”.
En una reunión posterior con los dos policías, la exalcaldesa pidió “disculpas una vez más” y planteó soluciones ante “la problemática del botellón”. A pesar de esto, los agentes han reconocido que les pidió “un perdón poco creíble” y que en dicha reunión les preguntó qué se podía hacer con las denuncias. “Bajo mi opinión, pretendía que no se tramitaran las denuncias”, ha dicho uno de los agentes.
Elena Martín Vázquez se enfrenta a un delito de coacción, al que la acusación particular pretende “demostrar que también es delito de prevaricación”. Respecto a las penas, el Ministerio Fiscal solicita dos años de prisión e inhabilitación para ejercer cargo público. En este sentido, aunque inicialmente pedía inhabilitación de empleo y cargo público, posteriormente ha matizado que solamente afecte al cargo público de alcalde o concejal.
Por su parte, la acusación popular solicita un año y seis meses de prisión, que, con los agravantes suma un total de dos años. También piden inhabilitación, pero, en este caso por un periodo de once años y afectando tanto a empleo como a cargo público. Desde la defensa solicitan la total absolución de la acusada.
