El Gobierno de España movilizará 378 millones de euros para Castilla y León hasta el año 2030 para la implantación del nuevo Plan Estatal de Vivienda, acordado este jueves por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, que estuvo presidida por la ministra del ramo, Isabel Rodríguez.
El nuevo plan, según informó el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en un comunicado remitido a Ical, movilizará una inversión total de 7.000 millones de euros en todo el país, de los que 800 millones corresponden a la anualidad de 2026. En este primer año, a Castilla y León le corresponde una asignación de 43,2 millones de euros.
“Es muy importante el mensaje que hoy lanzamos a la ciudadanía: distintas administraciones de distinto color político nos hemos puesto de acuerdo”, subrayó la ministra, para añadir que “este es el camino. A este problema solo se le da respuesta desde el acuerdo, dejando a un lado los planteamientos partidistas para irnos a respuestas eficaces en las que todos estemos de acuerdo”, sentenció Rodríguez.
El nuevo Plan Estatal de Vivienda supone “una clara muestra de la voluntad de diálogo y consenso que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha puesto siempre sobre la mesa” para culminar la propuesta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó a las comunidades autónomas en la Conferencia de Presidentes de Barcelona para alcanzar un acuerdo de país por la vivienda.
El nuevo Plan Estatal de Vivienda triplica los fondos que gestionarán las comunidades autónomas y establece un modelo de corresponsabilidad por el que el Gobierno de España aporta el 60 por ciento y las comunidades autónomas, el 40 por ciento restante. Además, al menos un 40 por ciento de esos fondos se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30 por ciento a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30 por ciento restante, a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.
En ese sentido, el plan incorpora mecanismos para blindar la protección permanente de todas las viviendas que se construyan con sus fondos, al tiempo que se garantiza la transparencia en las adjudicaciones de viviendas protegidas a través de una cláusula antifraude. Asimismo, el Plan incluye medidas destinadas al fomento de la cohesión territorial e impulsa un sistema de datos públicos para favorecer el acceso de la ciudadanía a información veraz y transparente.
