Las Cortes de Castilla y León aprobaron este miércoles la Ley de Autoridad del profesorado. El Sector de Enseñanza de CSI-F Castilla y León se alegra “de que al fin vea la luz una de nuestras reivindicaciones históricas, que esperamos que contribuya a mejorar las condiciones laborales del profesorado y, además, la calidad de nuestro sistema educativo. Sin embargo, la esperábamos mucho antes, puesto que las reuniones de Mesa Sectorial de Educación en la que se trató este tema datan del 24 de febrero y 3 de abril de 2012”.
La consideración del profesorado como autoridad pública en el ejercicio de su labor docente alcanzó un apoyo mayoritario en las nueve Juntas de Personal Docente no Universitario que, como es sabido, son los representantes legítimos del profesorado.
CSI-F recuerda que desde 2005 ha realizado diferentes actuaciones para considerar al profesorado como autoridad pública para atajar un problema que es “el principal problema de convivencia en las aulas. No en vano el 79% de las incidencias corresponden a este apartado”.
Goteo diario de agresiones
“Nos estamos refiriendo no a las graves agresiones al profesorado que causan portadas de prensa, sino al goteo diario de agresiones que sufre un importante número de profesores, tales como insultos, desprecios, desobediencias, descalificaciones, etc. Está claro que el profesorado necesita una solución al problema de convivencia escolar que afecta a la autoridad del profesorado y dificulta el desarrollo de las tareas educativas, en general”, concluye el sindicato.
Sin embargo, CSI-F entiende que esta Ley “debería aplicarse sólo a los funcionarios docentes. Los centros privados-concertados han hecho gala del oscurantismo más absoluto en los casos de violencia de alta y baja intensidad y han dejado entrever a la sociedad que en sus centros no existen problemas de convivencia, por lo tanto desde CSI•F exigimos que expliquen a la sociedad cuáles son los problemas que ellos han de solucionar con esta Ley”.
Convivencia
CSI-F espera que la Ley de Autoridad solucione gran parte de esta problemática. No obstante, cree que esta ley “debe ir acompañada de otra serie de medidas que sitúen al profesorado en el lugar que le corresponde socialmente por la importancia de su trabajo y por la responsabilidad que soporta. A nadie se le escapa que todos los problemas escolares, no sólo la sana convivencia en las aulas, se realiza mejor con 20 alumnos que con 35 y que habría menos problemas de convivencia si la Administración quisiera, de una vez por todas permitir la sustitución de un docente enfermo o con permiso para ausentarse al día siguiente como mucho”.
