Señalaba la semana pasada en esta misma columna que la muerte es una de las pocas certezas de nuestra vida. La manera personal de afrontarla es objeto de un debate social condicionado por planteamientos religiosos, morales o ideológicos. El “bien morir” es un concepto muy amplio que se refiere a proporcionar al paciente un final de vida digno, respetando su autonomía, deseos y necesidades, al mismo tiempo que se le alivia el sufrimiento. El debate surge cuando se trata de concretar que significa bien morir, si engloba los cuidados paliativos y la propia eutanasia, si es o no un derecho y, en este caso, su formulación legal concreta.
La dignidad humana es el fundamento de este derecho: vivir con dignidad implica también la posibilidad de morir con dignidad evitando el sufrimiento insoportable físico o emocional. Este derecho es una alternativa que permite a los individuos tomar decisiones informadas sobre su enfermedad y muerte de forma consecuente, y que en las enfermedades crónicas debería formar parte de una “Planificación Anticipada de Cuidados”, aunque en numerosos casos las solicitudes no serán planificadas sino sobrevenidas a tenor de la evolución clínica. Un aspecto crucial es el respeto a la autonomía personal: cada individuo tiene derecho a tomar decisiones sobre el final de su vida, decisiones profundamente personales e influenciadas por sus creencias, valores y las circunstancias únicas, propias e irrepetibles de su vida.
En términos éticos el derecho a bien morir se basa en los principios de beneficencia y no maleficencia: hacer el bien y no causar daño. Obligar a alguien a vivir en un estado de sufrimiento insoportable es una forma de daño, permitir a una persona en esa situación poner fin a su vida de manera digna y controlada es un acto de beneficencia y respeto.
El debate social debe ser sereno, respetuoso, basado en ideas y en la experiencia previa de otros países. Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, donde la eutanasia es legal desde hace años, muestran que con una regulación adecuada de este derecho no se producen abusos y únicamente quienes realmente desean y necesitan esta opción acceden a ella. Contemplar legalmente el derecho a bien morir no implica abrir la puerta a una pendiente resbaladiza donde la vida humana se devalúa.
España aprobó la Ley Orgánica 3/2021 de Regulación de la Eutanasia (LORE) en marzo de 2021. Esta legislación representa no solo un avance legal, sino también un reconocimiento profundo de la autonomía y dignidad del individuo y permite a las personas con enfermedades graves e incurables, o padecimientos crónicos y limitantes que les causen un sufrimiento insoportable, solicitar ayuda médica para morir. En un país donde la vida y la muerte están imbuidas de fuertes connotaciones religiosas y culturales la aceptación del derecho a bien morir significa un avance social, ético y moral.
La ley tiene un enfoque garantista con una regulación estricta y mecanismos de control. Para acceder a la eutanasia los pacientes deben cumplir una serie de requisitos y seguir un protocolo riguroso que incluye la evaluación médica y de un comité de evaluación y control. La implementación de esta ley en Castilla y León se ha acompañado de la creación en julio de 2021 de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia, un órgano multidisciplinar que verifica el cumplimiento de los requisitos legales necesarios para proceder con la eutanasia. Este proceso garantiza que la decisión de poner fin a la vida se tome de manera informada, voluntaria y con todas las garantías legales, evitando así posibles abusos y protegiendo a los más vulnerables.
A los dos años de entrada en vigor de la LORE se habían registrado en España 1.000 peticiones de ayuda para morir y realizado 370 eutanasias. En Castilla y León fueron 29 solicitudes y 11 eutanasias significando 0.32 fallecimientos por cada 1.000 fallecimientos por otras causas. Un tercio de los procedimientos que se solicitan llega a buen fin, un tercio se rechaza por la comisión correspondiente y un tercio fallece durante la tramitación del proceso. La asociación Derecho a Morir Dignamente considera que el funcionamiento es mejorable y pide que se acorten los plazos y las diferencias territoriales en la aplicación de la Ley.
La aprobación de esta ley fue posible por el cambio en la percepción social sobre el fin de la vida. El debate ha estado influenciado por fuertes creencias religiosas y morales que priorizaban la preservación de la vida a toda costa. Un creciente movimiento social a favor de los derechos y la dignidad ha facilitado que se reconsideren estas posturas. Hoy una mayoría significativa de la población (el 87% según una encuesta de Metroscopia de 2019) apoya el derecho a morir dignamente, reconociendo que prolongar la vida artificialmente puede ser una forma de prolongar el sufrimiento. Es indudable que más allá del reconocimiento legal de este derecho existen discrepancias políticas que condicionan su implementación real. Se trata de enfoques éticos y morales diferentes sobre la autonomía personal y los derechos individuales, sobre el límite de los cuidados paliativos y sobre el impacto social y legal de la eutanasia.
Desde la óptica de la derecha española, tradicionalmente vinculada a valores conservadores de fundamentos cristianos, este debate no es solo una cuestión de libertad individual, sino que también se entrelaza con principios éticos, religiosos y sociales. La vida humana, según esta visión, es un bien supremo que debe ser protegido desde su concepción hasta su muerte natural y la defensa del derecho a bien morir no debería implicar la legalización de la eutanasia, sino una apuesta decidida por los cuidados paliativos y el acompañamiento integral de los pacientes terminales. En este sentido, la promoción de los cuidados paliativos se percibe como la verdadera defensa de una muerte digna, en la que la compasión y el respeto por la vida prevalezcan sobre la opción de la muerte asistida. El Tribunal Constitucional rechazó en septiembre de 2023 el recurso del PP contra la LORE basándose en que “no hay obligación de mantenerse con vida» y limitó la objeción de conciencia exclusivamente a los profesionales sanitarios frente a la petición del PP de extenderla a las personas jurídicas.
Desde la perspectiva de la izquierda este tema no solo es una cuestión de libertad sino también de justicia social, dignidad y compasión y aboga por la autodeterminación del individuo en todos los aspectos de su vida, incluyendo el final de la misma. El derecho a bien morir se considera una extensión lógica de los derechos humanos básicos, que incluyen el poder tomar decisiones sobre el propio cuerpo y la propia vida sin la imposición de dogmas externos, sean estos religiosos o morales. La legalización de la eutanasia no es una mera cuestión de conveniencia, sino un acto de reconocimiento y respeto hacia la autonomía personal y la posibilidad de elegir una muerte digna que no puede depender del nivel socioeconómico de la persona. Esta legislación protege a los más vulnerables, ofreciéndoles una opción segura y regulada y garantizando que su deseo de poner fin a su vida sea respetado en un marco de cuidados y apoyo profesional, con un enfoque basado en los cuidados paliativos y el apoyo integral a estos pacientes. La eutanasia no es vista como un sustituto de estos cuidados, sino como una opción más dentro de un espectro de posibilidades para garantizar la dignidad hasta el final de la vida.
Estas diferencias no reflejan solo enfoques políticos distintos sino también concepciones profundas diferentes sobre la vida, la autonomía y la dignidad humana.
En Castilla y León los cuidados paliativos se rigen por el Plan de Cuidados Paliativos 2017-2020, que se redactó hace siete años y lleva cuatro caducado. Estos cuidados no necesariamente implican estar al final de la vida, pueden iniciarse en cualquier etapa de la enfermedad y se centran en aliviar el sufrimiento sin acelerar la muerte. Es fundamental que el sistema sanitario público ofrezca recursos adecuados para que todos los pacientes en esta situación reciban el mejor cuidado posible que mejore su calidad de vida y la de sus familias, incluyendo apoyo psicológico y emocional. Esta planificación de cuidados por la medicina pública se debería potenciar y es un criterio de calidad de la misma.
Aunque cuidados paliativos y eutanasia no son lo mismo, asegurar que todas las personas que los necesiten tengan acceso a cuidados paliativos de calidad es esencial para que la elección por el paciente de poner fin a su vida de forma anticipada, conforme a la LORE, se realice de forma voluntaria, consciente e informada en un contexto de opciones adecuadas, libre de presiones externas, en un plazo razonable que no prolongue el sufrimiento y ejerciendo un derecho personal inalienable.
Miguel Barrueco, médico y profesor universitario
@BarruecoMiguel.
5 comentarios en «El derecho a “Bien Morir”»
Bueno según mi punto de vista creo que no necesito tanto la medicina para bien morir si no para bien vivir para el tiempo que viva que me puedan tener sin dolores en realidad el morir pueden ser unos minutos y solamente se muere una vez sin embargo los días de vida pueden ser muchos y es para lo que necesito los médicos que te puedan mantener sin dolores y desde luego no creo que un equipo de sociólogos psiquiatras o médicos me tengan que decir cuando puedo morir o no con quién hablas
nadie te va a decir cuándo ni cómo tienes que morir. La decisión es tuya: si quieres adelantar el momento para evitar un sufrimiento inútil para tí y tu familia, también puedes hacerlo en determinadas condiciones que puedes dejar escritas en el testamento vital. El problema es el contrario, que teniendo ese derecho a bien morir, con frecuencia no se aplica.
Hay una asociación que te puede explicar muy bien todo esto. Se llama Derecho a Morir Dignamente. informacion@derechoamorir.org – 91 369 17 46 y 613110909 (Castilla y León)
El artículo de Miguel Barrueco lo explica muy bien. Si tienes dudas, ponte en contacto con la asociación Derecho a Morir Dignamente. informacion@derechoamorir.org – 91 369 17 46 y 613110909 (Castilla y León)
Estoy totalmente de acuerdo con Miguel. La eutanasia correctamente llevada a cabo es justicia social. Aunque no es fácil tomar la decisión porque a pesar del sufrimiento y la falta de perspectivas de mejora el hombre se aferra a la vida.