La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León lanzó hoy una seria advertencia ante el inicio de la campaña de incendios: uno de cada cuarto puestos de agente medioambiental en la Comunidad está actualmente sin cubrir. En cifras absolutas, esto supone unas 237 vacantes sobre una plantilla teórica de 965 plazas, muy lejos de las más de 1.050 que existían en legislaturas anteriores.
“El problema no es solo actual, sino estructural”, explicó el presidente de Apamcyl, Esaú Escolar. “Tenemos una plantilla muy envejecida, sin relevo generacional, y con la nueva ley estatal que permite la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores, en cuatro o cinco años podríamos necesitar hasta 500 agentes más para cubrir las bajas previstas”, señaló en declaraciones recogidas por Ical.
“Todos los incendios empiezan siendo pequeños. Ahí es donde se decide si se controlan o se convierten en grandes incendios”, subrayó Escolar. En ese momento, el agente es quien coordina todos los medios disponibles, desde brigadas forestales hasta bomberos municipales, maquinaria privada o medios aéreos.
“Somos los únicos que, como funcionarios públicos, podemos dar órdenes ejecutivas con respaldo legal”, recalcó antes de proseguir: “No se puede sustituir esa función con personal que no tenga esa condición. Y eso es lo que está ocurriendo en algunos casos”.
Desde Apamcyldenuncian además un contexto operativo “caótico”, en el que confluyen múltiples administraciones y actores sin una coordinación plenamente eficaz. A esto se suma la falta de medios humanos en amplias comarcas, donde dos o tres agentes deben cubrir extensiones de más de 200.000 hectáreas durante el verano.
La organización también puso el foco en la falta de regulación clara sobre las jornadas laborales durante incendios. Según denuncian, el año pasado hubo agentes que llegaron a trabajar hasta 18 o incluso 20 horas seguidas. “El Comité Estatal recomienda no superar las 12 horas por seguridad, pero aquí no está definido ni cuándo empieza a contar la jornada: si desde que sales de casa, cuando llegas al incendio o cuando te activan”, explicaron.
Esta indefinición, aseguran, genera situaciones de riesgo tanto para los profesionales como para la eficacia del operativo. “Puedes empezar tu turno a las dos de la tarde, intervenir en un incendio a las seis y acabar a las seis de la mañana del día siguiente sin descanso, y después, conducir de vuelta a casa. Es un peligro evidente”, denunciaron.
Otro de los puntos conflictivos es la interpretación que hace la administración del Acuerdo 2007, que regula las guardias. Según la asociación, la Junta estaría utilizando de forma “torticera” un sistema de compensación horaria que acumula horas no trabajadas para exigirlas posteriormente, lo que contribuye a jornadas excesivas sin una compensación clara.
Más allá de los incendios, el sindicato denunció también restricciones en el acceso a los datos cinegéticos a través de aplicaciones gestionadas por entidades privadas. Según explican, los agentes ya no pueden consultar información clave como los precintos de caza más allá de 24 horas, lo que dificulta la lucha contra el furtivismo. “Es una dejación de funciones por parte de la administración, que está cediendo control a entidades privadas”, señalaron.
Asimismo, alertaron del uso fraudulento de visores térmicos en la caza mayor. Aunque su uso está autorizado excepcionalmente para el control del jabalí por la peste porcina africana, los agentes aseguran que en la práctica se están utilizando para otras especies sin posibilidad de control efectivo. “Es imposible demostrar si un cazador está usando el visor para jabalí o para corzo. Es una herramienta muy potente y difícil de fiscalizar”, advirtieron.
“La campaña de incendios va a empezar con las mismas condiciones que la anterior, que fue muy dura, y no vemos mejoras significativas, Estamos asumiendo la responsabilidad, pero con menos medios humanos cada año”, concluyó Escolar.
