El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 fue aprobado este jueves por el pleno del Congreso de los Diputados tras recibir el apoyo de diez formaciones parlamentarias –PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu, PDECat, Más País, Compromís, Nueva Canarias, PRC–, por lo que las terceras cuentas confeccionadas por Gobierno de coalición serán remitidas ahora al Senado, donde continuarán su tramitación durante el mes de diciembre.
La Cámara Baja dio luz verde a cada uno de los títulos y secciones que componen el proyecto de presupuestos –algo imprescindible, ya que, de haber sido rechazado alguno de ellos, hubiera fracasado el proyecto en su totalidad– tras haber llegado a acuerdos con otras ocho formaciones políticas a lo largo del trámite parlamentario desarrollado a lo largo del último mes.
Así, después de tres largas horas de votaciones y otra de receso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, celebraron la aprobación de las presupuestos con un rápido abrazo. Posteriormente, la titular se acercó velozmente a mostrar su cariño a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
El Gobierno no ha logrado revalidar los apoyos que logró para los presupuestos de los dos años anteriores, ya que Teruel Existe optó en esta ocasión por el ‘no’, pero consiguió el ‘sí’ de en torno a 187 diputados, lo que supone una mayoría más reforzada de la que arropó a Pedro Sánchez en su investidura como presidente del Ejecutivo en 2020.
Apoyo del PP en Defensa
Enfrente se situaron cerca de 160 votos en contra de PP, Vox, Junts, CUP, Foro Asturias y los dos diputados expulsados de Unión del Pueblo Navarro, además de los turolenses, y la abstención del diputado del BNG. No obstante, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo votó a favor de la sección 14, la de Defensa, para garantizar su aprobación sin importar la posición final de ERC y EH Bildu, reacios a incrementar el presupuesto en este capítulo. Sin embargo, los populares no fueron necesarios para salvar las cuentas, ya que los independentistas catalanes y los ‘abertzales’ se abstuvieron, mientras que Unidas Podemos votó a favor. Lo mismo sucedió con la sección 1, que recoge el presupuesto de la Casa Real.
Aprobado por la Cámara Baja, el proyecto presupuestario llegará ahora al Senado, donde el Gobierno quiere una tramitación ‘exprés’ sin incorporar ninguna nueva enmienda, ya que de lo contrario volverían al Congreso, para que las cuentas entren en vigor el 1 de enero de 2022. La previsión es que su aprobación definitiva se produzca el próximo 20 de diciembre, salvo que la Cámara Alta incorpore enmiendas.
‘Sí’ de ERC
El Gobierno de coalición ha superado el debate en el Congreso con bastante tranquilidad desde el primer momento. Antes de la primera jornada, ya había amarrado los apoyos de PNV, Más País, Coalición Canaria, Compromís y PRC, y el martes se garantizó la mayoría absoluta al sumar a EH Bildu y PDeCat. Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), en cambio, optó por no desvelar su sentido del voto hasta las últimas horas para apurar así las negociaciones.
En un primer momento, anunció un primer acuerdo con PSOE y Unidas Podemos para incorporar una serie de enmiendas que suponen 900 millones de transferencias para Cataluña en el ámbito ferroviario y de carreteras, que serán gestionados por la Generalitat. Sin embargo, los independentistas catalanes advirtieron de que esto todavía no prefigura su voto favorable y presentaron los avances como «un gesto» por su parte «a favor de la negociación presupuestaria”.
Finalmente, su portavoz, Gabriel Rufián, confirmó el ‘sí’ de los 13 diputados catalanes de su partido desde la tribuna del Congreso. A cambio, dijo, ERC consigue una decena de contrapartidas, entre ellas, que la Generalitat obtenga el “control” de “la agenda de las principales infraestructuras” en Cataluña, en línea con la transferencia de 900 millones de euros.
Bildu y PDeCat
No obstante, su apoyo no era indispensable gracias al ‘sí’ de Bildu y PDeCat. Los ‘abertzales’ anunciaron en la mañana del martes un acuerdo con el Gobierno para incorporar más de 400 enmiendas en todo el proceso parlamentario que, entre otras cosas, mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2023 la subida del 15 por ciento de las pensiones no contributivas y el tope del 2 por ciento a la subida de los alquileres.
La formación vasca también ha pactado con el Gobierno la transferencia de las competencias de Tráfico a la Región de Navarra para antes del 31 de marzo de 2023, así como la gestión de los gravámenes a la banca y a las energéticas a las comunidades forales y el compromiso de que se estudiará convertirlos en permanentes.
Por su parte, el PDeCat decidió apoyar los presupuestos cuando el Gobierno accedió a establecer la gratuidad de los autobuses públicos de líneas estatales a partir del año que viene en el marco de la invasión rusa de Ucrania. También logró la incorporación de 86 enmiendas por valor de 46 millones para Cataluña, que supondrán mayor inversión en centros de investigación, en equipamientos culturales para eventos, en acontecimientos deportivos, en ayudas al tercer sector catalán, y en medidas en favor de las cooperativas de trabajo asociado y la fiscalidad de las hipotecas inversas.
