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Castilla y León

La Junta inadmite el requerimiento y el Gobierno le dice que no puede hacerlo

Se puede “contestar o no contestar” precisa el Ejecutivo central

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avisó este jueves desde Barcelona a la Junta de Castilla y León de que un requerimiento se “tiene que contestar, no se puede desestimar”, y alertó de que el Ejecutivo actuará “con contundencia” en su defensa de los derechos fundamentales. Además, dijo, «el Gobierno de Castilla y León sabe que tiene que responder al requerimiento».

Ical.- Así respondió en la rueda de prensa junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, cuando se le preguntó por la última decisión de Castilla y León de no responder a los requerimientos que le ha enviado el Ejecutivo central ante el posible cambio en el protocolo para las mujeres que quieran interrumpir el embarazo.

“No es un debate jurídico-técnico ni administrativo”, expresó Sánchez, porque “un requerimiento se tiene que contestar, no se puede desestimar, hay lógicamente que responder por parte, en este caso, del Gobierno de la Junta de Castilla y León”.

En este sentido, Sánchez ahondó en que no caben “ambigüedades” porque el asunto atañe a “derechos fundamentales” por lo que el Gobierno, desde el momento en el que tuvo conocimiento de “este no acuerdo o acuerdo”, optó por “plantear” una “invasión de competencias” porque es tarea del Ejecutivo “la defensa del derecho de las mujeres y por tanto la igualdad entre españoles”.

Por todo ello, avisó al Ejecutivo que encabeza Alfonso Fernández Mañueco de que, “con todo el respeto institucional que merece cualquiera de los gobiernos autonómicos de nuestro país, pero también con contundencia» el Gobierno seguirá trabajando en la garantía de los derechos de las mujeres.

“Sin ningún ánimo de entrar en ninguna polémica”, el presidente dejó claro que su Gobierno va a “cumplir” con la “obligación” de que se “cumpla con los derechos de todos los españoles y españolas, vivan donde vivan”.

La Junta responde

La Junta de Castilla y León calificó este jueves por la tarde de “falso” que un requerimiento no se pueda inadmitir, acuerdo que tomó esta mañana en el Consejo de Gobierno en relación a la falta de un protocolo de medidas antiaborto, y recordó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tomó la misma decisión en el caso de Aragón sobre la sede de la Agencia Espacial.

Así lo explican fuentes de la Junta de Castilla y León a Ical tras conocer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avisó de que un requerimiento se “tiene que contestar, no se puede desestimar”, y alertó de que el Ejecutivo actuará “con contundencia” en su defensa de los derechos fundamentales.

Según las mismas fuentes, “la prueba de que es falso”, el argumento al que alude Sánchez, está en el acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2022 en que que se inadmitieron los requerimientos de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel contra el procedimiento para determinar la sede de la agencia espacial española.

En ese momento, el Consejo de Ministros adoptó un acuerdo por el que se inadmiten los requerimientos previos interpuestos por el Gobierno de Aragón y por el Ayuntamiento de Teruel contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de septiembre de 2022, por el que se inicia el procedimiento para la determinación de la sede física de la Agencia Espacial Española.

Precisamente, el Consejo de Gobierno de Castilla y León adoptó hoy un acuerdo por el que inadmite el segundo requerimiento aprobado por el Consejo de Ministros y remitido por el Gobierno de España sobre la invasión de competencias por parte de la Comunidad en relación a la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo, recogida en la ley orgánica de 2010.

La aprobación

La Junta de Castilla y León adoptó este jueves un acuerdo por el que inadmite el segundo requerimiento aprobado por el Consejo de Ministros y remitido por el Gobierno de España sobre la invasión de competencias por parte de la Comunidad en relación a la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo, recogida en la ley orgánica de 2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, informó sobre la decisión tomada mediante un acuerdo en el que se argumenta que no ha aprobado ninguna acción o norma en esta materia.

Esto, dijo, ya supone una respuesta en sí misma al escrito remitido desde La Moncloa por lo que insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que cese en la toma de cualquier medida adicional sobre este asunto.

Siete días después, el Ejecutivo autonómico responde así al requerimiento aprobado este martes por el Gobierno de España ante las informaciones sobre las medidas de atención a las mujeres gestantes, que presentó hace una semana el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y que vinculó con el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

Fernández Carriedo recordó que esta decisión del Consejo de Gobierno se produce tras la carta remitida por el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, a la ministra Carolina Darias, así como a la comparecencia del pasado lunes del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a la que siguió el martes una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que negó cambios en el protocolo del aborto y que se fuera a obligar a actuar de una determinada manera a los sanitarios y mujeres.

Tres motivos

Fernández Carriedo explicó que la respuesta al Gobierno, que se enviará este jueves e irá acompañada del orden del día del Consejo de Gobierno anterior y el acta de la reunión, aprobada este jueves, detalla los tres motivos que llevan a la Junta a inadmitir el requerimiento, de acuerdo al informe de los servicios jurídicos de la Comunidad.

De esta forma, el Gobierno autonómico argumenta para no aceptar el escrito del Consejo de Ministros la “inexistencia” del asunto al que alude en el conflicto de competencias que plantea en su actuación previa al recurso ante el Tribunal Constitucional. Además, se señala que se ha incumplido el “requisito” que obliga a especificar -dijo- los preceptos, disposiciones, la resolución o el acto “viciado” por la incompetencia. “No existe acto alguno que impugnar”, sentenció.

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