El anteproyecto de la reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial está planteada, según Izquierda Unida, para “cuadrar las cuentas del Gobierno por imposición de la Troika”, y no para “resolver problemas de los ciudadanos”, según el portavoz del grupo en Cabrerizos, Gorka Esparza, quien asegura que, de entrar en vigor, las zonas rurales se verían especialmente afectadas.
En este sentido, Esparza explica que la creación del denominado Tribunal de Instancia Provincial que contempla la reforma llevará consigo la “desaparición de los partidos judiciales”, de manera que habrá “más jueces en la capital, pero menos en los términos totales de la provincia”, dado que la medida supone “trasladar todos los órganos judiciales que existen en las provincias, a la capitales de provincias”, lo que irá “acompañado de un ERE encubierto”, según el portavoz de IU.
“Van a ser menos los jueces que haya en el Tribunal de Instancia Provincial que los que hasta ahora había en el conjunto de la provincia y la capital”, al tiempo que desaparecerán las Audiencias Provinciales, que se trasladarán a las capitales de la región “en materia de justicia” por lo que, en el caso de Salamanca, el traslado se hará a Valladolid, según señala Esparza.
A este respecto, el portavoz de IU destaca que “puede que durante unos años sigan existiendo jueces del Tribunal Provincial en Ciudad Rodrigo o Béjar, pero la desaparición del partido judicial es la desaparición futura de sus juzgados, de sus profesionales y un nuevo golpe para las comarcas”.
Esto llevará consigo un deterioro del ámbito rural, que se irá “vaciando” de servicios y, por tanto, perdiendo población, explica el portavoz de IU, para quien “precisamente es la presencia de funcionarios cualificados, como los que operan en el mundo de la justicia, lo que aportan riqueza y un plus al mundo rural”.
Más control político
La reforma, calificada de “cobarde” por IU, supondrá “un mayor control del poder político sobre la justicia”, al tiempo que permitirá “censurar a los jueces molestos” en un intento de evitar que los magistrados “opinen y debatan sobre sus causas”.
Por otra parte, Esparza insiste en negar que agosto sea un mes inhábil en materia de justicia, puesto que “hay varias órdenes jurisdiccionales, entre ellos Penal y Laboral”, en los que este mes es hábil. La reforma propone que los juzgados funcionen durante agosto como fórmula para agilizar los procesos “atascados”, pero IU considera que “ni ese es el problema, ni la afirmación es cierta del todo”.
