El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 lanzará, a partir de abril, un programa de “tarjetas monedero” dotado con 100 millones de euros cuyo fin es ayudar a núcleos familiares en situación de “vulnerabilidad extrema” con hijos a cargo en la compra de alimentos y del que se beneficiarán casi 70.000 familias a través de Cruz Roja Española.
Servimedia / ICAL.- Así lo confirmaron fuentes del departamento de Pablo Bustinduy, que precisaron que el Consejo de Ministros aprobó en su reunión de este martes, a propuesta del Ministerio, el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención a dicha entidad social para la puesta en marcha durante este año del programa del Fondo Social Europeo Plus de asistencia material básica (Programa Básico), en el que se enmarcan estas ayudas, que mantienen la cantidad presupuestada para el periodo anterior.
Según las mismas fuentes, el programa persigue “facilitar” a dichas familias unas tarjetas o vales canjeables por productos de alimentación u otros productos básicos de primera necesidad y el importe máximo de la subvención es de 100.236.573,50 euros.
De ellos, 95,5 millones se destinarán a los gastos en la adquisición de alimentos y resto de productos básicos y 4,7 millones, a los gastos técnicos para la implantación del programa, de ámbito nacional.
Por lo que respecta al importe máximo que podrá recibir cada familia, este será determinado por parte de los servicios sociales autonómicos en función de una escala, de modo que una unidad familiar de dos miembros, que incluya una persona adulta y una persona menor, percibirá 130 euros al mes.
Si la unidad familiar tiene tres miembros, recibirá 160 euros mensuales; si es de cuatro miembros, 190 euros al mes y si cuenta con cinco o más miembros, la cuantía ascenderá a 220 euros mensuales.
Concesión directa
Este real decreto regula la concesión “directa, con carácter excepcional y por razones humanitarias” de dicha subvención a Cruz Roja Española para poner en marcha desde abril hasta el 31 de diciembre el programa del Fondo Social Europeo Plus de asistencia material básica para familias con niños, niñas o adolescentes a cargo que se encuentren «en situación de privación material severa o condiciones extremas de vulnerabilidad», aprobado por la Comisión Europea.
Por lo que se refiere a la elección de Cruz Roja Española para la concesión de esta subvención, las mismas fuentes subrayaron que se trata de una entidad con implantación territorial y “experiencia suficiente” para poner en marcha este programa en toda España a partir de abril, fecha en la que, recordaron, “finaliza” el reparto de alimentos del anterior Programa del Fondo de Ayuda Europeo para los Más Necesitados (FEAD), dentro del marco financiero del Fondo Social Europeo anterior.
En este sentido, defendieron que lo “primordial” es que las familias que se ven beneficiadas por este tipo de ayudas “no dejen de recibirlas en ningún momento”, así como que se “garantice” la “igualdad de acceso” de las personas que lo necesiten y que se “asegure” que el servicio se presta con “todos los requisitos que exige la normativa europea”, además de “normalizar y dignificar al máximo la cobertura de esas necesidades básicas y esa compra de alimentos” y que las familias tengan “capacidad de decidir” sobre dicha compra.
El gabinete de Bustinduy juzga “necesario” conceder esta subvención “de forma directa con carácter transitorio y excepcional, por razones humanitarias”, ya que a partir del 1 de enero de 2025 serán las comunidades autónomas las “responsables” de la gestión del programa, por lo que, para entonces, según avanzaron las mismas fuentes ministeriales, tienen que tener ya “implementados sus propios sistemas”.
Asimismo, explicaron que es “importante” que el programa esté operativo en abril porque la última compra de alimentos a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), que se distribuían a través de Cruz Roja y Fesbal, que, a su vez, los hacían llegar a las organizaciones de reparto, se hizo en octubre de 2023 y esa compra da cobertura hasta esa fecha.
A este respecto, puntualizaron que, debido a algunos “retrasos y dificultades técnicas y de gestión” derivados del cambio de modelo, había “riesgo” de que, a partir de ese mes “no hubiera esa entrega de alimentos” por problemas en la “transición”, por lo que, ya en la pasada legislatura, el Gobierno empezó a trabajar en una “solución transitoria y excepcional” que cuenta con el “acuerdo unánime” de las comunidades autónomas.
En este punto, señalaron que otro de sus objetivos “principales” es “evitar” que se produzca una “discontinuidad” en la cobertura así como “dar más tiempo” a las autonomías para que implementen sus propios sistemas de gestión.
Por último, hicieron hincapié en que, dado que estas ayudas proceden de un fondo estatal, las comunidades autónomas “tienen disponible el tres por ciento de su programa operativo regional” para mejorar sus políticas sociales en función de sus necesidades.
