Castilla y León acogerá a 395 inmigrantes procedentes del Canarias bajo la tutela de la ONG Accen, organización que ya ha colaborado en otras crisis migratorias, la última provocada por la guerra de Ucrania y en la que se encargó de la asistencia a 1.100 personas.
Al balneario de Medina del Campo -hotel Las Salinas- donde ya han llegado 183 inmigrantes, se sumarán mañana otros 67 que llegarán en vuelo desde Canarias. Además, Accen ha repartido a otros 145 desplazados entre Valladolid, donde han llegado 25, el mismo número que en Ávila, Burgos y Segovia, mientras que 23 han llegado a Salamanca y otros 22 a León.
En principio, según confirmó esta tarde la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virgnia Barcones, no está prevista la llegada de más inmigrantes a la Comunidad, aunque matizó que todo dependerá de la evolución de esta crisis migratoria. No obstante, Barcones, además de recalcar la solidaridad de Castilla y León, resaltó que la capacidad de la Comunidad para acoger a desplazados es mayor, dado que durante la Guerra de Ucrania entre Accen y Cruz Roja atendieron a 2.000 personas.
Además de defender la política migratoria del Gobierno, Barcones explicó que la estancia de estos inmigrantes, entres los que, en principio no hay menores, será de entre quince días y un mes, a excepción de aquellas personas que soliciten protección internacional y se acojan al derecho de asilo.
A su vez, la delegada del Gobierno ha salido al paso de las críticas por la falta de información al resto de administraciones, y recalcó que en la mañana de hoy mantuvo conversaciones telefónicas con la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y con el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, a la vez que confirmó que también informó al alcalde de Medina del Campo. Según Barcones, aunque el lunes hubo una reunión con Accen el lunes para realizar una previsión, el número total de desplazados se ha conocido en las últimas horas.
Por otra parte, Barcones, en referencia las críticas lanzadas desde Vox Castilla y León, que esta mañana consideró que estas personas deben ser devueltas a sus países de origen, se mostró convencida de que “incluso los que nunca son responsables, esta vez por principios y por derechos humanos lo sean. Espero que a nadie se le ocurra relacionar inmigración con inseguridad porque es una falacia que desmontan los datos objetivos”, afirmó.
En este sentido, además de recalcar que algunos partidos solo pretender generar miedo y confrontación con este problema, argumentó que el Gobierno está cumpliendo en todo momento con la legislación internacional y con los derechos humanos. “No me gustaría que hubiera insinuaciones que pudieran azuzar un pensamiento xenófobo”, afirmo, a la vez que recalcó que ninguno de los emigrantes que ha llegado a Castilla y León ha salido de Canarias sin triaje previo para confirmar que no había problema de salud pública.
La delegada insistió en que el Gobierno está volcado con Canarias, a la vez que recalcó que se han adoptado todas las medidas necesarias para gestionar las llegadas. No obstante, puntualizó que en momentos de máxima tensión es necesario realizar derivaciones, “que se hacen de forma puntual, ordenada, segura y legal dentro del sistema de acogida. Se trata de repartir una parte de estas llegadas entre comunidades para colaborar de forma solidaria con Canarias en el momento de más llegadas del año”.
Llamamiento a la calma
Mientras tanto, el responsable de Accen en Castilla y León, Daniel Duque, además de recordar que su ONG lleva más de treinta años trabajando con personas desplazadas, hizo un llamamiento a la calma. “Estamos hablando de personas que salen de sus países por motivos lícitos. Nadie está invadiendo a nadie, los números que están llegando somos capaces de atenderles sin ningún tipo de problema”, afirmó.
Duque, que abogó por una inmigración regulada y por no “abrir las puertas a todo el mundo”, también explicó que España debe cumplir con el derecho internacional y respetar los derechos humanos. A su vez, pidió empatía para unas personas que se juegan la vida por buscar un futuro mejor.
El responsable de Accen también explicó que la protección internacional -asilo- “no se regala” y explicó que en este caso los desplazados tendrán la máxima protección, incluido un permiso de residencia o trabajo de seis meses. En el caso de los inmigrantes que no solicitan el asilo, lo norma es que acaben desplazándose a sus núcleos familiares, especialmente en países francófonos de Europa.
