El Ministerio de Sanidad ha impuesto la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios, en vigor desde este miércoles y hasta que remita el pico de contagios por virus respiratorios. Para ello, la ministra Mónica García ha recurrido a la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, debido a la negativa de gran parte de las autonomías a su aplicación.
A partir de este miércoles, cualquier ciudadano que acceda a un hospital o centro de salud deberá hacerlo con la mascarilla puesta. Esta medida entra en vigor en la tarde de este miércoles, después de que la ministra de Sanidad haya enviado una orden notificada a las comunidades que aún no habían decretado esa obligatoriedad.
En este sentido, cabe recordar que las mascarillas eran ya obligatorias para acceder a centros sanitarios en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, Aragón, Asturias y Canarias. Por tanto, esta medida afecta al resto de regiones que aún no la habían aplicado, entre ellas Castilla y León.
No obstante, en aquellas autonomías que lleven dos semanas con descenso de contagios, la obligación podrá ser recomendación. Así lo ha explicado García, quien ha aclarado que, “la obligación es en centros de salud y hospitales. El resto son recomendaciones en centros sociosanitarios, farmacias y, por supuesto, en establecimientos privados”.
Además, la ministra ha defendido que la “responsabilidad” del departamento que dirige es la de “ayudar a coordinar y dar un aval jurídico a todas las comunidades autónomas”. García, quien ha asegurado que la medida responde a la “necesidad de abordar un problema” y de adaptarlo “a las necesidades epidemiológicas de las comunidades”, ha aclarado que, la obligación “podrá ser recomendación” en las comunidades que registren descensos en los contagios durante dos semanas consecutivas.
El pasado lunes, Sanidad llevó al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la propuesta de hacer obligatorio el uso de mascarillas en los centros sanitarios. Sin embargo, ante el rechazo de gran parte de las comunidades, el Ministerio se ha visto obligado a recurrir al artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del SNS, que permite obligar a las autonomías a adoptar medidas dictadas por el Gobierno en momentos de “urgente necesidad”.
