La Junta de Castilla y León enmarcó hoy las medidas para prevenir abortos, anunciadas la semana pasada por el vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), en una mejora de las prestaciones sanitarias para las mujeres embarazadas y los profesionales de Sacyl, pero voluntarias para ambos, a la vez que se mantienen y no se modificarán los protocolos vigentes para la interrupción voluntaria del embarazo y atención a las gestantes.
Ical.- El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en una multitudinaria rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, trató de aclarar el alcance de las medidas anunciadas hace una semana por el vicepresidente, Juan García-Gallardo, que han generado una semana de polémica y el envío de dos requerimientos por parte del Gobierno.
Fernández Carriedo se remitió en todo momento a la nota de la Consejería de Sanidad de hace una semana y subrayó que no fue un acuerdo del Consejo de Gobierno, por lo que esas prestaciones no se publicarán en el Bocyl. En esa nota, único texto que existe de las medidas, está una atención psicosocial preferente a la madre, implantar un protocolo de latido fetal dentro de la atención programada en el primer trimestre, ofrecer ecografías 4D a las gestantes y respeto a la objeción de conciencia de los profesionales.
En esa mejora de las prestaciones y siempre desde el cumplimiento de la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo y las guías y protocolos, preguntado por el protocolo de latido fetal, manifestó que los médicos lo podrán ofrecer bajo su decisión clínica o la mujer lo podrá solicitar, pero siempre con el criterio de voluntariedad.
“Nunca se podrá obligar ni a las mujeres embarazadas, ni a los profesionales”, recalcó el consejero portavoz, que insistió en situar estas prestaciones en la mejora de los servicios públicos y en concreto de las gestantes, pero también remarcó que se mantiene la cartera básica de atención a las embarazadas.
Respecto de las ecografías 4D, explicó que se realizan en siete de las nueve provincias, excepto en Segovia y Ávila, a las que se dotará de ellas, pero precisó que se trata de un recurso también bajo la decisión voluntaria del médico y de la mujer.
El portavoz de la Junta, en relación a cómo se comunicarán estas prestaciones a los médicos al no existir un protocolo que las englobe o una indicación o instrucción, argumentó que los médicos conocen los medios con los que cuentan y que la Comunidad cuenta con unos buenos servicios públicos para atender, en este caso a las mujeres embarazadas.
También, tuvo que responder a por qué no matizó o corrigió al vicepresidente de la Junta cuando informó de estas medidas, si no eran como él las comunicaba a la prensa, a lo que señaló que “siempre las cosas se pueden hacer mejor” y “se puede aprender”. “No somos perfectos”, apostilló.
Igualmente, en relación a qué se acordó la semana pasada, insistió en que se trata de unas prestaciones sanitarias para las mujeres embarazadas, como se recoge en la nota de prensa de la Consejería de Sanidad. Así, explicó que hubo “un trabajo previo”, en referencia a las posiciones conjuntas de PP y Vox, que se comunicó como “un asunto adicional” en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.
Por último, afirmó que estas prestaciones encajan en el acuerdo de Gobierno de PP-Vox en sus apartados de mejora de los servicios públicos y de apoyo a las familias. “Castilla y León tiene una tradición en el apoyo a las familias y a la mujer embarazada”, indicó, para remitirse a la ley de 2008 por la que se creó la red de apoyo a la mujer embarazada.
