UGT ha denunciado la grave situación que padece el servicio de Bomberos de la Diputación de Salamanca, con «una plantilla insuficiente e incompleta, con una formación mediocre e incompleta, que se imparte a bomberos de nuevo ingreso, sin protocolos operativos que establezcan una forma de trabajo que los pone en riesgo y precariza el servicio que prestan».
De esta manera, UGT Servicios Públicos se adhiere a la queja planteada por los Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación de Salamanca y que revela que la situación se remonta a octubre de 2022.
La situación de este servicio «es muy preocupante», según el sindicato, con una plantilla de 26 bomberos que se reparten en los cuatro parques principales de la provincia. Los bomberos han advertido a UGT de que en zonas como Vitigudino únicamente está presente, en el mejor de los casos, un solo bombero; quedando por tanto la comarca desprotegida de forma habitual.
Además, en la actualidad hay numerosas vacantes debido a las degradantes e inasumibles condiciones laborales que está provocando un goteo constante de renuncias. Como consecuencia, varios turnos están quedando sin la presencia de bomberos de la Diputación como marca la ley, al estar la plantilla incompleta.
Para UGT también es «preocupante» la falta de protocolos operativos que establezcan la forma de trabajo para optimizar las diferentes intervenciones, con el consiguiente perjuicio para el ciudadano y riesgo laboral para los intervinientes. Y tampoco existe una jerarquía clara ni un mando operativo eficiente que pueda coordinar las emergencias que se producen en la provincia, como marca la ley.
Por ello, desde los Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) y UGT Servicios Públicos se señala que la Diputación de Salamanca, en lugar de apostar por un servicio de bomberos profesional que garantice la seguridad de los salmantinos de su provincia y que se ajuste a la legalidad, está repartiendo grandes partidas económicas en empresas y en asociaciones de “bomberos pseudovoluntarios” que cobran por sus intervenciones.
