La Junta de Castilla y León abre la puerta a realizar “aportaciones económicas” a la Fundación del Servicio de Relaciones Laborales (Serla), si bien exige un esfuerzo de “austeridad”, ante el inicio del proceso de supresión por la falta de financiación.
Esta posición, conocida con la Consejería de Industria, Empleo y Comercio, queda supeditada a las cantidades que estén dispuestas a destinar otros agentes -sindicatos y empresarios- e instituciones.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que la Junta no ha cambiado de postura y que “no se excluye de hacer una aportación” a este servicio. “Estamos dispuestos a hacerlo”, dijo al tiempo que señaló que Industria, en manos de Vox, “sí tiene conocimiento” de esta posibilidad.
En ese sentido, el portavoz de la Junta, que en el pasado fue titular de Empleo, aseguró que están dispuestos a “escuchar” la opinión de los sindicatos UGT y CCOO así como de la CEOE de Castilla y León, porque las decisiones sobre el arbitraje y la mediación les corresponde a ellos como agentes sociales y económicos firmantes del tercer Acuerdo para la Solución Autónoma de Conflictos Laborales (ASACL).
Al respecto, Fernández Carriedo repitió que la Junta no excluye la posibilidad de realizar una aportación a la Fundación del Serla, así como a buscar la financiación necesaria, que dejó en manos de los agentes sociales y económicos así como de otras instituciones. “Estamos dispuestos a hablar”, dijo el portavoz quien señaló que también habrá que ver qué cantidad pueden aportar el resto de partes, entre las que incluyó a otras instituciones.
Además, el consejero insistió en que no ha habido un cambio de posición y que la Consejería de Industria, Empleo y Comercio conoce esta posibilidad. De hecho, el 13 de enero, este departamento informó de que había propuesto una cofinanciación del servicio, de forma que la Junta asuma el coste que supondría la prestación del mismo a través de las oficinas territoriales de Trabajo y que el resto corriera a cargo de los firmantes del acuerdo interprofesional, lo que fue rechazado.
Fernández Carriedo repitió que la Junta garantiza en cualquier caso la prestación del servicio de relaciones laborales a través de los empleados públicos de las oficinas territoriales de Trabajo “sea cual sea la decisión que tomen” los sindicatos, la patronal y la Junta, como integrantes de la fundación que ha gestionado hasta ahora el SERLA. “Le cedemos el protagonismo”, insistió el consejero portavoz, quien añadió que se ponen a su disposición para conocer “cómo” quieren resolver los conflictos laborales.
“Estamos aquí para ayudar”, afirmó de nuevo el portavoz de la Junta, para referirse a que son los titulares de la negociación de los conflictos laborales, sindicatos y empresarios, los que deben determinar cómo quieren canalizar la mediación, puesto que está garantizada la actuación tanto en los colectivos individuales, que gestionan las oficinas de trabajo en todas las provincias menos en Valladolid, y los colectivos, que estaban en manos del Serla.
Finalmente, Fernández Carriedo reiteró que los representantes de trabajadores y empresarios deben ser los que determinen cómo van a arbitrar las soluciones a sus disputas laborales, de forma que a la Junta le corresponde “escuchar” y ofrecer una “garantía” sobre el servicio a partir de los medios públicos.
