El personal de la administración de Justicia continúa con sus paros y reivindicaciones, lo que está suponiendo un “colapso total” en los juzgados de Salamanca, que alcanzan ya las 200 vistas suspendidas, según dicen. Además, han convocado una huelga general a partir del 22 de mayo, en caso de que no se atiendan sus reivindicaciones.
Desde los sindicatos convocantes de los paros reiteran su pesar “porque al final el principal afectado es el ciudadano”. Sin embargo, aseguran que la huelga, que está teniendo un seguimiento de entre el 85% y el 90% según los sindicatos, es la “única salida” para que el Ministerio de Justicia los convoque a negociar y atienda sus reivindicaciones.
Por el momento, ya han tenido lugar tres jornadas de paros parciales y otras tres de huelga de jornada completa. Todo ello ha supuesto que se hayan alcanzado “las 200 vistas suspendidas”, explica Manuel Otero, de Staj, que habla de medio centenar de procesos suspendidos al día.
En la misma línea, Abilia Andrés, de CCOO, ha aclarado que “se están paralizando todas las vistas y juicios, salvo las cuestiones que afectan a los servicios esenciales”, lo que está generando un “impacto trascendental”.
“Además, la sala de videoconferencias, que recoge las intervenciones de otras provincias, está totalmente parada. Entonces, no solo estamos parando en Salamanca, sino en todo el territorio”, ha añadido Otero, quien ha cifrado en “cerca de 20.000 los juicios suspendidos”. “No sabemos a dónde vamos a llegar. En Salamanca se están programando juicios para febrero”, recalca.
Los funcionarios de la administración de Justicia mantienen las mismas reivindicaciones que los llevaron a iniciar los paros, y es que exigen la paralización de la Ley de Eficiencia Organizativa (Loeo), así como una mejora de sus retribuciones y el reconocimiento de sus funciones. “Mientras tanto, el Ministerio no mueve ficha y no nos convoca para la negociación”, lamenta Otero.
Estos trabajadores, “que somos el 93% de la administración de Justicia”, afirman sentirse “discriminados” frente a otros colectivos, como los jueces, fiscales y letrados de la administración de Justicia. “Hay un trato privilegiado hacia ellos y un agravio comparativo que, creemos, tiene un sesgo clasista al estar beneficiando a los estratos superiores”, ha zanjado Andrés.
Eva Sastre, de Csif, ha advertido que los diferentes sindicatos han convocado una huelga general a partir del día 22 de mayo “por la cerrazón de la ministra de no convocarnos para acabar con este conflicto”. “Reclamamos que el Ministerio se siente a negociar y que haga una oferta económica, si no, iremos a la huelga indefinida”, apunta Abilia Andrés.
Este jueves los sindicatos han entregado a la subdelegada del Gobierno una carta para “hacerle ver nuestras reivindicaciones” y “para que medie con el presidente Sánchez”. “El mayor perjudicado de todo esto sigue siendo el ciudadano, ya que el retraso que se está produciendo es un colapso total en los juzgados”, ha concluido.
