Los Bomberos de la Diputación denuncian la descoordinación

Los bomberos de la Diputación de Salamanca han alertado del «grave riesgo que supone para la seguridad ciudadana» que conlleva la situación laboral en la que se encuentran. Estos profesionales han exigido a la Diputación una regularización del servicio, reconociéndolos como trabajadores públicos, así como una mayor organización y una dotación de efectivos adecuada. 

“La Diputación de Salamanca presume en su web de bomberos cuando tiene el servicio externalizado”, ha lamentado José Antonio García, uno de los firmantes de la reclamación presentada contra esta institución el pasado mes de marzo denunciando la “grave situación laboral” que atraviesan.

El documento está suscrito por una veintena de profesionales del parque de Villares de la Reina, cuya gestión está externalizada para que una empresa privada explote el servicio.

García ha advertido que “está en riesgo la seguridad ciudadana de la provincia de Salamanca”, debido a los problemas que afectan al personal de Bomberos.

Este “bombero externalizado”, como se ha autodefinido, ha insistido en la importancia de “tener un servicio unificado para todos los parques de la provincia”. “No existe una organización jerárquica, lo que se traduce en descoordinación, que genera un riesgo para los propios bomberos. Y si nosotros no podemos trabajar de forma segura, ¿cómo vamos a garantizar la seguridad de los ciudadanos?”, cuestiona.

También ha denunciado la “gran falta de efectivos”, recalcando que “siguen sin cubrirse la cuarta parte de las necesidades”. “No hay a quién llamar en la bolsa de funcionarios interinos porque todos se están yendo debido a que las condiciones económicas y laborales no son buenas”, señala.

En este sentido, ha indicado que la Diputación cuenta solamente con 26 bomberos “funcionarios interinos y de carrera” y ha aclarado que el resto de personal, como en el caso de los externalizados, “es como si no existiéramos”.

Javier Calzadilla, el abogado que ha elaborado la reclamación, ha añadido que “estos bomberos se ven obligados a prestar el servicio con uniformes, órdenes, etc. de la Diputación de Salamanca, pero pertenecen a una empresa privada”. “Pese a ello, en su propia web la Diputación expone, por ejemplo, haber entregado equipamientos a estos profesionales, pero no hace mención de que el servicio está externalizado, lo cual es una irregularidad”, añade.

Por todo ello, José Antonio García ha insistido en que “somos un servicio esencial y tenemos que pertenecer a la administración, como en el resto de las comunidades autónomas”. “Estos trabajadores son empleados de la Diputación, no de ninguna empresa externa privada, porque presta un servicio público y, por tanto, han de ser reconocidos como tales”, ha puntualizado Calzadilla, quien asegura que esta situación “precaria” e “ilegal” “vulnera el derecho de los ciudadanos de disponer de un servicio público tan importante como este”.

Finalmente, en cuanto a la reclamación, el abogado ha aclarado que se presentó el pasado 15 de marzo, tras lo cual la Diputación cuenta con un plazo de tres meses para responder. Pasado ese tiempo, en caso de no recibir respuesta, “recurriremos a la vía judicial”.