La estrategia fake de nuestra derecha, la manipulación del lenguaje, la banalización de los términos, la hipérbole cínica, aconseja plantearse de vez en cuando preguntas serias, una manera laica, escéptica, e ilustrada de combatir ese despliegue ultra inspirado por la telebasura y el apóstol de la barbarie, Donald Trump.
Y una de esas preguntas pertinentes sería ¿qué es terrorismo?
Lo extraño es que un país como el nuestro, dados los antecedentes, tenga que interrogarse sobre ese concepto ante la manipulación que avanza.
Lo que pasa es que esa manipulación, al desdibujar los límites del concepto, lejos de conseguir sus objetivos partidistas, puede dar a luz nuevas perspectivas sobre el concepto «terrorismo» que no gusten demasiado a los promotores de la manipulación. Y no me refiero solo a la oportunidad de preguntarse si las cloacas policiales del gobierno de Rajoy pueden considerarse un caso de terrorismo (de hecho la querella de PODEMOS contra esas cloacas del gobierno Rajoy, califica a ese entramado persecutorio de «organización criminal», que parece el epíteto que mejor le cuadra), sino a los interrogantes que se hace David Trueba en un artículo reciente para El País titulado «Telón Delon» y que comienza así:
«Ahora que hay jueces emperrados en buscar delitos de terrorismo allá donde toca para interferir en la agenda política, supongo que a nadie le habrá pasado desapercibida la noticia de que un hombre murió en las urgencias de un centro sanitario de Madrid que funcionaba sin médicos asignados. La desvalorización de la sanidad pública es una acción que algunos podrían considerar terrorista si se trata de contar muertos y no de contar cuentos».
Y es que efectivamente, a la hora de dilucidar qué es «terrorismo», convendría preguntarse cuánto terrorismo hay en los muertos por los recortes (neoliberales) de los servicios públicos, ya antes de la pandemia, durante, y después. Porque desde luego, escarmentados no hemos salido de esa prueba de fuego que trajo consigo cientos de miles de muertos, determinados en su número no solo por la agresividad de un virus nuevo, sino por los recortes previos en los instrumentos sanitarios públicos con los que se podía haberle hecho frente de manera más eficaz.
Voy a contarles una anécdota castellano-manchega.
Cuando en esta Comunidad gobernó el PP de Dolores de Cospedal, el consejero de sanidad, Echániz, pretendió, como medida de «ahorro» y recorte (siempre orientados estos recortes a interpretar la sanidad de todos como una oportunidad para el lucro privado), cerrar los PAC, que son los puntos de atención continuada y de urgencias de que dispone nuestra atención primaria. Parecidos a esos puntos de asistencia urgente de los que el gobierno de Díaz Ayuso ha quitado los médicos, con el resultado que ahora vemos.
Pues bien, en Castilla-La Mancha, un ayuntamiento y su alcalde (sin duda más cercanos a la ciudadanía que a las estrategias del lucro) interpusieron una demanda contra esa medida de cierre de los PAC, en cuanto que consideraban que ese cierre ponía en grave riesgo la vida de los ciudadanos.
También los propios ciudadanos pusieron en marcha manifestaciones y protestas masivas en toda la Comunidad contra el cierre, plenamente conscientes de lo que suponía para su seguridad.
Aquí y en esta ocasión, los jueces interpretaron que efectivamente esa medida de cierre (tan parecida a la que ha ejecutado Díaz Ayuso en Madrid) ponía en grave riesgo la vida de los pacientes, dieron la razón a los demandantes y a los ciudadanos, y al final paralizaron ese cierre inspirado por el extremismo neoliberal.
Los PAC siguieron abiertos y el PP perdió las siguientes elecciones a la Comunidad.
