Batida de caza: toque de queda

Recientemente un juzgado de Béjar ha sobreseído la causa penal contra los cazadores de una batida en Valdehijaderos cuyos perros, fuera del perímetro de la cacería, según el auto de archivo, atacaron hasta la muerte a una indefensa anciana que ejercía el constitucional derecho de libre circulación, mientras otros ejercitaban su afición ‘deportiva’ a la práctica de la caza.

El ejercicio de la caza es una actividad de riesgo, para cazadores y para la población en general, sujeta a unas normas de seguridad y sus practicantes deben estar en posesión de licencia de armas, licencia de caza y tener autorizada la cacería. Entre las normas de seguridad están las de señalizar el perímetro de la batida con el fin de advertir a las personas que ejerciendo su derecho a la libre circulación transiten por caminos públicos. De hecho, está prohibido utilizar las armas en los caminos públicos, incluso dentro del área de la cacería.

Se entiende que los perros de caza están amaestrados en seguir el rastro, perseguir, y en su caso rescatar las piezas abatidas en la cacería. Si, como es el caso, unos perros se salen del perímetro autorizado de la cacería, es evidente que sus dueños son responsables de no tenerlos controlados, pues los perros deben de ir con mecanismos de retención, salvo que estén en la actividad de caza autorizada. Si una jauría de perros se escapa del control de sus dueños incapaces de retenerlos, y confunden a una anciana indefensa con un jabalí, es evidente que estamos hablando de ejemplares peligrosos y, por tanto, sus dueños tienen que tener controlados a sus perros y si no lo hacen son responsables de los daños que estos ocasionen.

Por ello, nos parece desde todo punto de vista reprobable, y carente de fundamentos jurídicos y éticos, el auto de sobreseimiento y archivo de la causa contra los responsables de la cacería dictado por el juzgado de Béjar. De ser firme dicho auto a partir de ahora pasear, caminar o practicar el senderismo, no ya dentro de una zona de batida autorizada por caminos públicos, sino en todo el término municipal, y limítrofes, de estas cacerías se puede convertir en una actividad de alto de riesgo.

A partir de ahora, cada día que haya una cacería de este tipo, se debería de decretar el toque de queda y confinamiento de la población pues no se puede encomendar la seguridad de pacíficos viandantes al azar o la providencia divina, dado que un juzgado de Béjar entiende penalmente irresponsables a unos cazadores, cuya obsesión por cazar animales está por encima del derecho de libre circulación de las personas.

El endiosamiento de la caza ya había llegado hace años a ciertos estamentos políticos de este país, representados brillantemente por Berlanga en la Escopeta Nacional. Lo que ahora es novedoso es que está calando también en el juzgado que eleva a derecho fundamental lo que es una afición de riesgo sometida a normas de seguridad estrictas y relega el derecho de libre circulación, sin riesgo de morir en el intento, a una actividad condicionada a la ausencia de batidas en varios kilómetros a la redonda.

Desde hace años estamos asistiendo a una progresiva pérdida del derecho a caminar por las vías pecuarias de miles de personas que desean disfrutar de la naturaleza de forma pacífica y con respeto al medio ambiente. En Castilla y León grupos de senderismo programan sus actividades hasta con un año de antelación. La Junta de Castilla y León no sólo no publicita ni notifica a los grupos de senderismo y montaña federados con antelación suficiente las batidas autorizadas, sino que muchas veces modifica las fechas sobre la marcha por inclemencias meteorológicas o por otras circunstancias y grupos de 50 personas tienen que suspender su actividad por encuentros con batidas que muchas veces están insuficientemente señalizadas o con cazadores que esgrimen sus armas cargadas en los propios caminos de dominio público, algo que está totalmente prohibido.

Es evidente que una pequeña minoría portadora de armas está condicionando la actividad de miles de caminantes que pacíficamente desean disfrutar de la naturaleza sin destruirla. El lobby de la caza en esta comunidad autónoma está envalentonado por políticos casposos. Ahora parte de la judicatura declara irresponsables penalmente a quienes son incapaces de controlar perros peligrosos que confunden una anciana con una pieza de caza mayor.

Por. Ángel Sánchez Corral.