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Opinión

Crisis del sistema nacional de salud

El Hospital Universitario de Salamanca. (Archivo)

Después que la pandemia Covid reventara las costuras del sistema sanitario público, que estaban ya bastante descosidas, en España y en otros países de nuestro entorno, en particular en el Reino Unido, los profesionales sanitarios en general, y en el caso de España los médicos en particular han dicho ¡basta! y siguiendo la estela del conflicto abierto en Madrid, han planteado movilizaciones y huelgas en la mayoría de las CC.AA. españolas. En algunas de ellas se han llegado a acuerdos, en otras, especialmente en Madrid, y a pesar de la gran implicación de la ciudadanía en el apoyo a las reivindicaciones de los sanitarios, el conflicto continúa, posiblemente porque es donde las contradicciones del sistema son más patentes y los intereses económicos privatizadores más fuertes.

Las reivindicaciones en todas las autonomías son similares: más tiempo para atender a los pacientes, menor número de pacientes cada día para poder atenderlos mejor, más recursos y mejores condiciones de trabajo (horarios y remuneraciones). Todo ello se traduce en mayor inversión en la sanidad y mejor distribución del gasto sanitario (dedicar al menos el 25% a la atención primaria).

Independientemente de cómo finalicen los actuales conflictos, y el final del conflicto de Madrid será determinante para todos, no cabe ninguna duda que se ha abierto un debate público sobre la sanidad en general y sobre el ejercicio de la medicina en particular, y no se reduce solo a la confrontación entre partidarios de la sanidad pública (los más), de la privada (los menos), y de las interacciones entre ambas.

Las reivindicaciones de los médicos tienen lógicamente una estructura básica referida a las condiciones de ejercicio de la profesión, que incluyen también aspectos acerca de la forma de ejercerla y que tienen como fin último mejorar la atención a los pacientes. Sin embargo, si algo han puesto de manifiesto estos conflictos es trasladar a la opinión pública, y a los políticos, que el sistema se está descomponiendo y que es preciso un gran debate público acerca del mismo. La respuesta de los gobiernos autonómicos está siendo decepcionante, incluso la de aquellos que han silenciado el conflicto accediendo rápidamente a las reivindicaciones más elementales. Los responsables de la asistencia sanitaria, todos, independientemente de ideología y filiación política, ya no pueden continuar viendo los toros desde la barrera, ni continuar silbando mientras miran al tendido de sol y van a tener que coger el toro por los cuernos.

Es preciso aprovechar la situación de crisis para realizar una verdadera catarsis del sistema y para ello se necesita un profundo debate acerca de los problemas que le afectan, empezando por la infrafinanciación y continuando por las respuestas a la forma de ofrecer la asistencia sanitaria que la población precisa. En el Reino Unido publicaciones científicas incuestionables como The Lancet reflejan este debate desde hace tiempo: el número del pasado 28 de enero incluye un editorial titulado “El National Helth Service está enfermo, pero es tratable”. En España el debate está abierto en publicaciones profesionales y en medios de comunicación, donde médicos con conocimiento de causa, por haber estado implicados en la gestión del sistema, comienzan a debatir al respecto.

En un artículo publicado en Redacción Médica el 5 de febrero José Luis Pedreira y Faustino Blanco señalan que “la insuficiente inversión, la falta de gestión y el funcionamiento del sistema fuera de sus capacidades, exacerbadas por la fatiga y desmoralización de los profesionales sanitarios son las causas del deterioro”. Artículos publicados en El País por José Manuel Freire o Fernando Lamata proponen una refundación del Sistema Nacional de Salud y señalan que, “aunque el SNS aguanta en España y todavía tiene una calidad muy aceptable, está tocado, y la tendencia actual, si continúa, nos podría llevar a una sanidad pública para pobres y otra privada para ricos”. Este mismo análisis fue avanzado por Rafael Bengoa en un editorial publicado en el País el 14 de junio de 2021 titulado ¿Una sanidad para ricos y otra para pobres?, donde continúa preguntándose “cómo es posible que esté en riesgo el sector que nos ha salvado de la devastación”.

Obviamente los problemas son diferentes en el Reino Unido y en España, pero existe coincidencia en la necesidad de reconocer la existencia de la crisis del sistema sanitario y aportar soluciones a corto plazo que pasan ineludiblemente por incrementar los recursos y poner en valor al personal del SNS, mientras se realiza un debate más profundo sobre la organización futura del mismo.

Por lo que respecta a los ciudadanos, para un 32,6% la sanidad es el principal problema que les afecta personalmente, y el segundo para el conjunto de la población (según el Barómetro del CIS de noviembre de 2022). Por ello, los ciudadanos también están participando en el debate por los medios que tienen a su alcance: redes sociales, cartas al director en los periódicos, opinando en debates de radio y televisión cuando se le invita, participando en encierros en asociaciones vecinales y, sobre todo, con una presencia masiva en cuantas manifestaciones y mareas blancas se convocan, y lo están haciendo de la mano de sus médicos y del resto de profesionales sanitarios, a los que siguen apoyando a pesar de los inconvenientes que les puedan reportar las huelgas. Saben que se están jugando el futuro.

A pesar de la gravedad de la situación, y en el actual contexto de polarización política y social, no está nada claro que las distintas fuerzas políticas y gobiernos estatal y autonómicos sean capaces de llegar a un consenso que conlleve un reforzamiento del SNS, a un pacto sanitario estatal, por lo que resulta fundamental que profesionales de prestigio, expertos en gestión sanitaria, como los que he citado con anterioridad en este artículo y otros muchos más, mantengan vivo el debate y que, ciudadanos y profesionales, continuemos caminando de la mano en la defensa de un sistema sanitario público que, manteniendo sus características de universal, gratuito y equitativo, de respuestas a las necesidades sanitarias actuales y futuras de la sociedad española.

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