Salamanca exporta inseguridad por la tuberculosis bovina

La Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, en manos de Vox, ha generado inquietud e inseguridad en el sector ganadero español al promover, el pasado 15 de mayo en plena campaña electoral, una norma que permitía el movimiento de reses desde Salamanca, zona donde existe una incidencia de turberculosis bovina que, de acuerdo a la normativa europea, no puede tener esa libertad de movimientos para salvaguardar al resto de la cabaña regional, española y europea.

Un gesto de una temeridad hasta ahora desconocida que ha sacudido al sector más allá de los límites de la provincia de Salamanca y que el pasado 29 de mayo llevó al Ministerio de Agricultura a intervenir dejando sin efecto la resolución de la Junta.

Los ganaderos de Zamora están en alerta, a las puertas de ser declarada libre de la enfermedad, algo que podría frustrar la libertad de transporte de las reses desde Salamanca, la zona que tiene problemas serios con esta enfermedad.

Y los gallegos de blindan contra la tuberculosis bovina que ahora acecha desde Salamanca y Ávila. No en vano, desde 2021 Galicia alcanzó el estatus de oficialmente libre de esta infección, y se realizan controles específicos sobre las reses reproductoras procedentes de cualquier región o comarca con una prevalencia de la tuberculosis superior al 1 %. Esta medida se aplica también, expresamente, a todos los bovinos procedentes de las provincias de Ávila y Salamanca, por su especial situación de riesgo sanitario, según La Voz de Galicia.

La Junta anunció este jueves de forma confusa que recula, pero al mismo tiempo confía en que la justicia anule la orden del Ministerio de Agricultura que deja sin efecto la norma de CyL que permite el movimiento de ganado aunque sea desde Salamanca, declarada como zona de alta prevalencia de esta enfermedad.

El Gobierno tomó cartas en el asunto y limitó desde el 29 de mayo el movimiento del ganado bovino en Castilla y León para evitar poner en riesgo el nivel sanitario de la cabaña ganadera española y comunitaria.

Considera que la resolución de la Junta de Castilla y León sobre enfermedades de rumiantes «vulnera la normativa estatal y comunitaria respecto a la erradicación obligatoria de la tuberculosis bovina, ya que permite el movimiento de animales, expresamente prohibido, desde explotaciones con la calificación sanitaria suspendida o retirada».

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha presentado, además, un recurso contencioso-administrativo ante el inevitable riesgo de dispersión de la enfermedad a nuevas zonas, explotaciones y animales.

La orden ministerial publicada hoy restringe el movimiento desde Castilla y León hacia otras autonomías de España y también a otros Estados miembros, con excepción desde las provincias de Valladolid, León y Burgos, oficialmente libres de infección por la CE.

La orden establece medidas urgentes e inmediatas para impedir el riesgo de dispersión de tuberculosis bovina fuera del territorio de Castilla y León, tras la publicación en el Boletín Oficial de esa comunidad autónoma, el pasado 15 de mayo, de una resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, «que incumple gravemente la normativa comunitaria y española en materia de erradicación y control de la tuberculosis bovina», dice.

La aplicación de la resolución de Castilla y León pone en riesgo de contagio no solo a las explotaciones libres de tuberculosis de Castilla y León (ubicadas en las provincias de Valladolid, León y Burgos, declaradas oficialmente libres de infección de tuberculosis bovina por la CE), sino a las del resto del territorio de España y de la UE. Adicionalmente, la Comisión Europea, tras tener conocimiento de la resolución autonómica, ha urgido al Gobierno de España a tomar medidas para poner coto a la propagación de la tuberculosis bovina.

La resolución autonómica establece una reducción unilateral de los controles y requisitos para la concesión, mantenimiento, suspensión, retirada y recuperación del estatus de explotación libre de tuberculosis bovina. De esta forma, permite movimientos de animales expresamente prohibidos:

·        al eximir a las explotaciones de las pruebas de movimiento obligatorias para evitar que la enfermedad se propague

·        al permitir salidas desde explotaciones, con la calificación sanitaria suspendida o retirada, según la normativa comunitaria, a explotaciones calificadas como libres de la enfermedad

·        al relajar los requisitos de las explotaciones afectadas por esta enfermedad animal infecciosa para la obtención de la calificación sanitaria de libre de tuberculosis bovina.

Dada la gravedad de las consecuencias que se pudieran derivar de la aplicación de la resolución de la Junta de Castilla y León, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación adopta una medida sin precedentes, que se mantendrá vigente durante el tiempo necesario hasta que la Junta de Castilla y León derogue la resolución y restablezca el cumplimiento de la normativa comunitaria y nacional.

Las provincias de Burgos, León y Valladolid, que ya han sido valoradas favorablemente por la Comisión Europea como territorios libres de tuberculosis, quedan excluidas de la aplicación de estas medidas, además los movimientos desde las restantes provincias de Castilla y León a estas tres provincias quedan sujetos a los mismos requisitos que los movimientos con destino al resto de comunidades autónomas.

Los titulares de explotación, los responsables de los animales, así como las autoridades competentes de Castilla y León están obligadas a dar cumplimiento a la orden publicada hoy, estando sujetas las infracciones a las sanciones establecidas en la Ley 8/2003 de sanidad animal.

Castilla y León cuenta con el mayor censo de bovinos de España. La mayor parte de esa cabaña está situada en zonas de especial incidencia de tuberculosis bovina. Desde esta comunidad autónoma se producen diariamente una gran cantidad de movimientos de animales, además en Salamanca se encuentra uno de los Mercados Nacionales más importantes del país. Circunstancias que, debido a la reciente orden de la Junta de Castilla y León, incrementa el riesgo de difusión de la enfermedad, con consecuencias irreversibles para el nivel sanitario y la salud pública de Castilla y León, pero también de otras comunidades autónomas y otros países de la Unión Europea.

Veterinarios de Salamanca

En Salamanca ha surgido una denominada Unión por la Ganadería (Asaja y Unión de Campesinos de Castilla y León), que defiende a capa y espada la decisión de Vox desde la Junta de Castilla y León y arremete contra la decisión del Ministerio de Agricultura.

Ese colectivo se manifestará incluso este lunes contra el responsable de los veterinarios de la Junta en Salamanca, que siempre se ha mostrado contrario a la decisión de Vox desde la Junta, por considerar que contraviene la normativa europea que garantiza un mercado libre de tuberculosis, actuando sobre las zonas donde la enfermedad no está controlada, como ocurre en Salamanca.

El Colegio de Veterinarios de Salamanca salió este viernes en su defensa indicando que «los políticos, en un acto de la máxima irresponsabilidad, han publicado una ley que hasta el más ignorante sabía que no podía salir adelante. No se puede, de forma unilateral y por la fuerza, saltarse normativas que nos conciernen a todos, porque el resultado desgraciadamente no se ha hecho esperar. Por mucho que algunos políticos de Castilla y León pretendan ciegamente continuar con el disparate, la legislación hay que cumplirla y tenemos sobre nosotros todas las miradas, tanto del resto del país como de la Comunidad Europea. Y el cierre de nuestros intercambios comerciales ha sido la primera y catastrófica consecuencia».

El Colegio de Veterinarios de Salamanca agrega que «lamentablemente, este gobierno de Castilla y León ha perdido una magnífica oportunidad para apoyar al campo, como decían que iban a hacer. Y es que desde la Consejería de Agricultura se estaban dando pasos para permitir más facilidades a los ganaderos, y en ese camino se estaban dirigiendo muchas actuaciones, dentro de unos límites ordenados y sin levantar alarmas innecesarias. Y sin poner en peligro un prestigio que tanto nos ha costado conseguir. Pero sin dar tiempo a que esas medidas fueran desarrollándose, repentinamente sacan una normativa que lo pone todo patas arriba. No sólo por lo mal hecha que está, que da vergüenza leerla, sino porque nos deja en una situación de absoluta incertidumbre e indefensión porque no se sabe lo que hay que hacer y de lo que parece que sí que hay que hacer resulta que va en contra de toda la legislación nacional y comunitaria», indica.

«¿De verdad cree el sector que eso defiende sus intereses? ¿Que a las bravas se puede imponer algo tan torpe y que el resto de Comunidades lo iban a aceptar? ¿De verdad creen que siendo el centro mediático de toda España e incluso de Europa con esas medidas iban a salir vencedores? Evidentemente no podía ser, y el siguiente paso es victimizarse, huir hacia adelante y buscar culpables fuera», concluye respondiendo a esas cuestiones.

Los veterinarios salmantinos esperan que las aguas vuelvan a su cauce y advierten de que «pedir que se cese a los Jefes responsables empeoraría hasta el infinito la situación porque para que las cosas funcionen se necesitan trabajadores responsables, profesionales y profundamente conocedores de las normativas, muchas y muy complejas, profesionales que para los que no lo sepan, tenemos la suerte de tener. Que pedir ciegamente que rueden cabezas no soluciona nada, solamente una aparente victoria que solo dejará un rastro posterior de más desolación. No permitamos que esto ocurra, los profesionales no son tan fácilmente reemplazables y la alternativa quizá sea el nombramiento de títeres al servicio de intereses partidistas que precipitará un deterioro de incalculables consecuencias».