Las Cortes de Castilla y León aprobaron este viernes los primeros presupuestos presentados por la coalición de Gobierno formada por PP-Vox, únicamente con sus votos, que suman mayoría absoluta, y en contra de toda la oposición que se quejó de que ninguna de sus casi 2.000 enmiendas haya podido tener encaje en las cuentas para 2023, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero.
Durante las dos jornadas del pleno, los procuradores de PP y Vox, que dieron réplica a las propuestas de la oposición, argumentaron que se trata de “un buen presupuesto”, con 13.809 millones de euros, un 12,35 más que el último, lo que le convierte “en récord” en recursos en la historia de la Comunidad.
En la votación de las secciones, el procurador de Cs, Francisco Igea, solicitó la votación por llamamiento de la enmienda 166 en la que plantea una ayuda de 2,5 millones, con 1.000 euros al mes, para enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Tras casi 25 minutos de suspensión del pleno, Carlos Pollán informó de que la Presidencia no aceptaba la votación nominal porque ya queda constancia en la votación electrónica.
El presupuesto sale casi como entró en las Cortes, con la excepción de las 34 enmiendas de PP y Vox incorporadas al dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda, que llegó al plenario. Son 34 enmiendas, de las que 20 han sido a la ley de Medidas y 12 numéricas, con 2,5 millones, centradas en su mayoría en mejoras en centros de salud.
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, admitió que este presupuesto se presenta en “un contexto económico de elevada incertidumbre, afectado por un deterioro de las perspectivas de crecimiento”, aunque defendió que se trata de “unas buenas” cuentas para la protección de las familias y el impulso del sector productivo de Castilla y León.
La conclusión de este pleno de presupuestos, en el que PP y Vox han aplicado el rodillo, la ofreció el socialista José Ignacio Martín Benito, cuando defendió sus enmiendas a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes: “Terminamos la liturgia, tengan unas felices fiestas”.
Hasta a un pasodoble -“fandanguillos y alegría”- acudió el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, para afear “la perfección” de PP y Vox al despreciar todas las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, con el argumento de “inviabilidad técnica”, en muchos de los casos.
En la última sesión presupuestaria, se aprobaron las cuentas de las consejerías de Industria, Comercio y Turismo, Familia e Igualdad de Oportunidades y Cultura, Turismo y Deportes, con la queja, de nuevo, de la oposición por no recoger ninguna enmienda de la oposición, como ya ocurrió ayer con las siete consejerías restantes.
Así, vio luz verde el presupuesto de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, dirigida por Mariano Veganzones (Vox), en un caldeado debate entre Alicia Palomo (PSOE) y Fátima Pinacho (Vox), mientras fuera de las Cortes se produjo la protesta de los sindicatos por el recorte de sus ayudas. Alicia Palomo defendió enmiendas para “la recuperación del diálogo social” y en contra del cierre del Serla, servicio de resolución de conflictos laborales.
En su réplica, Fátima Pinacho (Vox), que calificó de reiterativas e inviables las enmiendas, argumentó que están a favor de los cursos de formación y de las visitas de prevención a empresas, pero tildó de “auténtica vergüenza” que los agentes sociales perciban 800 euros por ello o duplicar servicios con el Serla. “El cargo superfluo es el exceso de altos cargos para un vicepresidente sin competencias”, respondió Palomo.
Por su parte, Igea renunció a todas sus enmiendas a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para centrarse solo en la 166, relativa a ayudas para los enfermos de ELA. El procurador pidió una reflexión, que completó después Pablo Fernández (Podemos) para solicitar “humanidad”. La popular Inmaculada Ranedo emplazó, desde el compromiso con estos pacientes, a una reunión el 10 de enero en la Consejería que dirige Isabel Blanco.
Sociales y menos impuestos
Los Presupuestos Generales de la Comunidad para el próximo año -están prorrogados los de 2021 por el adelanto electoral- ascienden a 13.809 millones, un 12,35 por ciento más que las últimas cuentas aprobadas en las Cortes, de ellos las consejerías contarán con 11.262 millones, con ocho de cada diez euros para sanidad, educación, familia y vivienda.
Según la Junta, se trata de unos presupuestos “eminentemente sociales” y enfocados a garantizar la calidad de los servicios públicos esenciales, el compromiso con el mundo rural, la familia, la juventud y la lucha contra la despoblación.
Otro elemento que resalta el Ejecutivo autonómico es la reducción de impuestos a empresas y familias con beneficios fiscales que aumentan en un 60 por ciento respecto a 2021 y que se traduce en un ahorro de 600 millones. De esa manera, se contribuye a reducir el impacto de la subida de precios y a impulsar la economía, en particular en el entorno rural. Los beneficios fiscales llegarán a 478.000 contribuyentes y están dirigidos, en especial, a familias, acceso a la vivienda y fomento del empleo. El importe medio del beneficio fiscal es de 1.254 euros.
Gasto de las consejerías
La Consejería de Sanidad se mantiene como la primera en gasto de la Junta de Castilla y León, con 4.753 millones de euros, un 8,87 por ciento más que en las últimas cuentas, pero son los departamentos inversores, como Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Cultura y Turismo y Movilidad y Transformación Digital las que más crecen por la inyección de los nuevos fondos europeos.
En concreto, Presidencia tiene un presupuesto de 176 millones (10,73 por ciento más); Economía y Hacienda, 542 millones (44,67 por ciento más); Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 566 millones (8,14 por ciento más); Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, 512 millones (60,34 por ciento más); Movilidad y Transformación Digital, 292 millones (29,92 por ciento más); Educación, 2.614 millones (10,82 por ciento más); Industria, Comercio y Empleo, 445 millones (24,30 por ciento más); Familia e Igualdad de Oportunidades, 1.263 millones (16,74 por ciento más); Cultura, Turismo y Deportes, 212 millones (50,92 por ciento más).
Así, las consejerías sociales van a disponer del 76,6 por ciento del gasto no financiero, hasta un total de 8.630 millones de euros, en lo que supone un esfuerzo conjunto sobre el PIB del 12,6 por ciento. Además, el capítulo de inversiones supera por primera vez los 1.000 millones de euros.
En el pleno, se vieron otras tres enmiendas de UPL relativas a la promoción del Reino de León como cuna del parlamentarismo, presentadas al presupuesto de las Cortes, que contará con 36,2 millones, con un incremento del 7,33 por ciento, en el que se engloban las instituciones propias (CES, Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo y Procurador del Común).
La sección Cortes de Castilla y León se aprobó con 70 votos a favor y nueve en contra de UPL-Soria Ya (seis) y el Grupo Mixto (Podemos, Ciudadanos y Por Ávila). Terminó el debate con el aplauso de la bancada de PP y Vox y la felicitación entre Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo, que se dieron la mano en el escaño.
Valoración del presidente
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, destacó que los presupuestos de 2023 aprobados esta mañana por las Cortes son los “más altos, más inversores y con menos impuestos” de la historia de la Comunidad y los que “necesita” Castilla y León.
Además, en un mensaje de vídeo que publicó en su cuenta de Twitter, el presidente autonómico afirmó que son los presupuestos que necesitan las familias, los trabajadores y las empresas de la Comunidad para “construir el futuro entre todos” y para «dar oportunidades a las personas de esta tierra”.
A su vez, Mañueco se mostró convencido de que los presupuestos generarán empleo, crecimiento económico y “calidad de vida”, y también destacó que son unas cuentas que incrementa el apoyo a las familias en vivienda, transporte y natalidad, así como en sanidad, educación y servicios sociales.
Por último, el presidente también resaltó que las cuentas aprobadas hoy también servirán para atraer a nuevas empresas y proteger a los autónomos “con más innovación, más digitalización y competitividad energética.
