Las Cortes de Castilla y León convalidaron hoy por unanimidad en el pleno el decreto ley por el que se recupera la jornada semanal de 35 horas para los empleados públicos a partir del 1 de junio, si bien la oposición criticó que esta medida se adopte ante la cercanía de las municipales del 28 de mayo y expresó sus dudas sobre el impacto económico y las previsiones de contratación de personal.
Ical.- En la presentación del texto, el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, remarcó el apoyo de las organizaciones sindicales que participaron en la negociación, garantizó que se mantendrá la calidad de los servicios públicos y justificó la utilización de la figura del decreto ley por razones de “necesidad urgente y extraordinaria”.
El titular de la Presidencia expuso a la cámara que la Administración de la Comunidad dispone de la suficiencia financiera, pues ha reservado 35 millones de euros para este año, con el fin de cumplir de forma “inmediata” el compromiso asumido en 2019. También argumentó que es “imprescindible” disponer de un margen temporal entre la aprobación y su aplicación para organizar la prestación de los servicios en un contexto
Además, destacó que la jornada de 35 horas, frente a las 37,5 horas semanales actuales, supondrá un incremento del empleo público, en un entorno social “castigado” por las cifras de desempleo, y la mejora de la conciliación de la vida familiar, laboral y social. También destacó que conllevará un “ahorro energético” al acortar la estancia de los trabajadores en los edificios públicos.
El consejero defendió que han cambiado las circunstancias que llevaron al Gobierno de Mariano Rajoy a adoptar esta medida de carácter temporal, que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) permiten ahora dejar atrás. Recordó que desde 2008 el “fuerte” deterioro de las finanzas públicas exigió un “fuerte ajuste” para recuperar el equilibrio presupuestario y cumplir los compromisos de España con la Unión Europea.
También, Jesús Julio Carnero aludió a la regulación de un nuevo modelo convenio colectivo, la aprobación del sistema de teletrabajo, el impulso de la igualad “real y efectiva” en una organización en la que más del 70 por ciento son mujeres, así como la oferta de casi 13.000 plazas para cumplir con el objetivo de reducir la temporalidad hasta el ocho por ciento.
El ‘popular’ José Luis Sanz Merino defendió el “rigor” de esta decisión política que afecta a los empleados públicos, pero también a los servicios que prestan a los ciudadanos. Tras aludir a la anterior crisis, que aseguró no contó con el “manguerazo” de los fondos europeos, defendió la utilización de la figura del decreto ley, al tiempo que señaló está garantizada la disponibilidad presupuestaria en 2023 y los siguientes años.
La socialista Yolanda Sacristán felicitó a Carnero por ver la luz aunque sea “al final del túnel” y aseguró que cuatro años más tarde de nuevo un candidato a la Alcaldía de Valladolid, como en 2019 hizo la exconsejera Pilar del Olmo, promete la vuelta a las 35 horas. Además indicó que la Junta no ha explicado cómo va a hacer frente a esta medida que según calculan los sindicatos exige unas 4.500 contrataciones -3.000 en sanidad y educación-. “Este decreto nos causa incredulidad y mucha preocupación”, sentenció.
La procuradora de Vox Fátima Pinacho defendió que la pandemia del COVID-19 y la guerra de Ucrania impidieron implantar la nueva jornada laboral, si bien señaló que las nuevas previsiones económicas, que han sido corregidas al alza, y la mejora de la temporalidad permiten recuperar ahora las 35 horas. No obstante, reconoció las dificultades para contratar personal en sectores como la sanidad y la educación.
En nombre de Soria YA, Ángel Ceña aseguró que la única urgencia que existe para volver a las 35 horas ahora es la cercanía de las elecciones, al tiempo que censuró los “insultos” y “menosprecios” que han recibido los empleados públicos por parte de la Junta, para lo que recordó la falta de normativa sobre concursos de traslados o de relaciones de puestos de trabajo. También desde UPL José Ramón García criticó que esta medida llegue en periodo electoral, como la promesa firmada hace cuatro años, y demandó más personal para mantener la calidad del servicio.
Finalmente, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, apoyó la recuperación de las 35 horas, pero negó que no vaya afectar a la calidad de lo servicios. Además, pidió que se garantice el reconocimiento del solape de jornada al personal de enfermería y que analicen la carga de trabajo porque señaló “no es lo mismo” atender a 50 pacientes en siete horas que 18. Además, aseguró que la única causa de “urgencia” y “extraordinaria necesidad” del decreto ley es la cercanía de las elecciones municipales del 28 de mayo y confió en que Carnero siga de consejero.
