La Fiscalía denuncia a Javier Iglesias por prevaricación y malversación

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, mostró este viernes su “sorpresa” ante la denuncia por prevaricación y malversación interpuesta de oficio contra él por la Fiscalía en relación con el servicio de bomberos voluntarios de Ciudad Rodrigo y que, según reconoció este viernes durante una comparecencia convocada de urgencia, conoció anoche mismo.

J.M.A. / ICAL.- La actuación viene motivada por una demanda previa interpuesta por la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León que obligó a resolver, como medida cautelar, el contrato que vinculaba el servicio de extinción de incendios en la comarca mirobrigense a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ciudad Rodrigo y a la propia Diputación de Salamanca, decreto puesto ahora en duda por la justicia.

“Después de leer la demanda, en la que se insinúa que había un trato de favor por mi parte hacia la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ciudad Rodrigo, mi primera reacción fue de sorpresa, sobre todo, teniendo en cuenta que no hace ni diez días del archivo definitivo del caso de las primarias del PP y, por lo tanto, no he podido descansar más que ocho o nueve días de estas cuestiones”, comentó el presidente tras reconocer que comparecía ante los medios de comunicación por voluntad propia y “para una mayor transparencia”.

Además, se mostró “encantado” de aclarar este asunto en sede judicial si el juez, finalmente, admite a trámite la demanda. “Yo puedo afirmar categóricamente que todas las decisiones que se han tomado respecto a estos expedientes denunciados han venido siempre con el sustento y la actuación previa avalada por el informe de los técnicos. Mi única acción se ha limitado a la firma de los decretos, igual que el señor secretario que los firma conmigo”, resumió.

En todas las decisiones que recogen dichos decretos, según el mandatario de la institución provincial, tanto por parte de los funcionarios como de su misma persona el interés que ha mediado ha sido el público. “Yo no soy jurista, pero los juristas de la casa están muy tranquilos respecto a todos los expedientes. El secretario mismo me dijo que si hubiera visto alguna cosa que no debiera ser, lo habría dicho él mismo. Está todo refrendado por informes técnicos y mi única intervención ha sido la firma”, reiteró Iglesias en declaraciones recogidas por Ical en la Sala de Comarcas del Palacio de La Salina.

Además, el presidente de la Diputación planteó que, en cualquier caso, como máximo responsable político de la institución, tampoco tenía alternativa ante unas decisiones que aún considera correctas. “En ningún caso he modificado o me he negado a firmar lo que se me ha traído por parte de los funcionarios. Sinceramente, sí los he firmado. Habría que preguntar a la Fiscalía qué pasaría si yo me hubiera negado a firmar lo que se me trae por los técnicos. Yo creo que ahí sí me hubiera equivocado. Creo que hubiera incurrido en una irresponsabilidad. No puede estar mal el haberlo firmado e, igualmente, no haberlo hecho. Una cosa y su contraria”, reflexionó.

Sobre su estado emocional, Javier Iglesias aseguró encontrarse “apenado” por varias razones. “Aunque aparezca mi nombre, se está poniendo en duda la profesionalidad y la capacidad de los funcionarios de esta casa, que en muchos casos llevan trabajando aquí décadas y yo tengo enorme confianza en su capacidad y criterio. Me apena porque, aunque busquen debajo de las piedras, todas la actuaciones están sustentadas en los informes de personas muy capacitadas y profesionales en las que confío plenamente. Si no, no podría dormir por las noches, y duermo por las noches”, refirió.

En último término se mostró igualmente apenado por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ciudad Rodrigo. “Yo no formé parte de su puesta en marcha, lleva 123 años funcionando de manera exquisita con gran apego y reconocimiento por parte de la población. Han prestado un gran servicio a toda la comarca y a toda la provincia. Y me apena pensar que estas personas, que han hecho una labor encomiable, tengan que estar sometidos a un escrutinio como este”, dijo.

Además, lanzó un dardo al Gobierno central para finalizar su comparecencia. “¿Cómo me puedo sentir si el día que recibo la notificación de la Fiscalía invisten en mi país a un presidente que ha comprado los votos? Si hacer un referéndum inconstitucional no es malversación, ¿lo es tener un buen servicio de bomberos?”, se cuestionó de forma retórica.

En el turno de preguntas, Iglesias, quien compareció arropado por todos los diputados del equipo de Gobierno, pidió “que haya tranquilidad” porque, según la impresión de los juristas de la Diputación de Salamanca, “no hay absolutamente nada”.

Sobre el contenido de la demanda, explicó que se refiere a determinados decretos firmados por la Presidencia. “Hay técnicos que son los que saben adecuar las decisiones políticas a los trámites administrativos. Fueron los técnicos los que tuvieron la iniciativa de poner en marcha estas soluciones. Que me parecieron bien y me parecen bien”, zanjó.

No convence

La denuncia por malversación y prevaricación administrativa realizada por un fiscal contra Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca, y que se ha conocido este viernes, “es algo muy grave” ha declarado Fernando Rubio portavoz del Grupo Socialista en  la Diputación, “y las explicaciones dadas hasta ahora no nos convencen, no aclaran nada sino todo lo contrario, porque no niegan su implicación o la acusación y solo son un intento de responsabilizar a otros de su presunta culpabilidad”.

De nuevo la Diputación de Salamanca y su presidente, Javier Iglesias se vuelven envueltos en una denuncia judicial “fruto de una gestión opaca y oscura que ha llevado a la institución a un desprestigio nunca jamás visto”, ha manifestado Rubio. “Javier Iglesias viene utilizando la Diputación de Salamanca desde hace muchos años como una subsede del PP, algo que llevamos denunciado desde hace mucho tiempo”. En la gestión de Iglesias al frente de la Diputación “ha primado siempre la opacidad, el oscurantismo, los chanchullos y la utilización partidista” como demuestra esta nueva denuncia presentada contra él por parte de un fiscal conocida este viernes, ha insistido el portavoz del PSOE.

Los problemas graves de gestión han sido continuos, y en este caso la realizada en materia de la prestación del servicio contra incendios y los parques de bomberos lo viene a confirmar “una gestión que no ha sido clara y transparente”, a la que el Grupo Socialista siempre se opuso, ha recordado Rubio, en todos y cada uno de los órganos de la Diputación.

En este mismo sentido, el portavoz ha manifestado que los socialistas venían denunciando desde hace tiempo que la acción de Iglesias en esta cuestión se limitaba única y exclusivamente “a echar balones fuera”, o lo que es lo mismo, ha añadido, “intentando desmarcarse y no asumiendo lo que nosotros siempre hemos creído, y lo hemos venido defendiendo, que los parques de bomberos provinciales y el servicio de extinción de incendios en la provincia era una competencia propia”.

“Hay que cumplir la norma y la ley en los parques de bomberos en cuanto a su funcionamiento”, ha reivindicado Rubio tras apelar a que ahora el tiempo viene a darle la razón al Grupo Socialista cuando exigía a Iglesias que dejara de trasladar la responsabilidad de su gestión a los Ayuntamientos y a los alcaldes.

«La titularidad de los parques de bomberos y el servicio de extinción de incendios es de la Diputación y,  por tanto, debe asumir dicha gestión como responsable de los medios y de su personal», ha remachado.

Por todo ello, el PSOE “siempre ha apostado, y seguirá apostando, por un servicio de extinción de incendios y unos bomberos bajo la tutela y la gestión de la propia Diputación” que garantice la tranquilidad y la seguridad de todos y cada uno de los municipios y vecinos de la provincia, “bien dotado de medios y efectivos” capaz de hacer frente a cualquier emergencia, “algo para lo que los socialistas siempre estarán dispuestos”, ha concluido el portavoz socialista.