El fiscal del caso que investiga el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso ha solicitado para el expresidente de la RFEF una pena de dos años y medio de cárcel. De ellos, un año se corresponde al delito de agresión sexual por el beso en cuestión, mientras que el año y medio restante se debe al delito de coacciones. Por este último delito también pide la misma pena para el director deportivo de la federación, Albert Luque, el exseleccionador Jorge Vilda y el director de marketing Rubén Rivera.
En su escrito de acusación, el fiscal del caso por el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, ha pedido un año de prisión para el expresidente por el delito de agresión sexual por el propio beso, así como un año y medio más por el delito de coacciones. Asimismo, solicita también un año y medio de prisión para Albert Luque, Jorge Vilda y Rubén Rivera, también por coacciones.
Junto a ello, ha pedido para todos ellos la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 200 metros de Hermoso durante siete años y medio en el caso de Rubiales y durante cuatro años para los otros tres procesados. De la misma manera, solicita que se inhabilite a los cuatro para trabajar en el ámbito deportivo durante el tiempo que dure la condena. En este sentido, cabe recordar que, pese a que Rubiales y Vilda ya no forman parte de la federación, Luque y Rivera aún mantienen sus cargos.
Los hechos se produjeron a raíz de la victoria de la Selección española en el Mundial femenino, el pasado mes de agosto. Tras la final, el entonces presidente de la RFEF, Luis Rubiales, dio un beso no consentido a la jugadora Jennifer Hermoso. Ante el revuelo generado, desde el entorno del granadino “comenzaron a ejercer actos constantes y reiterados de presión directamente sobre la jugadora”, “con la finalidad de que, públicamente, justificara y aprobara el beso”, recoge el escrito del fiscal.
Desde la propia Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han emitido un comunicado este miércoles dejando claro que encargarán una auditoría forense mediante la cual tratarán de depurar todas las responsabilidades que puedan derivarse ante las conductas y decisiones irregulares.
