El Ayuntamiento pide dinero a Sánchez por partida doble

El PP del Ayuntamiento se puso de acuerdo este martes para pedir dinero al presidente el Gobierno por partida doble. Primero, el alcalde, «para sufragar los gastos extraordinarios que los ayuntamientos tuvieron que realizar durante la pandemia». En segundo lugar, Fernando Rodríguez, autor confeso de las anotaciones en B de la financiación de una campaña electoral del PP salmantino, anunció que reclamará al Gobierno de España más de 7,7 millones de euros «como consecuencia de los perjuicios ocasionados por la declaración de inconstitucionalidad de la regulación legal de la plusvalía».

El alcalde de Salamanca y presidente de la Comisión de Cooperación al Desarrollo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Carlos García Carbayo, ha reiterado su petición de fondos estatales para que los gobiernos locales sufraguen los gastos extraordinarios que tuvieron que realizar durante la pandemia.

Durante su intervención en el Seminario sobre el Futuro de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, convocado por la Fundación Concordia y Libertad, García Carbayo ha señalado que los ayuntamientos “necesitamos recursos que complementen nuestros castigados presupuestos”.

“Sabemos gestionar bien el dinero y hemos demostrado un acertado uso de los fondos europeos cuando hemos tenido la oportunidad de gestionar proyectos financiados con los mismos”, ha indicado y, en este sentido, ha recordado que la reclamación “unánime” de la FEMP, de dotar de estos fondos extraordinarios a las entidades locales y reclamar un mayor porcentaje en la distribución de los fondos de resiliencia “no ha sido atendida”.

Según ha dicho, estos fondos permitirían también abordar nuevos programas de cooperación al desarrollo o en algunos casos “simplemente mantenerlos ante la que está otra vez cayendo”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Salamanca, tan reacio a cumplir las sentencias cuando le conviene, acordará este miércoles interponer una reclamación de responsabilidad patrimonial frente al Gobierno de España, en cuanto que representante del Estado Legislador, «como consecuencia de los perjuicios ocasionados a la Hacienda Municipal por la declaración de inconstitucionalidad de la regulación legal del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía). Unos perjuicios que se cifran en casi 7.705.000 euros».

El concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, explicó que el Tribunal Constitucional, en diferentes sentencias (años 2017, 2019 y 2021) declaró contraria a la Constitución la regulación del Impuesto contenida en el la Ley de Haciendas Locales. En este sentido, merece especial mención la Sentencia de 26 de octubre de 2021, que conllevó la imposibilidad de liquidar el Impuesto, lo que provocó que el Gobierno de España aprobara el Real Decreto-Ley 26/2021, de 8 de noviembre (que entró en vigor el 10 del mismo mes), con el fin de salvar el vacío legal provocado por la Sentencia citada.