El grupo parlamentario de Sumar ha interpuesto una querella contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como contra los vocales que votaron a favor de la declaración contra la amnistía. Desde Sumar consideran que todos ellos cometieron un delito de prevaricación administrativa.
Sumar ha interpuesto, este viernes y ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, una querella contra el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, y los vocales conservadores del mismo por la declaración institucional de este organismo contra la futura ley de amnistía. Así pues, Sumar acusa de un presunto delito de prevaricación administrativa por su “inaceptable intromisión” en la labor legislativa del Congreso tanto a Guilarte, por autorizar el pleno extraordinario donde se aprobó la declaración, como a los vocales conservadores que propiciaron la reunión y votaron a favor de esa resolución.
Concretamente, la querella se dirige a los ocho vocales que propusieron la reunión (Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona). Además, incluye al también vocal Wenceslao Olea, que votó a favor de la resolución, así como a Vicente Guilarte. Este último, aunque votó en blanco, es considerado por Sumar como responsable del delito de prevaricación como “cooperador necesario”, “por haber dictado una resolución injusta a sabiendas”.
El partido liderado por Yolanda Díaz considera la declaración del CGPJ como “ilegal”, “arbitraria”, “irresponsable” y excede las competencias del CGPJ. Asimismo, recuerdan que los vocales aprobaron la resolución el pasado 6 de noviembre, cuando ni siquiera se había registrado en el Congreso la proposición de ley ni se conocía su contenido.
Según indican en la querella, el escrito del CGPJ, manda “un mensaje apocalíptico que solo puede contribuir a una mayor crispación social” y “descalifica e imputa conductas gravísimas” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que podría llegar a catalogarse como “desconsideración de las instituciones”.
Junto a ello, aseguran que la resolución hace “afirmaciones de extrema gravedad ajenas a su naturaleza jurídica”, dando lugar a que esta tornase en “una actuación de crítica política partidista, desbordando de forma deliberada la naturaleza del órgano y del acto administrativo del acuerdo”.
Finalmente, desde Sumar hacen hincapié en que, con la resolución aprobada el pasado 6 de noviembre, el CGPJ adopta funciones como “la interpretación del a Constitución”, algo que “solo corresponde al Tribunal Constitucional”. También recuerdan que las propias funciones del órgano de gobierno de los jueces están limitadas, al encontrarse con el mandato caducado, debido al bloqueo que lleva ejerciendo el PP desde hace cinco años.
La respuesta
Vicente Guilarte, presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha criticado la querella interpuesta contra él y otros nueve vocales conservadores por parte de Sumar. Guilarte, que permitió la celebración del pleno del CGPJ en que se aprobó una declaración institucional contra la amnistía, ha calificado la demanda como “una maniobra política que no tiene sentido”.
El presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, es uno de los diez vocales conservadores que Sumar ha incluido en su querella por la declaración institucional que este organismo aprobó el pasado 6 de noviembre contra la futura ley de amnistía. Tras conocer la denuncia, Guilarte la ha tildado de “maniobra política que no tiene sentido”.
Además, ha ironizado sobre el asunto, asegurando que, “si me condenan, habrá que cumplir”. No obstante, ante la situación de bloqueo que atraviesa el órgano de gobierno de los jueces -que el PP se niega a renovar desde hace casi cinco años-, ha subrayado que, “si estamos intentando buscar fórmulas de renovación, de pacificación y de consenso, no empezamos bien”.
Al mismo tiempo, sobre esta renovación, ha añadido que, “yo no soy agente de cómo propiciar la renovación, pero ayudaré en la medida de lo posible”, mostrándose convencido de que se llevará a cabo “este mismo año”.
Además, dado que la única posibilidad de acabar con esta situación que lleva arrastrando el CGPJ desde hace casi cinco años, pasaría por un pacto entre PP y PSOE. Por ello, Guilarte ha insistido en la necesidad de “desenquistar las posiciones de unos y otros”, proponiéndose a él mismo para “ofrecer mediación y diálogo”.
