[dropcap]E[/dropcap]s un clásico repetir que la nuestra es una democracia homologada… En tiempos de subidón propagandístico hasta nos lo creíamos y nos proponíamos como modelo a los que todavía estaban en ello.
No dudo que haya tablas, estadísticas, y expertos que así nos clasifiquen, pero en el ejercicio de mi mente racional, más natural que académico (conviene decirlo), hay algo que no cuadra. No salen las cuentas.
Varios hechos consistentes y realidades tozudas contribuyen a esta opinión mía, que no sé si calificar -ya digo- de natural e intuitiva: por ejemplo la desigualdad extrema que impera en nuestro país, que no solo va en aumento y establece diferencias notables en el ejercicio de derechos básicos, sino que incluso inspira modelos teóricos y políticos que empiezan a asumirse con normalidad pasmosa: ahí tenemos por ejemplo a varios presidentes y presidentas autonómicos, que se dicen democráticos, o incluso progresistas, compitiendo entre ellos a ver quién baja más, o quita con más desparpajo y gracia madrileña, los impuestos a los más ricos, o sea, a ver quién rompe mejor España desde su mismo centro.
Extremismo puro y duro.
Porque no se trata solamente de mutar el servicio público en negocio privado, guiado por el lucro y no por el servicio. De lo que se trata en último término es de establecer reinos de taifas en nuestro país, cada uno con su reyezuelo particular y sus normas diferenciadas, y cuyas fronteras haya que atravesar (de momento sin pasaporte) para acceder a determinados servicios (incluso sanitarios), a determinadas ventajas, y sobre todo a muy exclusivos privilegios.
Pero incluso aspectos aparentemente tan inofensivos y marginales como nuestra política de costas judiciales, dicen mucho en contra de nuestra democracia homologada.
De hecho a esta política (mala) de costas judiciales se agarran muchos gestores de nuestros servicios públicos para prolongar todo lo que pueden en el tiempo los fraudes que cometen. No de otra manera puede explicarse que un abuso y un fraude como el sufrido por los trabajadores interinos de nuestros servicios públicos, haya podido prolongarse durante décadas y esté aún sin resolver, de manera que muchos de estos trabajadores estafados (ya decimos, durante décadas) aún tienen que acudir, en busca de justicia, a los tribunales y jueces europeos. Tal es el estado de «homologación» de nuestra democracia y de nuestra justicia.
Decir ya de paso, que hay normas europeas en beneficio y defensa de los trabajadores, que nuestro país estaba (y sigue estando) obligado a incorporar a su normalidad laboral desde hace lustros, pero que nuestros políticos todavía se lo están pensando.
Vendrá otra generación de trabajadores españoles explotados y estafados, y vendrá otra promoción de políticos y sindicatos colaboradores en la estafa, que se lo seguirán pensando.
Y no soy solo yo el que ve poca «homologación» democrática en algunos aspectos de nuestro sistema político. Es que son los propios políticos partidarios del “sistema” los que confiesan y reconocen que ellos toquetean a jueces (nada menos que del Tribunal Supremo) por detrás, como si fueran marionetas.
Así lo han confesado algunos políticos del PP, aunque mucho nos tememos que también algunos políticos del PSOE han tenido (o tienen) esa mala costumbre de condicionar las decisiones de los jueces (cuando los encuentran accesibles y venales) en función de sus propios intereses partidistas. Tal es el estado de nuestra justicia, otro de los pilares básicos de nuestra democracia «homologada».
Y ahí está la señora Ayuso y sus cosas, que para apoyar nuestra tesis nos pregunta muy orgullosa, muy reaccionaria, y muy imprudente, que si nos habíamos creído los españoles que todos éramos iguales ante la Ley. Y el caso es que ahora que lo dice, no pocos españoles nos lo habíamos creído efectivamente, entre otras cosas porque este precepto es un clásico de la democracia, sine qua non esta no existe.
Pero es que además así aparece consignado y declarado en nuestra Constitución, que, una de dos, o nos la tomamos en serio o nos la tomamos a broma y como papel mojado. Que es como parece que se la toma la señora Ayuso.
El caso es que ya vamos agotando el abecedario de nuestros corruptos nacionales y «desiguales» ante la ley. Del «señor X» al «señor Z», se cifra y se consolida nuestra involución política y nuestra mascarada de “homologación”. Aquí no veremos un caso Watergate.
«El presidente lo sabe» (exministro Fernández Díaz); «Esto la fiscalía de lo afina» (exministro Fernández Díaz)… Perlas del “sistema”.
Y de esto -tan poco fino como de sobra conocido- hay cantidad en nuestra democracia homologada.
«La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de prisión y más de 33 de inhabilitación para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz» (El País).
«La Fiscalía acusa a la cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy de los delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad en el caso Kitchen» (El País).
«Y que lo hicieron con la finalidad de impedir que la causa judicial alcanzara a los dirigentes del Partido Popular» (El País). Comentario: al parecer esto último sí lo han logrado.
En resumen, que al exministro Jorge Fernández Díaz se le está poniendo cara de exministro Barrionuevo.
Todavía estamos buscando al «señor X» y se nos ha juntado con la búsqueda del «señor Y», alias M punto.
El «señor Z», tan conocido como los demás, sigue siendo emérito e intocable.
Aunque no se preocupen, que todo esto que nos pasa está “homologado”.
