El alcalde de Salamanca y secretario regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ya logró en mayor tapar otro presunto caso de financiación irregular de una campaña electoral del partido que destapó la Cadena SER.
Javier Martín, exmilitante del PP, entregó al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, un acta de manifestaciones firmada ante notario en el que reconoce que recibió un sobre con 300 euros por colaborar en la campaña de las municipales y autonómicas de 2011. En su escrito asegura que firmó un recibí, sin factura alguna, y que el acta que entrega en la Audiencia Nacional ratifica la declaración de Luis Bárcenas cuando aseguró que el PP disponía de una caja B en toda España.
Según los hechos que reconoció ante notario este exmilitante del PP, la gerente del Partido Popular en Salamanca, Isabel González, le citó en su despacho después de las elecciones para darle el sobre con la gratificación. Acudió allí, concluye, por indicación de María Jesús Moro, diputada en el Congreso y vicesecretaria de organización del PP en la provincia.
Javier Martín ha estado vinculado al Partido Popular desde su juventud. Fue miembro de Nuevas Generaciones donde llegó a ser vocal. Después pasó a ser colaborador de la diputada por Salamanca, María Jesús Moro. Desde su militancia de base en el Partido Popular ha trabajado activamente en las campañas de los populares para las últimas elecciones europeas, municipales y autonómicas y las generales que llevaron a la Moncloa a Mariano Rajoy.
Falta de memoria
María Jesús Moro reconoció que este militante ha colaborado con ella pero subraya que no recuerda haberle enviado a recoger un sobre a la sede del PP en Salamanca. Añade que las cuentas del partido son transparentes y que ese dinero seguramente fuera para compensar los gastos en los que incurrían los militantes por los desplazamientos.
Mañueco dijo entonces que es “una absoluta falsedad, rotundamente falso” que el PP de la provincia y el de Castilla y León tenga una caja B, y lamentó que en estos momentos sea “tan fácil difamar a las personas que desarrollamos una actividad política, también a los representantes empresariales, sindicales y vecinales, cuando la inmensa mayoría de las personas que desarrollamos una actividad pública lo hacemos con vocación de servicio a los demás”.
El caso cayó en el descrédito aprovechando las circunstancias personales del denunciante.
