Los juzgados de lo Contencioso y de Menores pasan a Torres Villarroel

El Sindicato de trabajadores de Administración de Justicia ha denunciado ante la Inspección de Trabajo el traslado de las dependencias de los Juzgados de lo Contencioso y Menores a Torres Villarroel.

Staj presentó la denuncia este lunes «en base a la caótica gestión de las obras y traslado en las dependencias de Torres Villarroel. No se puede tolerar el menosprecio causado a los trabajadores de Justicia de Salamanca implicados, que tuvieron que comparecer en sus nuevos puestos de trabajo, sin calefacción (hoy siguen utilizando calefactores en las dependencias) y sin informe de la unidad de coordinación de riesgos laborales del Ministerio de Justicia sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo».

Dicen también que la mudanza se ha hecho con «el desconocimiento de la existencia de protocolos de evacuación en caso de incendio, con un solo ascensor de acceso por el momento a séptimo piso».

Añade que «todo esto se agrava con respecto al próximo traslado a realizar del Juzgado de Menores el día 4 y 5 del mes de diciembre dado el especial carácter de este juzgado al pertenecer a la jurisdicción penal y tratar con menores», señala.

Este Juzgado se va a ubicar en la planta séptima a la que tendrían que acceder los detenidos, «sin seguridad, sin una salida de emergencia, sin estar habilitado para personas con deficiencias físicas, sin espacios diferenciados para la espera de las victimas garantizando así el no encontrarse con los acusados, con la sala de vistas al final de las dependencias del juzgado con la probable acumulación de público fuera dentro de las dependencias judiciales, sin sala de espera, separado el Juzgado de la Fiscalía de menores y de los servicios Psicosociales, sin dependencias para el Fiscal. ¿Dónde tendría que aparcar el coche o furgón del detenido? ¿En la parada de taxis que hay en el exterior? ¿Por dónde habrían de subir a un detenido, por el ascensor? ¿Por siete pisos de escaleras? Todo un auténtico despropósito», prosigue.

Desde la Junta de Personal, a través de la comisión permanente se requirió el día 24 de noviembre a la gerencia territorial de Justicia de Valladolid para que informara sobre cuáles fueron los criterios de llegar a las decisiones que se han tomado para dichos traslados (en especial el Juzgado de Menores), con base en qué informes y si existieron, ponerlos en conocimiento de la Junta para trasladar el contenido a los trabajadores afectados. También se requirió a la gerencia territorial de Justicia en la persona de su gerente territorial para que informara si existía informe de la unidad de coordinación de riesgos laborales del Ministerio de Justicia. «Hasta hoy, la callada por respuesta», dice.

Por todo esto, Staj denuncia y anuncia que elevará queja formal ante la Dirección General para el Servicio Público de Justicia para que, con rigor, «se depuren responsabilidades y practiquen los ceses correspondientes tanto en gerencia territorial de Justicia de Valladolid, responsable en materia de personal de los funcionarios de la administración de justicia involucrados, como en la subdirección general de obras y patrimonio del Ministerio de Justicia, por la caótica gestión las obras realizadas y la gestión de estos traslados», concluye.