Tras la publicación del informe estatal sobre ozono elaborado por Ecologistas en Acción para 2022, la asociación ha denunciado que la contaminación del aire por dicho gas ha aumentado en Castilla y León. De esta manera, los niveles se han situado en los habituales durante los años previos a la pandemia. Además, el grupo ecologista ha achacado al cambio climático el incremento y ha reprochado a la Junta su inacción.
Este informe analiza los datos recogidos por 490 estaciones de medición, de las cuales 31 están en Castilla y León, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2022. Los resultados obtenidos no son positivos, ya que muestran que la contaminación por ozono ha vuelto a los niveles prepandemia. Desde el colectivo atribuyen este incremento al fin de las restricciones de la movilidad impuestas por el Covid y las olas de calor consecuencia del cambio climático.
Una vez obtenidos los resultados, Ecologistas en Acción concluye que “la totalidad de la población y el territorio de Castilla y León han estado expuestos este año a unos niveles inusuales” de ozono. Mientras tanto, denuncian que “la Junta de Castilla y León sigue sin adoptar medidas eficaces sobre el transporte, la industria y la ganadería intensiva” para reducir los niveles de esta sustancia.
Este gas es un contaminante muy complejo que se forma en la superficie terrestre en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, “emitidos por el transporte, las centrales termoeléctricas, ciertas actividades industriales o la ganadería intensiva”. Según los datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, causa entre 1.500 y 1.800 muertes al año en España
Tal y como han indicado, “el empeoramiento de la situación” se ha producido especialmente “en León, el Bierzo, la Cuenca del Ebro, la zona Duero Sur y el Valle del Tiétar y el Alberche”. En este sentido, recalcan que “en 2022 se han producido ocho superaciones del umbral de información en Medina de Pomar (Burgos), El Maíllo (Salamanca), Peñausende (Zamora) y San Martín de Valdeiglesias (Madrid)”.
Por otro lado, la superación del estándar legal con respecto a los años previos a la pandemia ha experimentado un aumento del 3% en el conjunto de Castilla y León. Según los datos del Banco Mundial, la contaminación por ozono provocó un coste sanitario y laboral de 5.000 millones de euros en 2013. Asimismo, Ecologistas en Acción insiste en que “el ozono troposférico sigue siendo el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio en el Estado español”.
En base a todo ello, el grupo ecologista pide que “la contaminación por ozono debe abordarse como un problema sanitario de primer orden”. También lamenta que “la información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema”, así como la falta de protocolos de actuación frente a la contaminación por ozono o la implantación de zonas de bajas emisiones.
“Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono son la disminución del tráfico motorizado, la adopción de las mejores técnicas industriales disponibles, la sustitución de los disolventes orgánicos por agua, el ahorro y la eficiencia energética y el apoyo a las energías renovables en sustitución de las fósiles. También es necesario reducir el tráfico aéreo, penalizar fiscalmente a los vehículos diésel y una moratoria para las grandes explotaciones ganaderas intensivas”, concluyen los ecologistas.