La concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Salamanca, Virginia Carrera, ha denunciado que las medidas planteadas por Vox sobre el aborto pretenden cortar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Por ello, ha pedido la dimisión del “señoro” de Juan García Gallardo, así como la de Alfonso Fernández Mañueco.
Izquierda Unida exige al PP y Vox que “apuesten por una Sanidad pública en condiciones, que garantice no solo el derecho al aborto, sino también el acceso a una sanidad pública de calidad, la cual poco a poco la derecha ha ido desmantelando y vaciando de recursos con un claro objetivo: privatizarla”.
Desde IU denuncian que, “hace tan sólo unos días, en Ciudad Rodrigo hubo una movilización por falta de pediatras. Por poner un ejemplo, si de verdad la Junta estuviera interesada en la protección a la infancia, debería aumentar el número de profesionales de pediatría y de servicios, sobre todo en el entorno rural”.
El anuncio del Gobierno de la Junta que obligará al personal sanitario a ofrecer escuchar los latidos del corazón del feto, a una ecografía en 4D o derivar a una psicóloga, no solo es “obsceno, retrógrado, paternal y ridículo” es claramente querer mantener la línea que han llevado aquí el PP.
“En Castilla y León no se ha podido abortar en ningún centro público y el PP ha derivado siempre los abortos a la red privada. Con este último protocolo de nuevo se beneficiará a la red privada porque las mujeres van a seguir abortando y, a mayores, esto las obstaculiza para decidir sobre su propio cuerpo”, añade.
En palabras de Carrera, “no solo debe dimitir el ‘señoro’ de Gallardo, si no también Fernández Mañueco. No nos vale que rebajen ahora el mensaje, el PP tiene un acuerdo con Vox y esto es producto de su acuerdo. Si Mañueco pacta con la extrema derecha ya sabe a lo que se atiene, a protocolos machistas como este”.
“Estamos hartas de tanta violencia machista, la violencia que ejercen las instituciones recortando derechos también es machismo. Ya es suficientemente difícil para una mujer tener que abortar como para que ahora salgan con esto, hay una Ley estatal que nos protege y no la van a boicotear con sus misoginias”, expone.
Tal y como indica la concejala, “si realmente tuvieran intención de aumentar la natalidad, aumentarían la red de recursos públicos de cuidados de 0-3, gratuita y universal, plantearían medidas de conciliación reales, desarrollarían políticas para implicar a los hombres en el cuidado, llevarían años repartiendo gratuitamente métodos anticonceptivos o hubieran fomentado la educación afectivo sexual en los centros educativos y no se dedicarían a decir estas cosas, que no tienen ningún sentido en el siglo XXI”.
“Si estos políticos profesionales conocieran algo sobre las mujeres, sobre la decisión de interrumpir un embarazo y las dificultades que ha puesto siempre la Junta no habrían salido diciendo esta vulneración de derechos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres”.
La medida “es puramente coercitiva y vulnera los derechos de las mujeres a abortar en Castilla y León. Ya salimos a la calle a parar la Ley de Gallardón ahora no nos vamos a quedar sentadas”, concluye Carrera.
