El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes la prórroga de los contratos de alquiler en las mismas condiciones durante seis meses a partir de su finalización y la extensión del tope a la subida de los contratos vigentes, pudiendo subir los arrendadores un máximo del dos por ciento del precio en la revisión anual de los contratos.
Ical.- En la rueda de prensa en la que realizó el balance de fin de año y anunció el nuevo paquete de medidas para paliar la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, el líder del Ejecutivo dio a conocer esta novedad respecto a los decretos anteriores y después de días de presión del espacio de Unidas Podemos, que ha estado durante en las últimas semanas reclamando al PSOE en público y en privado la congelación de los alquileres.
Esta medida se limitará a los contratos que estén en vigor y finalicen antes del 30 de junio, dado que el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, lamentó esta mañana que hasta que no se apruebe la Ley de Vivienda es “muy difícil” que la regulación afecte a los nuevos contratos “porque ni siquiera hay un índice al que poder referenciarlo”.
Durante estos días, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, señaló en su perfil de Twitter que era “imprescindible” dar “garantías” a los trabajadores, apuntando que el “principal gasto de las familias” es la vivienda por lo que tocaba “darles tranquilidad” y urgía “actuar en materia de alquileres”.
En los mismos términos, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, apuntó también en Twitter que “la mejor noticia de esta Navidad para mucha gente” sería que el Gobierno “congele los alquileres” y las hipotecas a tipo variable, subrayando la “necesidad” de que el PSOE entendiese que “este es el principal gasto de la mayoría de familias”.
Además, el líder del Ejecutivo anunció también la suspensión de los desahucios y lanzamientos hasta el mes de junio. En cambio, la propuesta de congelación de las hipotecas a tipo variable, que habría impactado en el acuerdo alcanzado entre Calviño y el sector bancario, no ha sido recogida en el nuevo paquete de medidas.
Tope del 2%
En cuanto al tope del dos por ciento, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2023, una medida que afecta a los inquilinos cuya renta “deba ser actualizada porque se cumpla la correspondiente anualidad de vigencia” dentro del periodo en el que esté vigente la norma.
Así, se establecía que la subida no podía exceder la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad, que, a pesar de que sitúa en el 8,6% en el último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE), el valor de referencia es el dos por ciento que el Banco Central Europeo (BCE) sitúa como objetivo a medio plazo de la inflación.
Tanto si el arrendador era un gran tenedor -más de 10 inmuebles o más de 1.500 metros cuadrados de superficie- o un pequeño propietario, la norma establecía que podía haber un acuerdo entre ambas partes para una subida inferior a ese dos por ciento, pero, a falta de acuerdo, el incremento estaría limitado a ese valor. En el mes de noviembre, la portavoz en el Congreso de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, anunció el voto positivo de la formación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a cambio de mantener en 2023 esta medida.
