Estos días hemos leído y escuchado mucho acerca del término pedagogía fiscal para explicar y justificar la conveniencia de que algunos de los perceptores del nuevo salario mínimo interprofesional paguen IRPF al superar por primera vez el tope exento de tributación, por no haberse actualizado por Hacienda los tramos de tributación.
Según el diccionario de la RAE, en su segunda acepción, la pedagogía es una “práctica educativa o de enseñanza en un determinado aspecto o área”, por lo que convendremos que pedagogía fiscal es educar en aspectos relativos a la política fiscal. La educación fiscal intenta, por tanto, promover en los ciudadanos actitudes de compromiso poniendo de relevancia el sentido social de los impuestos, su vinculación con el gasto público, y el perjuicio que conlleva para todos el fraude fiscal y la corrupción.
La mejor educación y pedagogía fiscal es hablar claramente de la importancia que tienen los impuestos, es exponer con transparencia para que se utiliza el dinero que se recauda, es explicar la necesidad de sostener mediante una contribución de todos a la bolsa común los servicios públicos esenciales que, aunque su utilización sea gratuita, cuestan dinero que pagamos entre todos con nuestros impuestos. Es explicar y convencer que, de verdad, “Hacienda somos todos”, un slogan de éxito acuñado en 1978 por un ministro de hacienda de centro derecha: Francisco Fernández Ordóñez.
Bienvenida sea pues la pedagogía fiscal, aunque no creo que sea el momento más oportuno justo después de anular los impuestos a la banca y a las grandes empresas energéticas que ganan cantidades desorbitantes e inmorales de dinero o aprobar exenciones fiscales a quienes más poder económico y político tienen. Quizás, en vez de educar fiscalmente a los perceptores del salario mínimo, lo que aceptando el término de pedagogía fiscal podríamos calificar como “pedagogía fiscal para pobres”, sería mucho más pedagógico y relevante, política y fiscalmente, gravar más las rentas más altas y perseguir ejemplarmente a los defraudadores confesos y sin confesar.
Si lo que queremos es sostener servicios públicos de calidad, lo que debe haber es un sistema fiscal que sea progresivo de verdad y, puestos a hacer pedagogía, es necesario hablar de reforma fiscal, de la necesidad de una legislación fiscal justa, progresiva, de tal forma que quienes más tienen paguen más y quienes tienen menos paguen menos, un discurso difícil después de tantos años de demonizar los impuestos.
Hablar de educar fiscalmente a quienes cobran el salario mínimo (o a otros ciudadanos de la escala salarial baja), puede resultar semánticamente atractivo, dialécticamente entretenido, incluso servir como una cortina de humo temporal, pero carece de cualquier valor pedagógico y ejemplarizante, no contribuye a la justicia social y no pone para nada en valor el concepto de impuesto.
Miguel Barrueco Ferrero, médico y profesor universitario
@BarruecoMiguel